Opinión
La gratuidad, no por sí misma sino por sus disposiciones y por el mecanismo de fijación de precios que contiene, ha causado estragos en la estabilidad financiera de las universidades.
En la actualidad, el financiamiento de los estudios de educación superior en Chile fluye por varios canales. En el año 2022, el Estado gastó 2.350 millones de dólares en financiar los estudios de cerca de un 55% de la matrícula de educación superior, donde dos tercios se destinaron a la gratuidad y uno a becas.
Los bancos privados financiaron 530 millones de dólares para los estudiantes que pidieron crédito y los estudiantes y sus familias pagaron 1.570 millones de dólares en copago directo a las instituciones de educación superior. En resumen, de cada 100 pesos de estudio de un individuo promedio en educación superior, el Estado pagó 52 pesos, los bancos prestaron 12 pesos y los estudiantes pagaron 36 pesos. Cabe destacar, a este respecto, que los fondos provenientes de créditos, especialmente del CAE, no constituyen fondos públicos.
Respecto de los alumnos, cerca de un 70% recibe ayuda para financiar sus estudios, entre ayudas directas del Estado y créditos. En el caso de los estudiantes con gratuidad, de los seis primeros deciles de menores ingresos del país, el fisco cubre el arancel regulado de sus programas y prohíbe que la diferencia con el arancel real sea cobrada por las instituciones que los reciben. Los estudiantes con CAE, por otro lado, adquieren una deuda bancaria que es fuertemente subsidiada por el Estado.
Este paga una parte de la tasa de interés, en casos específicos una parte de la cuota, y siempre sirve como aval para un porcentaje alto del saldo. Los estudiantes con becas, por último, reciben una ayuda por motivos académicos o de vulnerabilidad socioeconómica, que no deben retribuir, y cubre una parte de su arancel. En suma, hay que destacar que el sistema de apoyos financieros a los estudios superiores alivia fuertemente a las familias, tiene una cobertura alta y ha permanecido en el tiempo.
¿Cuál ha sido el efecto de este financiamiento? En primer lugar, posibilitó que la matrícula de educación superior creciera a un ritmo acelerado durante los últimos 30 años, lo que ha aumentado la cobertura, desde un 12,7% en 1992 a un 41,1% en 2022, entre los 18 y los 24 años de edad. Por otro lado, facilitó que la producción de investigación científica de alto nivel, de títulos y grados en áreas esenciales como Salud, y la oferta docente con doctorado en educación superior, aumentaran exponencialmente durante las últimas tres décadas. En suma, que la educación superior chilena se masificara, diversificara y robusteciera en calidad.
Hoy nos encontramos en un escenario en el que el Gobierno quiere presentar un proyecto de ley que ponga fin al CAE y reforme el sistema de financiamiento de la educación superior.
Pero antes, es necesario examinar algunas realidades que se deben considerar en la discusión que se aproxima, contrastándolas con las ideas que el Gobierno y, especialmente, la Subsecretaría de Educación Superior, han insistido en transmitir sobre la materia.
La primera idea es aquella que justifica la totalidad de la agenda del Gobierno en educación superior: la noción de que, en la actualidad, el sistema de educación superior, especialmente en su área privada, está desconectado de las necesidades sociales y productivas del país.
No existe evidencia sólida que respalde esta idea. Al contrario, los datos muestran la creciente contribución del sistema a las necesidades que todos podemos reconocer como esenciales para el país. Por ejemplo, un 73% de los títulos profesionales de Pedagogía, en el año 2021, fue otorgado por universidades privadas. Las mismas entregaron un 81% de los títulos del área de la Salud y un 68% en el área de Ingeniería, Industria y Construcción.
La segunda idea es que la razón de la alta morosidad del CAE reside en razones de crisis económica y de las condiciones del crédito. Esto esquiva una realidad que se ha vuelto más evidente con cada año que pasa y cada análisis empírico que es realizado: el problema de la alta morosidad del CAE ha sido causado por quienes hoy están en el Gobierno. Después de la elección del Presidente Boric, uno de cada 5 deudores que se encontraban al día (20,3%) dejaron de pagar su crédito, un máximo nunca antes registrado, que equivale a 73.385 personas.
Un 90% de estos individuos egresó de su carrera. Solo ese aumento de la morosidad significó una caída en el flujo de ingresos del crédito de 7,9 mil millones de pesos. Desde que la condonación del crédito ha sido puesta como una posibilidad en la agenda política del sector que apoya al Presidente, la morosidad ha aumentado rápida y sostenidamente, desde un 43,4% en diciembre de 2018 a un 64,1% en el mismo mes del año 2023.
La tercera idea es que los deudores del CAE son económicamente vulnerables. La realidad es que los deudores del CAE tienen, en promedio, ingresos mucho más altos que el resto de la población. Esto fue presentado por el ministro Mario Marcel en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el 25 de julio de 2023. En su gran mayoría, no se trata de personas vulnerables, sino de individuos profesionales y técnicos que sí pueden pagar su cuota mensual, ascendiente, en promedio, a 1,4 Unidades de Fomento (alrededor de 53 mil pesos).
La cuarta noción es que la gratuidad ha mejorado la salud financiera de las universidades. Para esto se cita un informe de la Superintendencia de Educación Superior, que, curiosamente, ni siquiera ofrece tal afirmación. La gratuidad, no por sí misma sino por sus disposiciones y por el mecanismo de fijación de precios que contiene, ha causado estragos en la estabilidad financiera de las universidades. En específico, ha generado un déficit de 780 millones de dólares en las instituciones de educación superior, reduciendo significativamente sus excedentes y su capacidad para reinvertir en calidad.
En suma, un examen crítico de las ideas que componen el diagnóstico del Gobierno respecto del financiamiento de la educación superior muestra que ellas no siguen criterios de realidad objetiva. ¿Conviene, entonces, priorizar en la agenda las intenciones gubernamentales respecto a la educación superior? No parece ser razonable, considerando las múltiples y urgentes necesidades de la educación escolar y parvularia, destinar los esfuerzos fiscales a una propuesta gubernamental que carece de un diagnóstico realista.
