Opinión
AgenciaUno
Una cosa es creer que el Estado debe gozar de la opción de conducir la industria —idea que no comparto, pero cuya justificación puedo entender— y otra muy diferente sostener que dicha conducción puede ejecutarse sin bordes
La Estrategia Nacional del Litio continúa su avance… a ritmo geológico. Hace algunas semanas el gobierno anunció que, en base a 88 manifestaciones de interés, serán seis los salares priorizados y por tanto susceptibles de recibir Contratos Especiales de Operación de Litio, más conocidos como CEOLs. El instrumento escogido existe hace décadas en nuestro ordenamiento jurídico, de modo que el mero anuncio de los yacimientos seleccionados, lejos aún de la asignación, bien pudo informarse durante los primeros 100 días de gobierno. En lugar de eso, tuvimos que esperar hasta el día 931, cuando va quedando apenas un 36% de la administración.
El gran intríngulis a zanjar era cómo compatibilizar las concesiones mineras preexistentes con nuevos derechos a explotar litio en los mismos terrenos, porque no es técnicamente viable repartir, a partir de la misma salmuera, litio para unos y el resto de los minerales para otros. El gobierno optó por una fórmula difícil de descifrar: quienes posean concesiones en al menos un 80% del área a asignar en cada salar priorizado optan a un procedimiento abreviado.
¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿podrá competir en condiciones no abreviadas un postor sin concesión con otro que sí? No es claro que esta fórmula permita sortear la camisa de siete varas a la que nos fuerza esta duplicidad.
Estos embrollos no existirían si optáramos por la solución limpia y lógica: promulgar como ley la moción hoy en trámite en la Cámara de Diputados, que concede al litio el mismo estatus que todos los demás elementos y permite a los titulares de las concesiones explotarlas (o bien venderlas), previo pago de un impuesto sustancial a la compraventa. Además de evitar superposiciones, prescinde de la discrecionalidad de su majestad Estado para asignar licencias, y los interesados podrían seguir señales de precios sin verse forzados a esperar a que los funcionarios de turno se dignen a evaluar si ha llegado o no la hora de conceder un CEOL en tal o cual yacimiento.
Mientras el gobierno no se allane a la fórmula natural, lo menos que puede exigirse es que la asignación de CEOLES siga un procedimiento reglado y cese el desfile de discrecionalidad observado hasta ahora. En un seminario sobre litio organizado por Pivotes hace algunos días, participaron defensores y detractores de la normalización del estatus jurídico del mineral, pero pese a esa diferencia fundamental en algo había coincidencia: en lo que al mecanismo de entrega de CEOLs respecta, existe un vacío atronador que debe subsanarse. Coincidieron en aquello actores tan variopintos como el exsubsecretario de minería del actual gobierno, Willy Kracht; la senadora PPD, Loreto Carvajal; el exvicepresidente legal de Codelco, Cristián Quinzio; la geóloga especialista en salares, Julietta Zamora, y el presidente de Pivotes, Bernardo Larraín.
Una cosa es creer que el Estado debe gozar de la opción de conducir la industria —idea que no comparto, pero cuya justificación puedo entender— y otra muy diferente sostener que dicha conducción puede ejecutarse sin bordes. Es mucha la plata que hay en juego. Si la construcción de una plaza menor justifica un procedimiento reglado ¿podría alguien refutar que lo requiere la asignación de activos mineros de decenas o incluso cientos de millones de dólares?
