Opinión
Imagen: NASA
En este contexto, se presenta una oportunidad para que Chile contribuya y -por qué no- lidere una iniciativa para el beneficio global, manifestando en los canales apropiados su interés por analizar esta propuesta
Los desafíos globales como el cambio climático, las crisis ambientales, sanitarias, de migración y de refugiados exigen la creación de un marco internacional que solucione estos problemas, otorgando incentivos y garantías para que los países asuman compromisos y acciones en la medida de sus capacidades, lo cual beneficiará directa o indirectamente a toda la humanidad.
Atendido que los países tienen diferentes capacidades y recursos, ya sea por su nivel de desarrollo o su ubicación geográfica, algunos están mejor posicionados para abordar ciertos problemas. Por ejemplo, pese a que los países del norte de Europa están comprometidos con la mitigación del cambio climático, no pueden superar la capacidad única de la Amazonía para secuestrar carbono y regular el clima a nivel global.
Estas diferencias de capacidades son favorables para estimular compromisos cruzados entre países; por una parte, Colombia se compromete a la protección de la selva amazónica y, por la otra, Noruega al desarrollo de una vacuna, incluso por fuera de bienes públicos. Otro ejemplo de compromisos cruzados por fuera de bienes públicos sería el caso en que bajo el Acuerdo de Provisión de Servicios Públicos un país se comprometiera unilateralmente a limpiar un río y otro le otorgue reducciones arancelarias a sus productos de exportación.
El marco tradicional para la provisión de bienes públicos ha sido insuficiente debido a su fragmentación, ya que muchos de estos esfuerzos requieren recursos que podrían ser provistos por un solo país o un grupo, pero se ven obstaculizados por el problema del free riding.
Además, los compromisos a largo plazo corren el riesgo de ser abandonados tras cambios de gobierno, dejando la carga en un solo país y frustrando la provisión efectiva de bienes públicos. Para superar esta brecha, James Love, Director de la ONG Knwoledge Ecology International, ha propuesto una iniciativa pionera: un Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la provisión de Bienes Públicos, que tomaría el modelo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), el cual establece la posibilidad de hacer compromisos de liberación de servicios, voluntariamente, pero que una vez hechos se tornan en obligatorios, sujetos al sistema de solución de conflictos de la OMC.
Comprendiendo los Bienes Públicos
Por definición, los bienes públicos son aquellos que benefician a todos, sin agotarse con el uso individual. Incluyen aire limpio, prevención de enfermedades y protección de los océanos internacionales. Estos bienes son inherentemente globales, lo que significa que los esfuerzos nacionales por sí solos son insuficientes para abordarlos de manera efectiva. Por ejemplo, el control de la contaminación, la prevención o cura de alguna enfermedad.
Un Acuerdo sobre Bienes Públicos definiría estos elementos y establecería un marco para su provisión internacional, asegurando su predictibilidad y monitoreo.
El acuerdo propuesto introduciría un marco dual de compromiso voluntario y cumplimiento obligatorio. Los países elegirían qué bienes públicos están dispuestos a proporcionar, permitiéndoles adaptar sus contribuciones según sus capacidades y necesidades. Una vez realizados estos compromisos, se convertirían en legalmente vinculantes. Este enfoque combina flexibilidad con responsabilidad, permitiendo a las naciones alinear sus esfuerzos con los estándares globales mientras respetan sus circunstancias individuales.
Para que el acuerdo sea efectivo, los países necesitarían establecer la infraestructura y los marcos regulatorios necesarios para cumplir con sus compromisos. Los informes de progreso regulares serían obligatorios, asegurando la transparencia similar al sistema GATS. Un comité ad hoc o la secretaría de la OMC podrían supervisar este proceso, con el apoyo de organismos internacionales especializados como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para cuestiones específicas de cada sector. Esta supervisión es crucial para verificar el cumplimiento y gestionar el progreso en diversos campos.
Dado el carácter dinámico del panorama global, el acuerdo debe incluir mecanismos que permitan a los países ajustar sus compromisos en respuesta a cambios significativos, como emergencias nacionales. Esta flexibilidad es crucial para asegurar que el acuerdo se mantenga relevante y eficaz frente a desafíos globales en constante evolución, permitiendo adaptaciones necesarias sin comprometer sus objetivos fundamentales.
Un robusto mecanismo de resolución de disputas, basado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (DSU) de la OMC, sería integral para el acuerdo. Los conflictos iniciales se resolverían a través de consultas, con paneles de disputa formales disponibles si fuera necesario. Este sistema asegura que los desacuerdos se manejen de manera justa y constructiva, preservando la integridad y eficacia del acuerdo en el largo plazo. Algunos de los importantes beneficio del acuerdo son:
Mejora del Bienestar Global: al formalizar compromisos con bienes públicos esenciales, el acuerdo abordaría problemas que trascienden las fronteras nacionales, mejorando el bienestar colectivo y la salud global.
Crecimiento Económico y Oportunidades: el acuerdo estimularía el crecimiento económico al crear nuevos mercados para empresas involucradas en la provisión de bienes públicos, impulsando la innovación y atrayendo inversión extranjera. También mejoraría las oportunidades comerciales y la infraestructura, beneficiando a las economías nacionales.
Fortalecimiento de Redes Empresariales: el acuerdo facilitaría el desarrollo de asociaciones empresariales internacionales y el intercambio de mejores prácticas, mejorando las operaciones comerciales globales.
Fomento de Prácticas Sostenibles: al centrarse en los bienes públicos, como la sostenibilidad ambiental, el acuerdo impulsaría el crecimiento en la economía verde y reforzaría la responsabilidad social corporativa
El propuesto Acuerdo de la OMC sobre Bienes Públicos es un paso visionario hacia la resolución de los urgentes desafíos globales de nuestro tiempo, si bien esta propuesta inicial ya se ha compartido con la Directora de la OMC, se requiere que los países manifiesten su interés por avanzar en ella. En este contexto, se presenta una oportunidad para que Chile contribuya y -por qué no- lidere una iniciativa para el beneficio global, manifestando en los canales apropiados su interés por analizar esta propuesta con otros miembros de la OMC.
