PAÍS
Antes de nombrarlo Fiscal Regional de Coquimbo y traspasarle la causa ProCultura, Ángel Valencia defendió a Patricio Cooper en un caso por prevaricación, derivado de un millonario litigio por tierras mineras en la Región de Atacama.
La reasignación del caso ProCultura, que se produjo cuando el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, decidió remover al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, y reemplazarlo por el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, fue interpretada como un golpe de timón de Valencia, buscando descomprimir un caso que comenzaba a incomodar en varios frentes.
Aunque la decisión parecía inminente, su implementación se produjo luego de la apertura de una investigación penal en contra de Palma, tras una conversación con Gonzalo Migueles –pareja de la defenestrada exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco–, en la cual este le ofrecía a Palma un doctorado y el cargo de fiscal Centro Norte, supuestamente a cambio de que este apoyara a José Morales en la carrera por la Fiscalía Nacional.
El hecho es que la salida de Palma –hoy suspendido de sus funciones y quien además enfrenta otra investigación, por revelación de secretos, al haber enviado a Luis Hermosilla un audio de un caso de narcotráfico– se produjo un día después de que este informara al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que citaría a declarar a la expareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, debido a la existencia de un informe de la Policía de Investigaciones que dio cuenta de 5 abonos -registrados con el nombre Irina Karamanos- a una cuenta bancaria de la fundación ProCultura, como informó El Mostrador.
Tras ello, Valencia –quien compitió contra Palma y Morales por la Fiscalía Nacional– designó a Cooper para que se hiciera cargo de la arista ProCultura del caso Convenios, un verdadero “fierro caliente”.
Cooper, exfiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, fue designado como Fiscal Regional de Coquimbo en febrero de este año por Valencia, quien lo conocía muy bien, pues fue su abogado defensor en una causa por prevaricación que afectó al actual Fiscal Regional.
La investigación en la que Valencia ofició como uno de los abogados de la Asociación Nacional de Fiscales, fue finalmente sobreseída una vez que asumió como cabeza del Ministerio Público, liberando a Cooper de una eventual imputación antes de asumir como Fiscal Regional de Coquimbo, donde sería ratificado en el cargo por su exdefensor en el caso.
El 26 de abril del año 2021, la empresa Christie Limitada, dueña de una estancia en un vasto terreno aledaño a la cordillera de Atacama, interpuso una querella por el delito de prevaricación administrativa en contra del entonces fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Centro Norte, Patricio Cooper, en una causa derivada de un litigio de reivindicación de tierras por un predio en la Región de Atacama.
La batalla judicial había empezado el año 2012, por diferencias en los límites de dos estancias, Jarillas y El Molle, donde el dueño de esta última, Christie Limitada, demandó al empresario Víctor Rissetto, alegando que al vender parte de las tierras a la minera canadiense Relincho Copper, alteró los límites de su terreno, usurpando 50 mil hectáreas y transfiriendo 36 mil de estas a la minera, transacción que le habría reportado más de 7 millones de dólares.
Los terrenos de todas las partes involucradas sumarían en conjunto 250 mil hectáreas, el paño más grande con dueños privados en Chile, con un potencial minero incalculable, situación que derivó en una millonaria disputa que aún se mantiene vigente en la Corte Suprema, donde todavía se analiza la interpretación de los deslindes, en un juicio plagado de informes y documentos técnicos.
Es precisamente uno de estos informes cartográficos, impugnado por Christie Limitada como falso, el que habría generado una nueva indagatoria por ejercicio ilegal de la profesión y falso testimonio en contra de la presunta autora, Jacqueline Canales, en una causa que luego se amplió en contra de su jefa, María Paz Daiber Widmer, dueña de la empresa Geodesarrollo.
“De acuerdo a nuestros antecedentes, ella (Daiber) había hecho el informe, pero ordenó que lo firmara Jacqueline Canales, que era una persona que trabajaba en su empresa”, asegura el abogado querellante Jorge Villalobos a El Mostrador.
El caso iba encaminado hacia una audiencia de preparación de juicio oral, agrega Villalobos, pero se fue desinflando una vez que Patricio Cooper asumió como Fiscal Regional subrogante de la Fiscalía Centro Norte, quien se reunió con el abogado defensor de María Paz Daiber, el exfiscal Matías Moya Lehuedé, el 11 de febrero del año pasado.
Tras el encuentro –asegura la querella–, Cooper instruyó al fiscal adjunto Claudio Peña ofrecerle una suspensión condicional a la imputada. Según el documento judicial, ello lo hizo sin haber oído a la parte querellante y sin transparentar la supuesta amistad entre su esposa, María Salas Bozzolo, y María Paz Daiber, relación corroborada por una foto de ambas publicada en redes sociales, imagen que fue incorporada en la carpeta investigativa.
“La foto sale en Facebook, disfrutando en una hostería un pisco sour con la imputada. Para mí eso fue altamente sospechoso, pero ellos siempre dijeron que el encuentro fue casual, que no había amistad entre ellas de antes”, asegura el abogado Jorge Villalobos.
La decisión de Cooper, además, se habría tomado sobre la base de un informe de asesoría jurídica de la Fiscalía Regional, donde trabajaba la esposa del abogado defensor de Daiber, Gisela Schoenmakers Ruiz, una unidad donde la profesional “ejerce funciones y comparte oficina con los demás asesores”, detalla la querella.
Desde la Fiscalía de Coquimbo respondieron que el persecutor, en su calidad de fiscal subrogante en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, adoptó la decisión de suspensión condicional “en forma posterior a que la Unidad de Asesoría Jurídica de dicha Fiscalía realizara un informe jurídico”, la que fue aprobada por el Tribunal de Garantía y la propia Corte de Apelaciones de Santiago.
Respecto de los eventuales vínculos entre su esposa y la querellada, aseguraron que, pese a los antecedentes proporcionados, “tampoco se abrió una investigación administrativa en contra del fiscal, descartándose una supuesta relación de amistad de las personas involucradas, como se intentó afirmar”.
En efecto, un reclamo por inhabilidad presentado en contra de Cooper finalmente fue desestimado por tribunales. Fue en ese momento que el abogado Jorge Villalobos decidió presentar una acción judicial por prevaricación en contra del fiscal, asumiendo como su defensor el actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, a contar del 13 de mayo de 2021.
Fuentes ligadas a la investigación aseguran que habría sido el propio fiscal Patricio Cooper quien eligió a Valencia para representarlo –“pues lo conocía y era cercano”–, escogiendo su nombre desde un pool de abogados que trabajaban en ese tiempo para la Asociación Nacional de Fiscales.
Paralelo a estas funciones, Valencia prestaba asesorías particulares a la Municipalidad de Lo Barnechea –lo hizo entre 2015 y 2022–, emitiendo un total de 57 boletas solo en el periodo en que Felipe Guevara era alcalde, relación que desconoció reiteradamente en el tiempo de candidato a Fiscal Nacional, hasta que El Mostrador desempolvó –al igual que en el caso de Cooper– una antigua causa por prevaricación donde defendió al exjefe comunal, acusado de ser el artífice del modelo de traspaso de dineros a corporaciones privadas desde los municipios y que, en el caso de Lo Barnechea, se empinaría por sobre los $41 mil millones, según un cálculo de América Transparente.
En el transcurso de la investigación en contra de Cooper, Valencia solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa el 22 de junio de 2022, lo que fue rechazado por el tribunal. Un día después de asumir como Fiscal Nacional, el 13 de enero de 2023, la página del Poder Judicial consignó su renuncia a la representación de Cooper, quien desde entonces fue patrocinado por Silvia Olivares Solís, exfiscal del Ministerio Público durante 15 años y también abogada de la Asociación Nacional de Fiscales.
Olivares volvió entonces a insistir en el sobreseimiento, negado anteriormente a Valencia, pero cuya tramitación la Corte terminó aceptando el 19 de mayo de 2023. “Es una curiosidad extraña, porque Valencia ni siquiera apela cuando rechazan el sobreseimiento, pero cuando asume como Fiscal Nacional, meses más tarde, la Corte decreta el sobreseimiento definitivo en una situación que puede parecer una inconsistencia”, concluye el abogado Jorge Villalobos.
Cabe consignar que durante la semana pasada los equipos de investigación de la Fiscalía de Coquimbo dirigidos por Cooper realizaron una serie de diligencias en la Región del Ñuble, por el caso ProCultura.
