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Resultados que vuelven a instalar el debate sobre la necesidad de medidas de acción afirmativa, como la ampliación de la ley de cuotas y la paridad, con el fin de que los partidos nominen en proporciones equitativas, pero también que esto se traduzca en candidaturas competitivas de mujeres.
Los recientes comicios municipales y regionales nuevamente pusieron en evidencia la brecha de género en cargos de elección popular que persiste en Chile. La subrepresentación de mujeres continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud del sistema democrático, donde los actuales mecanismos no logran garantizar la nominación paritaria de candidaturas.
Así lo confirmó un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacando que en las recientes elecciones solo 1 de cada 4 candidaturas a alcalde era mujer. Y que del total de 345 municipios, solo el 16,2% contó con mujeres finalmente electas, lo que corresponde a 56 comunas. Situación que representa un retroceso en comparación con la elección de 2021, donde 17,1% fueron mujeres.
La realidad de los gobiernos regionales es aún más preocupante, ya que en las 16 regiones ninguna mujer resultó electa, lo que también significó un retroceso frente a las tres gobernadoras que triunfaron en el periodo anterior.
Si bien durante el balotaje hubo mujeres en carrera en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Maule y Los Lagos, finalmente ninguna logró convertirse en la máxima autoridad regional. Mientras que en las regiones de Tarapacá, Atacama, Ñuble y La Araucanía, no hubo candidatas ni siquiera en la primera vuelta.
Para Elizabeth Guerrero, asesora en Género y Gobernabilidad del PNUD, este retroceso “se relaciona directamente con los bajos porcentajes de mujeres candidatas y, por lo tanto, la apertura de los partidos a nominar mujeres”. Por lo que es urgente “un debate amplio sobre la necesidad de asegurar el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas”, dijo.
Resultados que vuelven a instalar el debate sobre la necesidad de medidas de acción afirmativa para las elecciones subnacionales, con el fin de que los partidos nominen en proporciones equitativas, pero también que esto se traduzca en candidaturas competitivas con posibilidad de ser electas. “Persiste el desafío de acordar una estrategia para las elecciones uninominales, como las de alcaldes y gobernadores, que además sea compatible con las primarias”, agregó Guerrero.
Actualmente, Chile solo cuenta con una ley de cuotas de carácter transitorio que obliga a la inscripción de candidaturas femeninas para elecciones parlamentarias, con un techo máximo de representación, donde ningún género puede sobrepasar el 60% de participación en el total de registro de postulaciones al Congreso Nacional. Cuota que solo se aplicará hasta las elecciones de 2029.
Para la doctora en Ciencia Política y académica UC, Julieta Suárez-Cao, el avance en la conquista de derechos para las mujeres no se traduce en el quehacer de la política. “Si no hay mecanismos institucionales que obliguen a los partidos a nominar mujeres competitivas, a financiar sus campañas, no vas a tener mujeres que ganen”, dijo.
En esa línea, la politóloga señaló que la actual ley de cuotas para el Parlamento es un instrumento deficiente, ya que, por ejemplo, si bien en 2021 “la coalición de izquierda eligió un 62% de mujeres, si ves las demás coaliciones –centroizquierda, centroderecha y ultraderecha–, están todas por debajo del 26%, y eso te marca entonces que la cuota existente no solo está por terminar, sino que además es mala”.
“Entonces, hay que mejorar la cuota nacional, hay que extenderla a lo local y a lo regional. Pero, más que cuotas, yo ya hablaría de paridad. La cuota es un mecanismo transitorio, la paridad es el reconocimiento de que la sociedad está compuesta no solo por hombres y que, por lo tanto, así debería reflejarse también en la política”, señaló.
Por su parte, la doctora en Derecho y profesora titular de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga, destacó que “lo interesante de este resultado no es tanto su novedad –porque confirma patrones de comportamiento histórico, hay incluso un declive– sino más bien permite contrastar con momentos previos que podrían haber provocado una ilusión de un mayor avance cultural. Particularmente, el largo momento constitucional, donde hubo una efervescencia, no solo producida por las reglas de paridad, sino también por una mayor participación de las mujeres y un mayor rendimiento electoral, incluso sin necesariamente el apoyo de las reglas de paridad, como ocurrió en el caso de la Convención Constitucional”.
En ese sentido, Zúñiga afirmó que –al menos en el corto plazo– no es posible visualizar una estabilización de la presencia de las mujeres, algo que también podría estar condicionado por el tipo de elección.
“El hecho de que el debate político se esté degradando y se haya degradado particularmente para esta elección con un aumento de la hostilidad de formas discursivas, que rayan en discursos violentos o derechamente los configuran, también puede ser un elemento disuasivo para atraer a las mujeres a este modelo de debate y de competencia política que puede volverse muy hostil”, advirtió.
La tardía llegada de Chile al sistema de cuotas, en comparación con el resto de la región, y la inexistencia de mecanismos a nivel municipal y regional, ha levantado la pregunta sobre cómo garantizar mecanismos efectivos que habiliten la presencia de mujeres en los diferentes cargos de elección popular y, si es necesario –en este contexto–, implementar paridad de salida.
Respecto a este último punto, para la politóloga Julieta Suárez-Cao, “estamos en un momento donde pareciera ser que hay varias discusiones sobre el sistema electoral”, por lo que hay que observar hacia dónde va la reforma.
“Ahora, en un escenario de ningún cambio posible, el sistema electoral actual chileno dificulta mucho, por más que tengas un mecanismo en las nominaciones muy bien diseñado, que eso se traduzca en una representación equilibrada en los resultados. Por lo tanto, habría que ver si no es necesario incluir algunos mecanismos de integración paritaria, o lo que llamamos paridad de salida, para ayudar a este proceso”, puntualizó.
En esa línea, la profesora de la UACh, Yanira Zúñiga, agregó que “efectivamente la estabilización de la presencia femenina en los cuerpos y en las funciones de toma de decisiones políticas relevantes debería empujar discusiones que institucionalicen esa presencia. Y esas discusiones suponen retomar los elementos y las exigencias que están asociados a los debates de cuota y paridad”.
La abogada también indicó que “es posible instalar alguna discusión sin que necesariamente eso suponga un mecanismo de paridad de salida”, considerando que hay un espacio importante para seguir mejorando la regulación existente, ya sea desde el punto de vista de su ampliación –más allá de las parlamentarias– como del mejoramiento de su diseño.
“No llegó a fraguarse una regla estable de paridad, y la regla que tiene el sistema chileno es, comparativamente hablando, si se contrasta con el tipo de legislación que hay solo en América Latina, es un tipo de modelo muy poco desarrollado de incentivos a la participación política femenina. Por lo tanto, incluso si no se llega a un modelo de paridad de salida, hay bastante que se puede hacer y se puede mejorar”, reiteró.
Lo que está claro es que cualquier cambio o innovación democrática, en términos de paridad de género, dependerá de la voluntad política del actual Congreso. En ese sentido, desde el mundo académico también reflexionan sobre el impacto de la representación paritaria en una sistema político que cuenta con bajos niveles de legitimidad.
“Está esta idea de que las cuotas o la paridad atentan contra el mérito. Si tuviéramos tanto mérito en el sistema no tendríamos los problemas de legitimidad que tenemos actualmente. Entonces, es interesante quiénes discuten eso, porque están implícitamente asumiendo que todos nuestros representantes actuales tienen mérito y eso no se condice con ninguna medición de confianza en la política en las últimas décadas en Chile”, afirmó Suárez-Cao.
Asimismo, afirmó que “lo que hay es una decisión de excluir a las mujeres de la política y excluir también a la posibilidad de que la sociedad elija a sus representantes del 100% de la población y no solo de la mitad. Hay evidencia y estudios que muestran que los cuerpos de decisión más diversos son considerados como más legítimos por la ciudadanía. Además de que es una cuestión de justicia básica que tengamos representación similar a nuestros parámetros poblacionales”.
Para Yanira Zúñiga, independiente del contexto político, el déficit crónico de mujeres es una anomalía democrática necesaria de abordar. “Pero evidentemente instalado un momento donde además hay una degradación de las prácticas democráticas, una erosión de derechos sobre todo de grupos vulnerables –y ahí se sitúan en general las mujeres, que les ha costado mucho lograr un reconocimiento y una protección de sus derechos–, efectivamente la subrepresentación de mujeres también abre mayores amenazas y genera mayores riesgos desde el punto de vista del desmantelamiento de estos derechos que se han consagrado históricamente”, agregó.
En ese sentido, la académica experta en temas de género también afirmó que la presencia variada de mujeres puede generar una barrera para que esas agendas de desmantelamiento de derechos prosperen. Así como también aportar una experiencia vital en temas que preocupan a la sociedad en su conjunto, como lo son las discusiones de cuidado.
“Por lo tanto, estamos en un ciclo político en que requerimos avanzar y lo cierto es que, cuando no hay una presencia estable de mujeres en la toma de decisiones, ese tipo de discusiones tienden a ser tendencialmente omitidas por los actores. Entonces hay además un efecto de ralentización de esas agendas políticas, que como he dicho son agendas que no solo interesan a las mujeres, sino a las sociedades”, finalizó.
