Investigación
Otros cuatro testimonios de gerentes de LarrainVial se suman a la indagatoria que busca dilucidar el rol del holding financiero en el caso Factop. Las declaraciones hablan del vínculo con Grupo Patio, las ganancias estimadas en el negocio y el fracaso de las expectativas iniciales.
La indagatoria respecto al rol de LarrainVial en el caso Factop ha llevado al banquillo a varios altos ejecutivos del factoring, quienes han declarado en calidad de imputados ante los fiscales Juan Pablo Araya y Felipe Sepúlveda.
A los ya conocidos testimonios del director ejecutivo de LarrainVial SpA, Manuel Bulnes Muzard; el gerente general de LarrainVial Asset Management, Ladislao Errázuriz; y el socio y director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio, se suman las declaraciones de otros cuatro gerentes del holding financiero.
Los ejecutivos prestaron declaración como imputados en el marco de la causa Factop, entre el 14 y 19 de noviembre, concentrándose de manera particular en su participación en la estructuración del fondo Capital Estructurado I, conocido coloquialmente como “fondo corneta”, cuyo objetivo era transformar las deudas de Antonio Jalaff en participación de Grupo Patio.
LarrainVial, sin embargo, ha declarado ante la CMF –y ahora la Fiscalía– que, luego de tres valorizaciones independientes, las acciones de Jalaff fueron consideradas en casi el doble de lo que se debía y que fue esa la razón para augurar un buen negocio.
La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a estos últimos cuatro testimonios, que dan cuenta del vínculo entre los ejecutivos de LarrainVial y Grupo Patio, las esperanzas iniciales de un negocio conjunto y la caída total de las expectativas generadas en un comienzo.
Andrés Bulnes Muzard, director y presidente del directorio de LarrainVial Activos, donde está asentado el Fondo Capital Estructurado I, declaró el 14 de noviembre ante el persecutor Juan Pablo Araya, fiscal adjunto de la Fiscalía de Las Condes.
El ingeniero comercial –hermano de Manuel Bulnes, otrora implicado en el caso Cascadas– aseguró que supo del Fondo Capital Estructurado I a principios de noviembre de 2022, cuando el gerente general de LarrainVial Activos, Claudio Yáñez, realiza una reunión con el gerente general de Grupo Patio, Cristián Menichetti, donde este presenta la idea de estructuración del fondo que “venían trabajando hace un tiempo”.
En esa reunión, recuerda Bulnes, solicitaron al estudio “Barros & Errázuriz” que identificara una serie de “riesgos relevantes” para inversionistas calificados. Luego –agrega–, al entender que el proceso tenía visos de reorganización judicial, intentaron asegurar un alto estándar a través de un auditor externo registrado en la CMF, para “certificar los pasivos del deudor” y otro para valorizar los reconocimientos de crédito que ingresarían al fondo.
Bulnes transparentó, finalmente, que el denominado “fondo corneta” tenía una comisión anual mínima de US$ 80.000, pero que después de explotar el caso STF, luego Factop y posteriormente Audios, la reestructuración de la deuda generó una pérdida de $300 millones a la administradora de fondos.
El mismo día de la declaración de Bulnes, testificó Sebastián Cereceda Silva, gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, quien aseguró que como director de AGF Activos le tocó aprobar la creación del Fondo Capital Estructurado I, el reconocido “fondo corneta”.
Cereceda argumentó que la aprobación respondía a que su “valor era suficiente para hacer frente a las deudas”, podían acceder a un activo importante que no tenía presencia en bolsa y porque tenía accionistas relevantes como el Grupo Luksic y Elberg. O sea, “existía una razón de negocio”.
Durante la negociación con la contraparte, sin embargo, Cereceda reconoce que Inversiones San Antonio –la sociedad con más alto patrimonio en Grupo Patio– se resistió en un comienzo, pero terminó aceptando las prerrogativas propuestas por LarrainVial, salvo que el fondo fuera privado. “Ellos nos dijeron que, para que pudieran ingresar institucionales, como compañías de seguro, era necesario que fuera un fondo público”, explicó.
El directorio, finalmente, solicitó incorporar una serie de mejoras al acuerdo para proteger los intereses de los inversionistas, entre ellas, certificar las deudas de Antonio Jalaff con un auditor externo reconocido por la CMF –Barros & Errázuriz–, valorizar las deudas a través de un consultor independiente con reputación en el mercado –Carrillo y Asociados y luego BDO– y transparentar a los inversores el riesgo que estaban tomando.
Respecto a por qué buscaron confeccionar reconocimientos de deuda, en vez de comprobar que estas estuviesen respaldadas como títulos de crédito, el gerente respondió al fiscal Juan Pablo Araya que para esos “temas técnicos” se hicieron asesorar por los abogados del bufete Barros & Errázuriz, evidenciando que la recomendación venía de los mismos expertos que luego asesoraron a Guillermo Harding en la operación de venta de Grupo Patio.
El director de LarrainVial Activos, Jaime Oliveira Sánchez-Molini, aseguró en su declaración que su relación con el Grupo Patio viene desde el tiempo de la caída del fondo inmobiliario Aurus, buscando un acuerdo con los nuevos aportantes del vehículo financiero, junto a LarrainVial, quienes fueron los adquirientes finales del fondo.
Oliveira reconoció que se enteró del Fondo Capital Estructurado I a través de un mail enviado por el gerente general de Larraín Vial, Claudio Yáñez, donde se adjuntaba el reglamento interno del vehículo financiero, concluyendo que tenía un sentido económico claro para los aportantes y la administradora, esta última asegurando ingresos mínimos anuales por US$ 80.000, que “cubrían holgadamente los costos marginales de un nuevo fondo”.
El economista aseguró que solicitó acotar el objeto del fondo, pues lo que aparecía en el borrador interno le parecía muy genérico y que “no reflejaba la realidad de aquello que no se quería invertir”, modificándose pese a las reticencias iniciales de Inversiones San Antonio.
Los procesos avanzaron adecuadamente, afirmó Oliveira, hasta que la CMF intervino a STF corredora de bolsa. El directivo confirmó que en ese momento presidió diversas asambleas de aportantes de carácter informativo, buscando esclarecer cuánto afectaba esta situación a LarrainVial.
Es esa instancia –agregó el economista– confirmaron que, pese a existir un acuerdo para no vender cuotas hasta reestructurar la inversión, STF vendió cuotas en el mercado y aparecieron inversores no calificados. Agentes que, obviamente, “no deberían haber podido invertir”.
La gerenta de Gestión y Planificación de LarrainVial y directora de LarrainVial Activos, Andrea Larraín Soza, aseguró en Fiscalía que se enteró del Fondo Capital Estructurado I a mediados de noviembre de 2022, a partir de una reunión donde Cristián Menichetti, gerente general de Grupo Patio, presentó la estructura del fondo a algunos ejecutivos de LarrainVial.
“A nosotros nos pareció que era un negocio atractivo para los acreedores porque podían acceder a este grupo de manera indirecta con una reconocida y extensa trayectoria en el mundo inmobiliario, los acreedores iban a ser los aportantes de este fondo”, declaró.
Larraín Soza aseguró que ella, como directora, no cumplió un rol particular en la operatividad del fondo, pero que a partir de marzo de 2023, tras la suspensión de STF por la Comisión para el Mercado Financiero, el directorio comenzó a tomar “ciertas medidas”, como agilizar el proceso de “reestructuración societaria” e interponer una acción precautoria por una eventual venta de Grupo Patio.
Pero ante una posible liquidación, agregó Andrea Larraín, se determinó levantar la precautoria, debido a que “luego de muchos años de litigio estaba la posibilidad de recuperar una porción menor o nada de las acreencias, mientras que con la transacción se logró obtener recursos frescos, cambiar el deudor y mantener la posibilidad de demandar por la diferencia, lo que (finalmente) se hizo”.
