Un contrato a suma alzada, sin cumplimiento de horarios y pagado en UF, habría percibido Marcela Cubillos en la Subtel el 2010, una vez que cumplió su periodo como diputada. Un contrato similar, en el mismo periodo, habría obtenido la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
La revelación del sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián por su labor docente, ha generado una serie de cuestionamientos no sólo en torno al alto costo de su remuneración, revelada en una anterior edición del newsletter El Mostrador Semanal, si no también por la ausencia de grados académicos que posee y el pago de su sueldo estando incluso fuera del país (17 millones).
Apelando a que la casa de estudios era una institución privada, pese a recibir dinero proveniente de recursos estatales –45,5% de sus ingresos en 2023–, Cubillos salió a defenderse argumentando que recibía “un muy buen sueldo”, percibido desde el año 2020, antes incluso de que participara como miembro remunerada de la primera Convención Constitucional.
De ahí en más, las suspicacias han arreciado desde distintos ámbitos. Hoy la exministra de Medioambiente y Educación del segundo gobierno de Piñera, está siendo investigada penalmente por la Fiscalía Nacional, quien busca esclarecer si los pagos realizados responden a posibles delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política o contratos simulados.
Además, la Cámara de Diputados anunció una comisión investigadora y la Superintendencia de Educación ofició a la Universidad San Sebastián para que entregue, en el plazo de cinco días, un detalle de las actividades docentes de Cubillos en la casa de estudios, cuya junta directiva era presidida hasta hace algunos días por Andrés Chadwick, cuestionado por su aparición en los chats de su amigo y exsocio Luis Hermosilla.
La vista periscópica, en el fondo, apunta a Cubillos. No sólo respecto a sus ingresos percibidos en la USS, reservorio de exfuncionarios de ambos gobiernos de Piñera –una suerte de incubadora temporal que incluye a la propia exministra de Educación–, sino también a las labores ejecutadas en otros ámbitos laborales ligados a la esfera pública.
El Mostrador tuvo acceso a un contrato de Marcela Cubillos, poco después de finalizar su segundo periodo como diputada, con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, durante el primer gobierno de Piñera, bajo la administración del economista y exembajador de Chile en la OCDE, Felipe Morandé.
Se trata de un contrato a honorarios a suma alzada que forma parte del presupuesto de la cartera durante el año 2010 y que demostraría la misma dinámica que en la actualidad es usada en la Universidad San Sebastián, una especie de puerta giratoria donde las exautoridades se van acomodando en funciones en distintos organismos, tanto públicos como privados, de acuerdo a la rotación que experimentan sus carreras políticas.
Ese mismo año, además, también fue contratada por la misma subsecretaría la hoy suspendida ministra del Corte Suprema Ángela Vivanco. A diferencia de todos los trabajadores del organismo, ambas consiguieron contratos pagados en UF.
Un contrato a suma alzada es, por regla general, un convenio de prestación de servicios por “labores no habituales”. En este caso, según especifica el documento, se trataría de una “asesoría de coordinación legislativa” para la tramitación de proyectos de ley en el Congreso y también sobre materias que involucraban directamente a la cartera de transportes.
Pese a no existir luces del contrato, salvo el borrador al cual este medio accedió y que no incluye la remuneración de la exdiputada, Felipe Morandé ratificó que efectivamente se habría firmado y que la prestación fue a cambio de informes relevantes respecto a leyes que en ese momento se tramitaban en el congreso.
“La contraté como enlace con los parlamentarios. Ella había dejado de ser diputada y yo necesitaba a alguien que me ayudara a relacionarme con el Congreso y alguien que los diputados conocieran y ella cumplía perfectamente ese rol”, comentó.
Cabe consignar que en paralelo, entre los años 2010 y 2014, Marcela Cubillos fue directora del Centro de Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Mayor, invitada por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Tomás Flores, a desarrollar un trabajo que en el papel resulta muy similar a lo que realizaría en el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El convenio a honorarios regía, desde el 1 de junio de 2010 hasta el 31 de diciembre del mismo año, y contemplaba una remuneración total de 1.400 UF, unos 45 millones de pesos de la época, algo así como 7,5 millones mensuales, un margen levemente inferior a lo que ganaba el ministro Morandé en esa época (poco más de 9 millones).
Una de las cláusulas del contrato estipulaba que Cubillos no estaría sujeta al cumplimiento de horarios, pero sí a los aguinaldos y bonos percibidos por los funcionarios de la administración pública, y que en caso de traslados, la Subsecretaría se haría cargo de “el pago de los pasajes aéreos y terrestres”.
Antes que la ministra de la Corte Suprema –suspendida luego de conocerse las conversaciones con el abogado Luis Hermosilla– alcanzara la más alta magistratura, Ángela Vivanco hacía clases en la Universidad Católica y cumplía con lo que se conoce como libre ejercicio de la profesión.
Siempre bien conectada en política – fue vicepresidenta de la Unión de Centro Centro y candidata a diputada por Renovación Nacional–, Vivanco comenzó a trabajar en la Subsecretaría de Telecomunicaciones apenas despuntaba el primer gobierno de Piñera.
El contrato, extendido entre agosto de 2010 y enero de 2011, contemplaba un sueldo de 175 UF mensuales y tenía como funciones asignadas el análisis legal de la Ley de Prensa (Nº 19.733), aplicada a concesionarios chilenos y extranjeros. También la elaboración de un informe sobre el grupo Prisa y recomendaciones legales en procesos de concesiones.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no había encontrado ningún informe que acredite el trabajo realizado por ambas abogadas.
