PAÍS
Una de las múltiples aristas que investiga la Fiscalía, respecto del caso Factop, es la posibilidad de que la corredora LarrainVial haya tenido conocimiento de que la empresa de los hermanos Sauer utilizaba facturas ideológicamente falsas.
La historia siempre termina –o comienza– con el audio grabado en la oficina del abogado Luis Hermosilla, registro que abrió una verdadera “caja de Pandora”, afectando los cimientos del poder político, económico y judicial del país, y que hoy mantiene en prisión preventiva a los protagonistas del caso por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.
En la conversación, registrada por la abogada Leonarda Villalobos en el edificio del Grupo Patio en Alonso de Córdova, se habla sobre el pago de coimas a funcionarios públicos, se nombra a más de 50 personas y se establecen las primeras interrogantes del caso planteadas por los propios protagonistas del audio. Algunas de estas inquietudes, de hecho, continúan vigentes. Una de ellas es la que puso sobre la mesa el propio Luis Hermosilla, al final del audio:
–¿Puede estar LarrainVial detrás de esto? –se preguntó, aludiendo a la mayor corredora de bolsa del país.
En el diálogo, el dueño de Factop y la corredora STF Capital, Daniel Sauer, reconocía el delicado momento por el que atravesaba el holding familiar y juntos especulaban sobre la interrogante planteada por Hermosilla, que todavía la Fiscalía busca esclarecer: el rol de la corredora LarrainVial como sostenedora de los fondos de inversión usados por los dueños del factoring.
El panorama, en este sentido, no ha cambiado mucho. Las dudas sobre la participación de LarrainVial en el caso siguen latentes, sobre todo después que el fiscal Felipe Sepúlveda comentara a El Mostrador que, si se comprueba que la corredora creó los fondos de inversión para apalancar a los hermanos Sauer y Antonio Jalaff, existiría una evidente “responsabilidad criminal”. Tampoco descartó citar a declarar a Manuel Bulnes, director ejecutivo de LarrainVial SpA, y amigo íntimo de Antonio Jalaff.
Daniel Sauer, uno de los dueños de Factop.
Tras la entrevista del fiscal Sepúlveda, los abogados de Rodrigo Topelberg –el otro socio de Factop involucrado en el caso– solicitaron una serie de diligencias a Juan Pablo Araya, fiscal de Alta Complejidad Oriente, respecto de la revisión de los chats del segundo teléfono incautado a Daniel Sauer –celular que ocupó entre noviembre de 2023 y abril de 2024, cuando fue detenido–, donde aparecen una serie de maniobras tendientes a salvar el proceso de reorganización concursal de Factop, a partir de gestiones en la prensa y ofrecimientos de terrenos a un abogado representante de LarrainVial.
La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a las conversaciones de Daniel Sauer, realizadas luego que le incautaran el primer teléfono tras conocerse el audio, cuyos chats hoy están en manos de la Fiscalía, que ya citó a declarar en calidad de testigo al gerente general de LarrainVial Asset Management, Ladislao Larraín. Este medio solicitó a la corredora responder respecto de varias inquietudes formuladas en este reportaje, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
A fines de septiembre de 2023, Factop solicitó acogerse a un procedimiento de reorganización concursal –tras enfrentar varias órdenes de embargo y demandas de liquidación forzosa–, buscando garantizar la venta de activos para poder cancelar las deudas a sus acreedores, entre ellos, la corredora LarrainVial, a través de un veedor fiscalizado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).
A esa altura, la batalla judicial estaba desatada. A fines de agosto de ese mismo año, poco antes de que Factop solicitara el proceso de reorganización, el Fondo de Inversión LarrainVial Facturas ya había pedido la liquidación forzosa de Rodrigo Topelberg ante el 15º Juzgado Civil de Santiago.
La corredora alegaba que el ingeniero en administración de empresas tenía una deuda que sumaba más de 8 mil millones de pesos y que tenían en su poder un pagaré a la vista de 59.320 UF suscrito por Factop Corredores de Bolsa de Productos S.A., donde Topelberg figuraba como aval, fiador y codeudor solidario.
La respuesta de Topelberg fue inmediata. El 6 de septiembre del año pasado interpuso una querella, acusando a LarrainVial de falsificar su firma –basándose en cuatro peritajes– y asegurando que la administradora de fondos estaba al tanto del uso de facturas falsas por parte de Factop, “enriqueciéndose” con su pago y “generando una comisión de ilícitos en cadena”. “Compraba sistemáticamente miles de facturas falsas y obtenía un margen o provecho económico por ello”, se lee en la querella.
Las acciones judiciales comenzaron a avanzar en paralelo al proceso de reorganización concursal. A medida que se acercaba la fecha para resolver si los acreedores aceptarían o no la propuesta de reorganización, Daniel Sauer comenzó a inquietarse. Eso, al menos, evidencian los mensajes que intercambiaba con Diego Abogabir, abogado de LarrainVial Asset Management, el área de gestión de activos de la corredora.
El primer chat entre ambos, rescatado por el software Oxigen forensic, fue registrado el 3 de enero de este año. Luego de desearle un feliz año 2024, Diego Abogabir le señala a Sauer que necesita que Álvaro Parra, el experto en quiebras contratado por Factop en el proceso de reorganización judicial, “desista de su objeción del crédito de LarrainVial”.
La solicitud buscaba evitar la impugnación de la deuda a la corredora, intentando asegurar su reconocimiento por parte de Factop, con el objeto de que el crédito quedara consolidado durante el mismo proceso de reorganización o ante una eventual liquidación o quiebra de la empresa. Una negociación bastante al límite, asegura una fuente cercana a la causa, pues esa gestión debe realizarse ante el tribunal a cargo del procedimiento.
“La impugnación se hace después de la verificación de créditos y ahí el tribunal toma la decisión si las deudas son verificables y determina lo que realmente corresponde pagar, generando lo que se denomina una nómina de acreedores”, explica la misma fuente.
Abogabir buscaba, en el fondo, cerrar el trato lo antes posible. Ese mismo día, minutos después de enviar el primer mensaje, volvió a insistirle a Daniel Sauer. “Pero tenemos acuerdo”, preguntó. El dueño de Factop le contestó: “Lo que tú me digas… van a faltar 250. Yo te paso un terreno en Talcahuano o lo que me digas. O lo de Munir más la RJ (reorganización judicial) deberíamos estar”.
Lo que ofrecía Sauer, en rigor, era cancelar el resto de la deuda a LarrainVial por fuera de la reorganización concursal, pagando a través de un terreno en Talcahuano o por medio de Munir Hazbún –el empresario vinculado a Luis Hermosilla y los Sauer–, dejando fuera el mencionado inmueble ante una eventual liquidación de bienes, situación que provocaría, por cierto, un perjuicio a los demás acreedores.
La conversación luego se hacía más trivial, aunque no menos reveladora. A las 19:14 horas de ese mismo día, Daniel Sauer le preguntaba a Abogabir: “Cómo te ha ido con topel (Rodrigo Topelberg)”. El abogado de LarrainVial le respondió que “todavía no se resuelve nada. El TC va lento”, aludiendo al recurso de inaplicabilidad que habían ingresado los abogados de Topelberg para suspender el juicio de liquidación forzosa interpuesto por LarrainVial.
“Y cómo lo ves?”, insiste Daniel Sauer.
“Nos debería ir bien”, respondió Diego Abogabir.
La preocupación por la situación de Topelberg –según una fuente cercana al caso– es porque a ambos les conviene que se garantice su quiebra. “Si Topelberg le paga a Larrainvial, la corredora tiene un crédito menor para resarcirse, la deuda se achica y se hace más fácil la quiebra de Factop, y así aprovecha mejor la torta el resto de los acreedores que queda adentro”, explica.
