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“Espero que avancemos y que haya voluntad de la oposición para hacerse cargo de un tema que la ciudadanía está esperando”, señaló la diputada del FA, a propósito del proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado y crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
Para el próximo domingo 22 de septiembre estaba programado el anuncio del proyecto que pretende poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaurar un nuevo sistema de financiamiento para el acceso a la educación superior. Sin embargo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sinceró que la iniciativa finalmente no sería ingresada al Congreso antes de que finalice septiembre, como estaba presupuestado originalmente.
Desde el Gobierno han transmitido que el anuncio del proyecto debería materializarse con posterioridad al ingreso de la Ley de Presupuesto, sin confirmar una fecha exacta.
Lo cierto es que hace pocos días el titular de la cartera de Educación concluyó el trabajo prelegislativo, con el fin de allanar el camino para uno de los principales compromisos del programa del Presidente Gabriel Boric. El grueso de la iniciativa buscaría establecer condonaciones parciales del CAE centradas en los deudores de menores ingresos y en quienes han pagado regularmente, y una modernización del sistema de financiamiento a la educación superior que saca a la banca privada del negocio, lo que en régimen no involucraría mayores recursos para el fisco que los que ya destina, entre otros temas.
Para la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Emilia Schneider (FA), “hay una necesidad de reformar el sistema de financiamiento de la educación superior, porque el CAE implica un enorme gasto para el fisco, un tremendo abuso para las familias y un gran estrés financiero para las instituciones”.
En conversación con El Mostrador, la diputada del FA afirmó que al menos dentro de la alianza de Gobierno están todos alineados detrás del anuncio. “En ese sentido, espero que avancemos y que haya voluntad desde la oposición para hacerse cargo de un tema que la ciudadanía está esperando”, dijo.
–¿Cómo evalúa el trabajo prelegislativo que ha hecho el ministro Cataldo? Se ha dicho que hay un consenso transversal de que el modelo del CAE está agotado, ¿eso se podría traducir en una buena recepción del proyecto?
-El ministro Cataldo y el subsecretario Orellana han estado haciendo un trabajo prelegislativo importante, conversando con los diferentes actores políticos, pero también con los actores del mundo de la educación para construir un acuerdo en torno a una cuestión que es un consenso. Hay una necesidad de reformar el sistema de financiamiento de la educación superior, porque el CAE implica un enorme gasto para el fisco, genera un tremendo abuso para las familias y un gran estrés financiero para las instituciones de educación superior.
Entonces, espero que la tramitación se dé con voluntad de avanzar, con voluntad de darle una respuesta a cerca de 2 millones de personas que están endeudadas por alguno de los créditos por estudiar y que requieren una respuesta del Estado. Y porque lo más responsable también con las arcas fiscales es hacer esta reforma.
En ese sentido, espero una buena recepción y también espero que los diputados y diputadas de oposición, sobre todo de la derecha que han votado a favor de resoluciones en la Cámara solicitando al Gobierno políticas de estas características, cumplan con su palabra empeñada, voten en consecuencia con lo que votaron anteriormente y con las solicitudes que también han hecho en la Comisión de Educación. Porque precisamente ahí también se han pronunciado a favor, distintos sectores, por lo que espero que podamos avanzar con harta voluntad.
-¿Cuáles para usted van a ser los pilares fundamentales de este debate?
-Los detalles del proyecto le corresponde darlos a conocer al Gobierno y yo en ese sentido no voy a comentar trascendidos. Pero es fundamental que el proyecto contenga dos grandes pilares que ya los ministros han delineado de buena forma.
Por una parte, un plan de condonación, que les dé respuesta a todos los deudores y deudoras con criterios en función de su ingreso, con una mirada progresiva, gradual y justa, y que precisamente se haga cargo de los abusos que han vivido y les aliviane la mochila a quienes han tenido que soportar la pesada carga que son estos créditos por estudiar.
Y en segundo lugar, un nuevo mecanismo de financiamiento que reemplace a los créditos por estudiar, que saque a la banca que no tiene nada que ver con la educación, y que garantice el derecho a la educación.
-¿En qué radica la importancia de este proyecto para el Frente Amplio y qué tan probable es que logre ser despachado antes de que concluya la administración del Presidente Gabriel Boric? ¿Lo ve posible considerando el escenario electoral y las otras agendas legislativas que están en curso?
-Lo veo posible y sobre todo necesario. Es necesario porque el Estado gasta mucho por concepto de créditos por estudiar, porque para las instituciones de educación superior es una gran pérdida y un estrés financiero, y porque para las familias es un gran abuso. Entonces espero que haya voluntad de avanzar en esta tramitación.
Por cierto, esto es algo importante para el Frente Amplio, así lo hemos señalado, y es una demanda que hemos defendido desde que estábamos en el movimiento estudiantil, pero esto es mucho más grande. No podemos olvidar que tanto la expresidenta Bachelet, como el expresidente Piñera presentaron reformas al sistema de créditos, sin éxito. Ahora es el momento de darle una respuesta a la ciudadanía y de hacernos cargo de un tema que está pendiente hace tanto tiempo. Es una política pública que requiere reemplazarse y, en ese sentido, creo que hay un consenso transversal.
Al menos dentro de la alianza de Gobierno yo sé que estamos todos alineados detrás del anuncio que van a hacer el Presidente Boric y el ministro de Educación. Espero que avancemos y que haya voluntad desde la oposición para hacerse cargo de un tema que la ciudadanía está esperando.
Una de las cosas que llama la atención es la cantidad de proyectos e iniciativas que tendrá que revisar, aprobar y tramitar el Congreso luego de este largo fin de semana de Fiestas Patrias.
A partir del 23 de septiembre y el “nuevo impulso legislativo” que incluye el CAE, está el fast track de seguridad y la presentación de las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Para la diputada Scheider, “se puede caminar y mascar chicle, eso yo lo creo firmemente. No olvidemos que este ha sido el Gobierno que más proyectos de ley ha sacado adelante en materia de seguridad y ha puesto un presupuesto histórico”.
Apunta, entre otras cosas, a que se han “hecho cargo de las urgencias económicas de las familias, estabilizando la situación del país”. Asegura que “se puede hacer una gestión responsable de Gobierno y al mismo tiempo hacer cambios importantes”, y pone como ejemplos “el alza histórica del sueldo mínimo, con las 40 horas, con el royalty minero, con el copago cero. Creo que podemos avanzar en las urgencias de la ciudadanía y en cambios de fondo que son importantes”.
“Yo creo que la situación de los créditos por estudiar es urgente para, insisto, cerca de 2 millones de personas y sus familias que tienen que soportar estos abusos, y también para las y los estudiantes del futuro que requieren certeza y un mecanismo de financiamiento que garantice su derecho a la educación superior”, señala en esta entrevista. Pero también aclara que el trabajo deberá ser “junto a las fuerzas oficialistas y la Democracia Cristiana”.
-Finalmente, ¿cuál es su lectura sobre las acusaciones constitucionales que se van a presentar a partir de la próxima semana? La presidenta de su partido, Constanza Martínez, señaló que la AC contra Ángela Vivanco sería ingresada independientemente de si es removida o no como ministra de la Corte Suprema.
-Efectivamente, nosotros nos encontramos trabajando junto a las fuerzas oficialistas y la Democracia Cristiana en la acusación constitucional contra la ministra Vivanco, que nos parece muy importante porque la ciudadanía ve con indignación cómo se dan estos casos de tráfico de influencias y de corrupción que afectan al Poder Judicial y que, en definitiva, afectan el derecho de las personas a un debido proceso.
En este sentido, creo que es una responsabilidad presentar estas acusaciones constitucionales. Por cierto, vamos a analizar en su mérito cada evidencia, cada argumento que haya para acusar a otros ministros de la Corte Suprema, vamos a estar disponibles a ello, pero se tiene que analizar con mucha responsabilidad y así es como lo estamos haciendo como Frente Amplio.
