Subsidios para la formalización femenina: un apoyo que no llega a todas

En Chile, la informalidad laboral es un desafío que sigue afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Este es un aspecto crucial tanto para la equidad de género como para el desarrollo económico del país. Si bien el Estado ha implementado programas de subsidios como el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), su impacto es limitado y no cubre completamente a los sectores que más lo necesitan.

Prueba de ello es que las grandes empresas son las que mayoritariamente usan estos subsidios, concentrando el 95% de las mujeres beneficiarias de BTM según datos de Sence. Debido a que las empresas de menor tamaño enfrentan desafíos significativos para formalizar a su personal debido a restricciones financieras y operativas, no logran acceder de manera efectiva a los subsidios laborales, lo cual limita la capacidad de los programas como SEJ o BTM de generar cambios estructurales.

Frente a este panorama, urge proponer mejoras concretas que permitan que estos subsidios cumplan con su propósito original y por ello, con el patrocinio del Centro de Políticas Públicas UC, desarrollamos una serie de recomendaciones principales. Una de los desafíos más urgentes es focalizar los subsidios hacia las pymes. Esto permitiría un uso más eficiente de los recursos disponibles y aseguraría que las empresas que más necesitan el subsidio realmente se beneficien de este, promoviendo la creación de empleos sostenibles y de calidad en sectores más vulnerables.

Otro aspecto crítico a considerar es el monto y la duración. El valor actual de estos beneficios no ha sido ajustado conforme a las variaciones del salario mínimo, reduciendo su impacto como incentivo económico tanto para las trabajadoras como para los empleadores. Establecer el monto del subsidio como un porcentaje del salario mínimo permitiría que este se ajuste automáticamente a las condiciones económicas cambiantes, garantizando que mantenga su relevancia y atractivo.

Al mismo tiempo, reducir la duración de los subsidios a un rango entre 6 y 12 meses ayudaría a evitar una sobre dependencia, promoviendo la inserción autónoma y sostenible en el mercado formal. También esta reducción permitiría tomar en cuenta las restricciones presupuestarias del Estado.

Además, un punto fundamental es la simplificación del acceso a la información y la reducción de la burocracia en la solicitud de los subsidios. Muchas de las beneficiarias potenciales de estos programas no logran acceder a ellos por la complejidad de los trámites y la falta de claridad en los requisitos.

Por último, la articulación de estos subsidios con otras políticas públicas es clave para asegurar su efectividad y alcance. Facilitar el acceso preferente a programas de capacitación laboral y brindar apoyo para cubrir gastos relacionados con el cuidado de menores o familiares dependientes permitiría a las trabajadoras una inserción más sólida y estable en el mercado laboral formal, ayudando a derribar las barreras que actualmente enfrentan para acceder y mantener un empleo formal debido a sus responsabilidades de cuidado.

En conclusión, la formalización laboral de las mujeres no solo es un imperativo de justicia social, sino una oportunidad estratégica para fortalecer la economía del país. Los programas actuales, como el BTM y el SEJ, requieren un rediseño que les permita cumplir con su objetivo original: incluir a los sectores más vulnerables, especialmente a las pymes y a las mujeres jóvenes. Optimizar el uso de los subsidios, ajustarlos a las realidades económicas y simplificar su acceso no solo garantizará que más mujeres puedan acceder a empleos formales, sino que también contribuirá a la creación de un mercado laboral más inclusivo, equitativo y sostenible. Con estas mejoras, se abrirá la puerta a un desarrollo más justo, donde las mujeres puedan prosperar en un entorno laboral que las apoye y valore su contribución.

NOTA: En esta columna también colaboró Paula Miranda.