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Diputados aprueban ley que establece cargador universal para celulares Tendencias

Diputados aprueban ley que establece cargador universal para celulares

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Si bien el formato estándar que se adoptará no está definido, el USB-C (que es reversible y se puede conectar en cualquier dirección) suena como el candidato predilecto. Además, la ley prohíbe la venta atada de dispositivos y cargadores, permitiendo a consumidores comprarlos por separado.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Cámara de Diputados aprobó una ley que obliga a proveedores a utilizar un cargador universal para dispositivos electrónicos, como celulares y tablets, con el fin de reducir residuos electrónicos y facilitar la compatibilidad de cargadores. El USB-C es el formato más probable a adoptar. Además, se prohíbe la venta conjunta de dispositivos y cargadores, permitiendo a los consumidores comprarlos por separado. La normativa entrará en vigor en dos años para celulares y en cuatro años para otros dispositivos. Las empresas que no cumplan enfrentan multas significativas.
Desarrollado por El Mostrador

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó esta tarde una nueva ley que establece la obligatoriedad de un cargador universal y estándar para diversos dispositivos electrónicos como celulares, tablets y consolas portátiles. Esta iniciativa obliga a los proveedores a garantizar la “interoperabilidad” entre diferentes equipos.

Además, la ley prohíbe la venta atada de dispositivos y cargadores, permitiendo a los consumidores la opción de adquirirlos por separado. Las empresas estarán obligadas a asegurar que tanto los equipos como los cargadores sean compatibles mediante una interfaz y protocolo de comunicación estándar, e informar claramente si el artefacto incluye o no el cargador.

La normativa entrará en vigencia dos años después de su publicación en el Diario Oficial para los celulares, y cuatro años para el resto de dispositivos móviles. Aunque no se ha especificado el formato estándar, el USB-C (conector de 24 pines y de carácter reversible) se perfila como la opción más probable.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) apoyó esta iniciativa, destacando que contribuirá a un consumo más sustentable al reducir la producción de residuos electrónicos. Las empresas que incumplan la normativa se enfrentarán a multas de hasta 300 UTM, equivalentes a unos $20 millones. El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, señaló que “es un avance hacia un consumo más sustentable, pues permitirá a los consumidores optar por no adquirir nuevos dispositivos de carga, lo que contribuirá a disminuir la producción de residuos electrónicos”

Por su parte, el diputado Cristóbal Martínez (UDI) ―uno de los impulsores del proyecto― afirmó que entre los propósitos de la medida está el cuidado medioambiental, ya que la medida ayudará a reducir “los desechos que generan estos aparatos”. A esto sumó el “poder facilitar la vida a todos los chilenos. Más de alguno le ha pasado que el cargador del compañero de banco de trabajo no funciona o que abrimos el cajón y aparece más cables”.

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