Castro y reforma a la salud: “En este Gobierno debiera consolidarse el fin de las preexistencias”

Este lunes el Comité de Expertos convocado para trabajar en los principales ejes de cara a una reforma integral al sistema de salud, presentó su primer informe a la comisión de Salud del Senado, instancia a la que también asistió la ministra de la cartera, Ximena Aguilera. Debate que debería verse materializado con el envío por parte del Ejecutivo de un primer paquete de proyectos de ley el próximo 1 de octubre. 

El trabajo presentado por el organismo técnico, abordó la creación de Plan Universal de Beneficios, cambios a la gobernanza de Fonasa, la eliminación de preexistencias en el sistema de isapres, cambios en la operación y financiamiento en una lógica de seguridad social, entre otros temas. 

En conversación con El Mostrador, el senador PS e integrante de la comisión, Juan Luis Castro, explicó que el informe es el piso de definiciones para recibir el primer grupo de proyectos de ley del Gobierno. “Y esto va a tratar sobre el fin de las declaraciones de preexistencia y discriminación de las isapres, eventuales mecanismos de compensación de riesgo, fijar un plan universal de salud. Y por otro lado, fortalecer Fonasa en su dimensión de control de prestadores y gobernanza”. 

Lo anterior, junto a la aplicación de la ley corta y las nuevas definiciones de seguridad social, serían los temas que -según afirma Castro- alcanzarían a ser despachados en lo que resta de administración del Presidente Boric. “Para un segundo momento, probablemente que trascienda el actual Gobierno, va a ser todo el debate del nuevo régimen de incapacidad laboral y de licencias médicas”, señaló.

-¿Cuáles son sus primeras impresiones del informe?
-Hay tres ejes de esos cinco que son bastante importantes. El primero se refiere a que se entiende que Fonasa debe ser una estructura colegiada y no unipersonal, que debe tener facultades mucho más amplias para controlar a los prestadores. O sea, no solo puede ser un pagador ciego, tanto al sistema de salud, como a las distintas entidades sin tener control de cuentas o recuento de resultados. Y para eso Fonasa requiere controlar a los prestadores con los cuales hace convenios, sean públicos o privados.

Segundo, valoro la propuesta de sustituir la Subsecretaría de Redes Asistenciales por una dirección general de salud. Una suerte de gerencia general de todo el sistema hospitalario, de todo el sistema de prestación pública, que permita dar autonomía para que el Ministerio de Salud se dedique a la labor rectora, a la labor de control y fiscalización del sistema, pero no a operar el sistema. La operación del sistema debe estar en manos de una dirección que dependa del Ministerio, pero que tenga facultades amplias para gestionar, articular y hacer que la red funcione. Hoy día el Ministerio de Salud hace lo que puede, pero no logra controlar la red de hospitales, ni los servicios de salud.

Y la tercera propuesta que destaco, es la que tiene que ver con el sistema de isapres, en cuanto a ratificar el fin de las declaraciones de preexistencias y discriminaciones por edad, por sexo y por enfermedad, que es el principio que va a ingresar este mes al Congreso, a través de un proyecto de ley del Ejecutivo, y que tendrá que tener definiciones hacia el futuro próximo de cómo eso se articula con la nueva ley corta, respecto a los precios de los planes. Obviamente en octubre recién van a estar terminados esos planes de ajuste y precios, para que la gente sepa cómo quedó después de la ley y después de los fallos judiciales.

-¿Cómo evalúa la propuesta de este Plan Universal de Beneficios?
-Es una puesta en escena de lo que antes se llamó plan garantizado de salud o plan universal de salud. Me parece razonable que un chileno hoy día, sea de Fonasa o Isapre, tenga una canasta definida de prestaciones a las cuales va a tener acceso.

Lo peor que ha habido es que haya una suerte de plan general, que es el Fonasa, las isapres con miles de planes, y entre medio un vacío que es la gente que, sin tener acceso, porque son de los grupos más bajos de Fonasa, tienen que ir al Cesfam, al hospital a una lista de espera, porque nunca tuvieron derecho a elegir nada. O sea, ni saben que podría existir un plan de salud porque ellos tienen acceso a lo mínimo, porque no tienen capacidad de pago. Esa es la discriminación más profunda que ha habido en Chile. 

Entonces, tener un plan de salud universal o un plan universal de beneficios, como le denomina este grupo de expertos, me parece que es una piedra angular para colocar un mismo nivel de equidad en el acceso a un paquete de prestaciones muy amplio

para todos los chilenos. Y que eso no dependa de la capacidad de pago de un chileno u otro, sino que sea universal. Me parece que es un punto clave en una discusión que vaya hacia la seguridad social para todos y a partir de esa definición, colocar los distintos subtipos de grupo según las modalidades de acceso, de ingreso, la modalidad de Fonasa a la cual están inscritos, etc. 

-¿Qué otros elementos faltan a su juicio abordar y que el Gobierno debiera recoger?
-Hay dos elementos que hay que abordar en la comisión técnica. Uno, es una reforma más profunda al trabajo médico. Hoy día el trabajo médico en los hospitales se paga por jornada. Es un trabajo médico que ha propiciado mucha fuga de médicos al sector privado porque no es bien remunerado y tiene escasas horas de servicio. Y se producen distorsiones, como por ejemplo, que los médicos empiezan a tener la tentación de formar sociedades médicas dentro de los mismos hospitales para vender sus servicios al mismo empleador público en las prestaciones valoradas del Plan Auge. Y eso genera una distorsión seria porque hoy día se gastan 309 mil millones de pesos, o sea, casi la mitad del gasto de los servicios de salud, solo en pagos a prestaciones médicas.

Yo prefiero a los médicos trabajando jornada completa, mejor pagados, pero no haciendo esta dualidad de servicios públicos y privados en el mismo lugar, porque se presta para contradicciones, conflictos de interés, y situaciones que no están bien reguladas. Ese tema lo plantee para que lo profundice el comité de reforma, ya que me parece indispensable si queremos contar con más médicos en el sistema público. Tener una reforma al trabajo médico.

El segundo punto que no estaba presente, pero que ya es tarea del Gobierno, es la reforma al sistema de licencias médicas. Y ahí se nos ha comunicado que esa reforma va a entrar en enero al Congreso, junto con un paquete de mejoras para la Superintendencia de Salud.

La licencia médica constituye un sistema jamás reformado en Chile desde la década del 80. Constituye un umbral de gasto hoy día altísimo,  más de 6 de los 7 puntos de la cotización de salud se gastan en licencias médicas. Es un sistema que está bajo sospecha, porque es fácil conseguir una licencia médica, no hay fiscalización adecuada, hay mucho delito, mucho emisor de alto volumen, y hay un tráfico de licencias que está hoy día fuera del perímetro de control de la autoridad. Y eso significa una escalada de gastos insostenible. 

En el sector salud significa un ausentismo laboral como nunca antes habíamos visto, que llega casi a 45 días promedio en un funcionario de hospital al año de licencia médica. Una cosa inaudita. Entonces, tenemos un problema enorme y esa tarea ya es del Gobierno, porque tiene que ingresar en enero sus proyectos de ley sobre un cambio profundo de subsidio en capacidad laboral y licencia médica.

-¿Cómo continúa el trabajo de este comité de expertos y la tramitación legislativa? 
-Lo entregado por el comité es un primer documento que es la síntesis de los últimos tres meses, es el piso de definiciones esenciales para recibir el primer proyecto de ley del Gobierno, que debería ser de aquí al primero de octubre, queda muy poco. Y esto va a tratar sobre el fin de las declaraciones de preexistencia y discriminación de las isapres, eventuales mecanismos de compensación de riesgo, fijar un plan universal de salud. Y por otro lado, fortalecer el Fonasa en su dimensión de control de prestadores y gobernanza. Eso es lo que el Gobierno en el itinerario comprometió para el primero de octubre.

Entonces, el comité ahora queda a la espera de que ingresen esos proyectos, y se reactiva ahí para ir de inmediato alimentando la discusión legislativa, ingresados ya el 1 de octubre el primer paquete del Gobierno.

Y el segundo paquete de iniciativa legislativa va a ser en enero, sobre la superintendencia de salud y su gobernabilidad, nuevas facultades, el régimen de licencias médicas y subsidio de incapacidad laboral.

Por lo tanto, el comité sigue adelante. Esta fue la primera propuesta, la aproximación, más bien de los grandes temas, pero ahora va a continuar a requerimiento de la Comisión de Salud del Senado para los temas que, legislativamente, va a ir ingresando en estas dos tandas.

-¿Es una tramitación que va a trascender el año y medio que queda de Gobierno? ¿Cuáles son sus expectativas?
-Según el tamaño de la reforma, a mí me parece que el año y medio que queda de Gobierno debiera consolidarse muy bien el fin de las preexistencias y toda discriminación dentro del sistema de isapres, porque este ha sido el tema que más largamente nos ha convocado desde los fallos judiciales del año 2022. Y estamos hablando de 2,7 millones de personas. Eso debería quedar bien abrochado en lo que resta de este Gobierno, el tema de la aplicación de la ley corta y las nuevas definiciones de seguridad social. Ese es un objetivo para este período. 

Al igual que Fonasa, que también está en primer orden de prioridad, porque recuerden que Fonasa debuta el próximo año con una modalidad complementaria, derivada de la ley corta, para tener redes de prestadores y absorción de la lista de espera no Auge.

Para un segundo momento, probablemente que trascienda el actual Gobierno, va a ser todo el debate del nuevo régimen de incapacidad laboral y de licencias médicas. Discusión que tiene más aristas, que debe incorporar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad Social, es decir, más actores que tienen que hablar. Y por lo tanto, eso yo creo que puede demorar un poco más, pero que se inicie esa reforma me parece clave. Al igual que en un tiempo mediano corto, las facultades nuevas de la Superintendencia de Salud.

-Finalmente, ¿cómo ha visto la entrada en vigencia de esta primera parte de la ley corta de isapres? Se ha comentado bastante que falta información en los usuarios.
-Es cierto, porque el proyecto es engorroso y aquí van a ocurrir momentos distintos. Un primer momento es este, en que ya legalmente entra en vigencia la ley corta, se empiezan a aplicar los fallos de la Corte Suprema y sobre todo de la tabla única de factores. Pero los efectos finales se van a conocer a fines de octubre recién, porque estamos en plena etapa donde caso a caso se tiene que establecer un plan de ajuste de precios para cada cotizante de su grupo familiar. Porque esto incluye normalizar los que pagaban planes por debajo del 7%, incluye una ganancia extraordinaria de la prima del 10% para todos los casos, e incluye el inicio de las devoluciones, que van a durar hasta 13 años, de quienes ameritan una rebaja del precio del plan, porque a abril del 2020 les tocaba la nueva tabla de factores, por lo tanto, su precio era excesivo y tienen derecho a una devolución. 

Es decir, la mezcla de todos estos factores va a llevar a un precio neto final, que todavía los usuarios no lo conocen, porque está en proceso, entre el Consejo Consultivo, la Superintendencia -donde están ahora esos planes- y después queda otro periodo de tiempo entre el Consejo y la Superintendencia para las observaciones finales antes que lo conozca el público.