PAÍS
Los coletazos de la conferencia de Juan Pablo Hermosilla, los emplazamientos al Fiscal Nacional y la nueva cárcel de alta seguridad en Santiago, fueron los temas abordados por el nuevo ministro de Justicia.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió a despejar las incertidumbres instaladas luego de la performática conferencia de prensa realizada por Juan Pablo Hermosilla, ocasión en que el abogado entregó un listado de fiscales y jueces que mantuvieron comunicaciones con su hermano, el principal imputado en el denominado caso Hermosilla.
Respecto a las conversaciones con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien encabeza el listado entregado por el abogado, Gajardo aseguró el el programa Estado Nacional que la relación de este con Luis Hermosilla debería aclararla el propio Valencia, asegurando que lo importante “es que tenemos mecanismos institucionales para resguardar la institución Ministerio Público”.
Esto, luego de las versiones encontradas respecto a un café donde habrían asistido ambos, junto a Andrés Chadwick, donde Valencia aseguró en una primera instancia, que era una cita para “limar asperezas”, siendo luego desmentido por Juan Pablo Hermosilla, quien confirmó que el nuevo Fiscal Nacional se habría comprometido en entregar información sobre diligencias que afectaban al expresidente Sebastián Piñera.
Al ser consultado sobre las implicancias de las conversaciones entre Luis Hermosilla y Ángel Valencia, el ministro de Justicia aseguró que “como gobierno, estamos preocupados de fortalecer a la institución”. De todas formas, agregó, “siempre es relevante que haya total coherencia en las versiones que se entregan públicamente”.
Gajardo apuntó que el gobierno ha presentado dos proyectos de ley que robustecen al Ministerio Público, uno es un proyecto de fortalecimiento y el otro una iniciativa de Fiscalía Supraterritorial. “Esa es nuestra preocupación, fortalecer institucionalmente el Ministerio Público”, recalcó.
Sobre las intenciones de remover a Valencia del cargo, el ministro de Estado aseguró que existía una atribución parlamentaria y controles de distinto orden. “Si ellos consideran que tienen que ejercer esa atribución que le otorga la Constitución, son parte de los controles que tenemos para evitar cualquier tipo de situación de este tipo”, explicó.
En la entrevista televisiva, el ministro Gajardo se refirió también al proyecto de construcción de la nueva cárcel de alta seguridad en el centro de Santiago, anunciada por el gobierno en julio pasado, asegurando que el proyecto continúa en marcha.
“Es parte de lo que tenemos nosotros proyectado, no tenemos ningún cambio en esa materia. Los planes para que nuestro país tenga la infraestructura necesaria son políticas nacionales”, señaló el ministro.
Gajardo destacó que el proyecto de ampliación del penal Santiago 1, estaba considerado en el presupuesto del próximo año, fue aprobado por la subcomisión mixta, y que la medida contempla la ampliación de los “diseños originales”.
“Es un proceso que se hace con el concesionario que uno tiene vigente en ese momento, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Santiago”, acotó.
Sobre la oposición de varias figuras públicas al proyecto, desde Irací Hassler a Mario Desbordes, el ministro aseguró que era algo lógico debido a que ellos “tienen que velar por los intereses de sus comunidades, y nosotros como Ministerio de Justicia tenemos que velar por los intereses nacionales”.
