Su muerte –y sobre todo su vida ejemplar– reactiva el deber histórico del Estado de reconocer formalmente que, en 1973, la razón, la legalidad y el humanismo estuvieron del lado de los militares que se mantuvieron apegados a la Constitución.
El 19 de agosto falleció en Londres Jorge Silva Ortiz, el capitán de bandada de la FACh que entró en la historia en octubre de 1970, cuando denunció un intento de asesinato contra el entonces Presidente electo. Tres años más tarde, días después del golpe, salvó la vida a dos estudiantes y a dos sindicalistas, destinados al fusilamiento. Días después fue detenido, torturado y condenado por el consejo de guerra de la FACh junto a unos 80 colegas. Compartió prisión con los generales Bachelet, Poblete, el comandante Galaz y otros aviadores legalistas.
Años más tarde, en 1993, recuperó una proclama que ocho oficiales aéreos habían ocultado en el muro de la celda. En 2016 fue absuelto cuando la Corte Suprema, a requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anuló las 84 sentencias del consejo de guerra.
Corresponde lamentar su muerte, pero, sobre todo, celebrar su vida.
El capitán Jorge Silva había seguido cursos de contrainteligencia en Estados Unidos, incluyendo la Escuela de las Américas, y en el Estado Mayor chileno, hasta llegar a ser el segundo del Departamento de Contrainteligencia. Era además un paracaidista destacado: es él quien salta en un filme de promoción de la Fuerza Aérea.
El jueves 9 (o el viernes 10) de octubre de 1970 se inicia un episodio que lo lleva a definirse como un militar legalista, que restituimos en la Historia de la Unidad Popular (Vol. 2). El comandante en Jefe de la FACh, Carlos Guerraty, le ordena que vaya rápida y discretamente a la base aérea de Quintero, donde el coronel José Berdichewsky le informará del descubrimiento de una célula comunista. El capitán aterriza en el aeródromo de Rodelillo y se dirige a la casa del coronel en Quintero. Allí, hacia las 21:00 horas, Berdichewsky le habla de una tarjeta de identificación militar extraviada y aparecida en un avión. Nada contundente. Luego añade que el comandante Sergio Montero tiene más antecedentes. Se trata de un informante del Departamento de Inteligencia en retiro hace un año, a quien Silva no conoce, por compartimentación.
En vista de la urgencia, el capitán parte de inmediato a casa de Montero en avenida Libertad, en Viña. Llega pasada la medianoche, pero hay muchas luces encendidas. Sergio Montero lo recibe afablemente y lo hace pasar a su despacho. Le cuenta que están allí el comandante del regimiento Coraceros y el almirante Justiniano (aunque Silva no los ve), y que requieren su ayuda.
El jefe de contrainteligencia, Mario Jahn –afirma Sergio Montero–, le había dicho, antes de partir a un curso a Panamá, que podían contactar al capitán Silva para lo que fuera necesario. El Presidente electo Allende –continúa– viene a Valparaíso el próximo sábado 17 de octubre, y lo vamos a asesinar. Textual: “Lo vamos a asesinar”. Pero necesitamos armas cortas y personal de contrainteligencia para cubrir la retirada de los que van a operar (probablemente el exmayor Arturo Marshall que esos días proyectaba asesinar a Allende). Están informados el comandante en Jefe, Carlos Guerraty, el general Toro Mazote, el general Joaquín García y dos más. Por lo tanto, puede proporcionar la cooperación solicitada.
Jorge Silva, sorprendido, replica que está ahí para investigar una célula comunista. Montero responde: “Pero capitán, era la única forma de conseguir que viniera, eso ha sido un pretexto para conversar personalmente”. Silva retorna a Santiago y, cerca de las 5:00, redacta un informe donde figura lo dicho por Sergio Montero y los nombres que citó.
El problema es a quién presentarlo. El comandante en Jefe, Guerraty, lo había inducido a entrar en contacto con el grupo que planifica el asesinato. El departamento de Contrainteligencia sabe que el general Ruiz Danyau está en contacto con Allende y que será el próximo jefe de la Fuerza Aérea. Silva decide dirigirse a él. Va a su despacho en el Ministerio de Defensa y le informa del complot, esperando que ordene una investigación y que tome medidas para evitar el atentado. Pero Ruiz, delante de Silva, llama al general Guerraty, cuyo nombre figura en el informe, y le da toda la información.
Guerraty convoca al capitán a su oficina, lee el parte, y le pregunta qué opina. El capitán responde que es desatinado involucrar a la FACh en un acto tan grave y que se va a fracturar. Tranquilo, Guerraty le instruye que se vista de civil y vaya a Viña a conversar con Sergio Montero para decirle que no se hable más del asunto. En resumen, ni Guerraty ni Ruiz toman medidas para investigar. Al contrario, buscan sofocar el caso.
El capitán toma entonces una decisión crucial, pues sabe que si no denuncia el atentado en curso se convierte en cómplice: no irá a Viña e informará al propio Salvador Allende. Contacta a su secretario, Miguel Labarca, y le pide una entrevista con el futuro Presidente. Labarca lo recoge frente a la Universidad de Chile hacia las 11:00 y Silva narra lo acontecido. A las 16:00 van a La Moneda Chica (la Casa del Maestro, local utilizado por el futuro Gobierno), donde el capitán acude acompañado por su amigo el comandante Alamiro Castillo, porque quiere un testigo.
Esperan en un auto conducido por Labarca; Allende sale y se instala. Conversan mientras recorren Santiago, probablemente hasta el túnel Lo Prado, abierto tres semanas antes. El futuro Presidente escucha el relato y solo lo interrumpe para preguntar por qué César Ruiz no lo informó. Luego le pide autorización para denunciar el hecho.
El domingo 11, en el discurso de clausura del pleno del PS en el Teatro Caupolicán, Allende dice: “Un señor Montero, de Valparaíso, se fue de lengua. Dijo que el 17 me asesinarían. Iré el 17 a Valparaíso y si me pasa algo sepan que el pueblo sabrá abrirse paso por todos los caminos para derrotar a los conspiradores”. Recuerda que han ingresado al país 300 norteamericanos. Bienvenidos los turistas, artistas… pero malvenidos los que han venido a conspirar; “el puño del pueblo estará firme y caerá implacablemente contra ellos”.
Dos días después, Allende entrega a Investigaciones la identidad del exoficial de la FACh, Sergio Montero. El director Luis Jaspard informa que “el comandante Montero ha sido identificado”. Estaba vinculado con Marshall, quien será detenido poco después.
Poco después Silva recibe una carta de su superior Jahn, enviada desde Panamá, no por el correo de la FACh sino por valija diplomática, con instrucciones de ir a Viña a retirar una caja de municiones de guerra de la casa de Montero, entregada por el propio Jahn. Lo que lo involucra en el complot.
El coronel Mario Ernesto Jahn Barrera había introducido la “contrainteligencia” en la FACh, no orientada a contrarrestar espionajes extranjeros, sino a detectar al personal con ideas de izquierda, o incluso con algún familiar de izquierda.
Después de la elección presidencial había partido a Panamá, temeroso de que fuera descubierto el fichero de su departamento muy orientado políticamente. Silva sospecha vínculos entre Jahn y la CIA. Por segunda vez, el capitán resuelve no ir a Viña e informa nuevamente a Miguel Labarca. Este le pide la carta para mostrarla a Allende, quien ya es Presidente.
Cuando Jahn regresa a Chile, convoca a Silva a la Subsecretaría de Defensa para preguntarle dónde está la carta; Silva inventa que se la robaron de su caja fuerte. Jahn replica “no se la han robado; la tiene Allende”, y le informa que lo ha convocado al día siguiente.
Allende sabe que Jahn tiene ideas de corte fascista, que es compadre de Sergio Montero, a quien entregó la caja con municiones, y que es capaz de pasar al acto. Cuando lo tiene ante él, el Presidente enumera las conspiraciones de las últimas semanas y le explica que proyecta hacer un Gobierno que sea comprendido por las Fuerzas Armadas. No se sabe si le mostró la carta. Jahn minimiza, reconoce la entrega de la caja de municiones a su amigo Montero, pero no sabía para qué las quería y dice que ignoraba el proyecto de atentado. Se compromete a mantener, en adelante, una conducta intachable. No cumplirá.
Consigue salir ileso de la junta calificadora con el apoyo del general César Ruiz, y continúa su carrera. Será uno de los organizadores del golpe de 1973, torturador en la FACh, y luego aparecerá como subdirector y jefe de operaciones de la DINA, con un rol mayor en la Operación Cóndor y en los asesinatos en el extranjero. Mario Jahn solo será condenado en 2010, a 15 años, por su implicación en la desaparición de Ramón Martínez. Muere en 2013.
No hemos encontrado informaciones de alguna condena a Sergio Montero. Los implicados en el proyecto de asesinato se beneficiarán de la blandura de Investigaciones y de la justicia militar, del encubrimiento del general Ruiz y también de una cierta ingenuidad de Allende. La impunidad de Mario Jahn y sus cómplices, pese a su implicación evidente en un intento de asesinato, les permitirá continuar complotando.
Durante el Gobierno de la Unidad Popular, Jorge Silva se entera de la existencia del grupo de aviadores antigolpistas, en el que participan los capitanes Raúl Vergara y Alamiro Castillo y de otro vinculado al MIR. El MIR lo contacta, pero su respuesta es negativa: no mantendrá contactos con el movimiento.
Consumado el golpe, pide a su superior, el coronel Juan Soler, no salir a reprimir. Queda a cargo de la logística en la base El Bosque donde hay prisioneros hacinados en el hangar. Dos de ellos son muy jóvenes y pregunta ¿qué pasa con estos muchachos? El suboficial le responde que los sorprendieron portando un documento que llamaba a enfrentarse a la junta militar, por lo que serán fusilados esa noche.
Se trata de Fernando Villagrán y Felipe Agüero, dos militantes del MAPU que habían redactado Bandera Verde N° 1, una hoja que denuncia la ilegalidad de la junta, la traición de Pinochet y llama a la población a no dejarse avasallar por los militares sediciosos. El capitán Silva da orden de que los integren a un grupo de prisioneros que está partiendo al Estadio Nacional, salvándoles así la vida.
Horas después, Silva provee los vehículos para trasladar a los prisioneros de La Legua al Estadio. Ve con espanto cómo oficiales, suboficiales y alumnos de la Escuela de Especialidades los golpeaban con rabia, fracturando rostros, costillas, piernas y manos.
Sube a una camioneta donde van dos dirigentes sindicales cuyos pasaportes tenían visas para la Unión Soviética. El capitán Jorge Pantoja García y un oficial de reserva (Heindrich, de Patria y Libertad, que recibió el uniforme el día del golpe) le informan que estos debían quedar en la Panamericana, un eufemismo que designa el asesinato. Se ubican al lado de los prisioneros; Silva va adelante, junto al conductor. A la altura del paradero 28 de la Gran Avenida golpean el techo para recordarle que es momento de “desviarse”.
Silva permanece impasible. Ante la insistencia, se impone y da orden de que no haya “desvío”. Consigue que lleguen vivos al Estadio. Allí ve escenas atroces que estaban frescas en su memoria cuando lo conocimos en 2009. Mataban a quien querían, había cadáveres amontonados, y recuerda a un poblador asesinado de un tiro al bajar del bus “delante de unos seis oficiales, incluido yo”. Luego descubre que el jefe del estadio, el coronel Jorge Espinoza Ulloa, ha hecho colocar dos cadáveres en su vehículo exclamando: “De aquí no sale ningún vehículo vacío. Usted sabrá lo que hace”. Los deja debajo del puente Carlos Dittborn.
El capitán sabe que su situación es delicada, porque sus jefes no han olvidado la denuncia de 1970. Lo detienen el 9 de octubre. Lo torturan sus “compañeros de armas” Edgar Ceballos y Ramón Cáceres en la Academia de Guerra Aérea, igual que a los otros procesados por el consejo de guerra, a tal punto que, recuerda, “yo botaba sangre por todos lados”.
Los primeros días de marzo de 1974, ya en la cárcel, es parte de un grupo de ocho prisioneros de la celda 12, que decide resistir dejando un testimonio oculto en el muro:
“En esta celda estuvieron junto a otros, en esta cárcel, víctimas de la persecución fascista los siguientes oficiales de la FACh arrestados y torturados por la fiscalía de Aviación.
Delito: su espíritu revolucionario.
Aunque su destino sea incierto, su vocación es clara: luchar donde y como sea por el triunfo definitivo de la revolución socialista, único camino hacia la paz, justicia y progreso, y carne del cristianismo.
General Sergio Poblete Garcés, se le pide 5 años.
General Alberto Bachelet Martínez, se le pide 5 años.
Coronel Carlos Ominami Daza, se le pide 5 años.
Coronel Rolando Miranda Pinto, se le piden 10 años.
Comandante Ernesto Galaz Guzmán, se le pide pena de muerte.
Capitán Jorge Silva Ortiz, se le piden 20 años.
Capitán Patricio Carbacho Astorga, se le pide pena de muerte.
Capitán Raúl Vergara Meneses, se le pide pena de muerte.
¡Viva la clase obrera! ¡Viva su despertar! ¡Viva su triunfo final!”.
El general Alberto Bachelet muere días después. Jorge Silva estuvo a su lado y ha relatado prolijamente los detalles. Pasará tres años y medio encarcelado, seguidos del exilio en Inglaterra. En 1993 vuelve a Chile y consigue recuperar aquel documento poco antes de la demolición del recinto. Lo conserva el comandante Galaz y se hace público en 2006.
En 2002, decide no participar en la ceremonia de reintegración a la FACh de los condenados por el consejo de guerra. Explica a El Mostrador que “yo no estoy en la familia aérea, pese a que siento un gran aprecio por la FACh, por todas las nuevas promociones. (Pero) estimo que sustentar el hecho de que se están reuniendo todos los miembros de ayer y hoy, es injusto porque hay miembros del ayer que no creo deban permanecer mezclados con los miembros de hoy. Hago clara referencia a los oficiales que cometieron delitos, durante el período de la represión”. Estos no debieran ser parte de la familia aérea, concluye.
Poco antes, varios de los condenados por “traición a la patria” habían solicitado a la justicia chilena la anulación de la inicua sentencia. Sin embargo, en el 2002, la Corte Suprema se declara incompetente para tratar un recurso de revisión, con el discutible argumento de que su competencia para revisar sentencias se limita a los tribunales militares en tiempo de paz, pero como en 1975 Chile estaba “en guerra”… no podía.
En respuesta, un grupo de aviadores constitucionalistas introduce la causa caratulada “Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte condena al Estado chileno, en octubre de 2015, a poner a disposición de las víctimas “un mecanismo que sea efectivo y rápido para revisar y anular las sentencias”. Da un año de plazo. En octubre de 2016, la Corte Suprema, en fallo unánime, anula las sentencias dictadas por el Consejo de Guerra de la FACh. Así, el capitán Jorge Silva Ortiz y los 84 condenados quedan totalmente absueltos. No hubo “Plan Z”, ni menos traición a la patria. (Lo que no ocurre con los marinos constitucionalistas condenados aún por “sedición y motín”).
Los últimos años la salud del capitán legalista se deteriora. En enero de este año pierde a Nelsa Brogca, su compañera desde hace más de medio siglo. Deja dos hijos de un primer matrimonio y otros dos hijos con Nelsa, con quien vivió y superó los años negros. Le sobrevivió siete meses, hasta su partida el 19 de agosto de 2024. Tenía 86 años.
Su muerte –y sobre todo su vida ejemplar– reactiva el deber histórico del Estado de reconocer formalmente que, en 1973, la razón, la legalidad y el humanismo estuvieron del lado de los militares que se mantuvieron apegados a la Constitución.
Una gesta que debe ser destacada como ejemplar en las escuelas militares. Así lo solicitaron los marinos constitucionalistas a la ministra de Defensa.
Informaciones tomadas de:
“El testimonio de uno de los dos hombres que vio morir al general Bachelet”. Entrevistado por Mónica González, publicada en Ciper el 23/7/2012.
Villagrán, Fernando, 2002. Disparen a la bandada. Una crónica secreta de la FACh. Planeta.
Revista Araucaria de Chile, N° 1, 1978.
Testimonio de Pedro Alejandro Matta.
Magasich, Jorge. Historia de la Unidad Popular, Volumen 2, “De la elección a la asunción: los álgidos 60 días del 4 de septiembre al 3 de noviembre de 1970”, 2022, LOM.
