Locademia de policía

No hay nada que refleje más a un país bananero que la politización de su policía o policías que se comportan como caudillos. Aún recuerdo a Omar Torrijos (en los 70), Manuel Antonio Noriega (1989) en Panamá y Raoul Cédras (1991) en Haití. Y, aun así, pasamos casi dos años sabiendo que Ricardo Yáñez sería formalizado en el marco del caso Estallido, actuando como si eso no importara o fuera un abuso de la Fiscalía y, en particular, de Ximena Chong y Xavier Armendáriz.

Total, la derecha razonaba que era inconcebible poner a Carabineros en el banquillo de los acusados por el 18-O. No había que tomar en serio a la Fiscalía. Lo peor es que dijeron que no había que siquiera hacerles caso a los tribunales en el evento de que lo formalizaran. Ricardo Yáñez debía continuar. Así razonaron, desde Jorge Burgos y Felipe Harboe hasta Javier Macaya (mientras estuvo a cargo de la UDI). También el presidente del Senado, José García Ruminot.

Grupos, ligados a Carabineros, presionaron para que la oposición tomara lo de Yáñez como una cuestión de Estado. Había que enfrentar a los tribunales, la Fiscalía y a la izquierda, a la que se le culpaba por la situación del general director. Mientras, este adulaba a Gabriel Boric y exigía lealtad, a riesgo de que su renuncia fuera vista como una concesión al cuadro de desorden, cuestionamiento policial e inquina que la izquierda siempre le ha tenido a Carabineros.

Era el Gobierno el que estaba al debe con Carabineros, después del intento de refundación en el primer proceso constituyente y las querellas por el estallido. No solo había que mantener a Ricardo Yáñez, sino que descalificar los procesos judiciales –que ya tenían formalizados al anterior general director y subdirector, Mario Rozas y Diego Olate, respectivamente– y quitarle efectos institucionales. Era inaceptable hacerlos responder por omisiones que llevaran a lesiones o muertes. Se aproximaba la formalización de Yáñez y bastaba cualquier asesinato de carabineros para exigir la postergación de la formalización y ratificarlo en el cargo.

Mientras más carabineros morían, más debía haber solidaridad con él. Se trataba de una “guerra” contra el crimen organizado y la delincuencia, y era inconcebible hacer cuestión de un mal manejo institucional o responsabilidades de mando. Había que mandarle un mensaje al Cartel de Sinaloa en México o Tren de Aragua en Venezuela. Nadie podía mencionar que Carabineros estaba incubando un divorcio entre su suboficialidad y alto mando y que, internamente, no se veía la solidaridad con Yáñez como algo que ayudara a la institución a resolver sus problemas.

Fue una disputa de poder que no iba a redundar en más eficacia policial, sino todo lo contrario. Ricardo Yáñez llegó a acumular 23 carabineros muertos en su gestión, 6 tan solo este año. El general director con más muertos en su historia. Los últimos dos, no fueron en actos institucionales, pero reflejaban un forro en el manejo interno que no quería hacerse cargo de que la suboficialidad estaba moonlighting con varios empleos.

No se aceptaba que Yáñez y su alto mando tenían responsabilidad en la estadística. Cada asesinato de carabineros, se usó para que Yáñez siguiera. Como si esas muertes fueran algo que había que normalizar y culpar a otros, sin poder exigir planes, protocolos y estrategias para corregirlo.

Esta “guerra” se enfrentaba con solidaridad y con Yáñez apernado. Las culpas eran del equipo político en Interior –que no dejó ocasión para reforzar esa impresión–, como si todo se resolvería cobrando la factura a Tohá, Monsalve y Vergara. El alto mando de Carabineros animó una disputa, pública y soterrada, para endosar culpas e inmovilizar al Gobierno. Este no supo qué hacer. Ni concebir algo parecido al Plan Milenio de Ricardo Lagos en la PDI.

Luis Cordero sinceró la opinión en el gabinete de que Ricardo Yáñez debía irse, mientras Ángel Valencia se prestó para darle en el gusto a Yáñez y postergar su formalización a octubre. Aun así, Burgos y Harboe fueron el bozal de grupos que exigían que Yáñez terminara su gestión en noviembre. Este se dedicó a dilatar y aprovechó para hacer una purga de coroneles, en lo que demostró ser una lucha de poder entre cuatro de sus seis generales de tres estrellas (Araya y Monrás, por un lado, y Silva Chamorro y Camus, por el otro).

El día que se aceptó la renuncia de Yáñez, dos de esos generales se trenzaron a puñetes por esa purga, en lo que terminó por impedir que el delfín de Yáñez, Pablo Silva Chamorro, asumiera como su sucesor. Marcelo Araya asumió una conducción que no esperaba y con un alto mando definido para otro.

Por más de un año, el mundo político receló de exigirle responsabilidad de mando a Yáñez o cobrarle el mal manejo institucional y sus muertes. Yáñez llevó a Carabineros a identificarse con la defensa de Rozas, Olate y la suya, creyendo que inhibiría a los tribunales o les quitaría eficacia. Los partidos se dividieron entre quienes estaban a favor o en contra del caso Estallido y se buscó imponer lealtades por el 18-O, al punto de poner un pie forzado para juzgar los actos que se cometieron en su nombre.

Se ha empezado a animar un verdadero partido de policías, gendarmes y militares con vínculos políticos y que animan un relato. Bassaletti con Kast, Berta Robles con Rodolfo Carter, John Griffiths con Nicolás Ibáñez, Christian Alveal con Matthei, Edmundo González en Valparaíso, Desbordes en Santiago y César Vargas en La Araucanía. Como si eso ayudara a un diagnóstico compartido. Logra todo lo contrario. Políticos que hacen show.

Evelyn Matthei se quejó de que la salida de Yáñez era “el mundo al revés. El que hace la pega en seguridad renuncia y los que fracasan en ella, siguen ahí”. Como si 23 muertos fuera “hacer la pega”. Ya en abril, después del triple asesinato de carabineros en Cañete, alegó que Yáñez no debía renunciar por la “declaración de guerra contra el Estado”. Días antes de que Yáñez renunciara, declamó que la formalización de este sería el fracaso de Ximena Chong. Y al día siguiente de su renuncia, en Rancagua, acusó que carabineros de calle se sienten desprotegidos por la formalización de su general director. Al menos, concedan que los tribunales no se compraron la ópera.

En cambio, la derecha se compró un debate de orden y seguridad centrado en las responsabilidades políticas, como si no hubiera manejo institucional alguno que corregir. Nada acerca de la falta de información sobre el despliegue de la fuerza, la falta de entrenamiento apropiado, estrés del personal, abuso interno, malestar, divisiones, encubrimientos y corruptelas que minaron la ascendencia del alto mando y contaminaron la sucesión en Carabineros.

Todo ello terminó por animar una acusación constitucional contra Carolina Tohá que, aunque en medio de otras acusaciones contra tres supremos (y sabiendo que estaba destinada a fracasar), no impidió que Ricardo Yáñez la aprovechara para concurrir al Congreso (de civil) y presentarse como quien desactivara la presión que animó para distraer el debate sobre su gestión.

¿Qué se puede esperar de las Fuerzas Armadas, en orden y seguridad, si la propia policía no despierta confianza en lo que le corresponde, ni hay condiciones para discutir su desempeño? Los belgas lo hicieron, ¿por qué nosotros no? ¿Cómo se pueden generar sinergias así o aprovechar la fuerza del Estado como un recurso integrado, si la policía no admite debate sobre lo que no está haciendo y evade?

A lo más, van a ver cárceles en El Salvador para copiar una ideología de poder, para un país con poco más de un tercio de nuestra población. ¿Quién va aceptar un mando integrado de Carabineros con su despelote interno? ¿Qué se saca discutiendo sobre el aumento de homicidios, si no hay voluntad de entrar a Bajos de Mena, Alto Hospicio o los campamentos de la Región de Valparaíso? ¿Necesitamos una policía con 40 generales? ¿Es solo un problema de plata, cuando solo tienes el 20% de la fuerza en la calle? Este alto mando, ¿está en condiciones de que se le controviertan estos problemas? Todo indica que no y, mientras los evada, el forro solo aumentará y anticipará otro general director que tampoco terminará su período.