Jorge Contesse: “El discurso de los DD.HH. es uno que necesita volver a mirarse permanentemente”

Con ocasión de los 40 años de la adopción de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT) por la Asamblea General de la ONU, el abogado y miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Jorge Contesse, visitó Chile para participar en una serie de actividades que también se enmarcan en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

En conversación con El Mostrador, el doctor en Derecho por la Universidad de Yale, reflexionó sobre cómo el discurso de los derechos humanos ha perdido terreno a nivel global y nacional, y el análisis que se hace desde algunos organismos chilenos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Comité para la Prevención de la Tortura de Chile (CPT).

El experto reconoce un complejo contexto geopolítico, donde –a su juicio– no nos había tocado que el sistema internacional se mostrara tan incompetente como se ha mostrado en los últimos dos años.

“Yo creo que la comunidad de los derechos humanos se apoltronó y dejó de persuadir, dejó de entender la necesidad de convencer a otros respecto de por qué son importantes los derechos humanos, cómo se pueden proteger, cómo se deben promover, y bastó con que simplemente por el hecho de que existían ciertos instrumentos, entonces la partida cultural de conversación y de diálogo estaba ganada”, dijo. 

En esa línea, agregó que “buena parte del retroceso que hemos vivido en los últimos 15 años tiene que ver con haber dejado de entender que el discurso de los derechos humanos es uno que necesita volver a mirarse permanentemente. (…)  Hoy día no es un discurso que gana las batallas, les sirve a quienes somos convencidos”. 

-¿En qué pie estamos hoy día como humanidad, frente a esta conmemoración del 40 aniversario de la Convención contra la Tortura y el Día Internacional de los Derechos Humanos? Pensando en el escenario geopolítico actual.
-Complicado. Esa es la primera palabra. Complicado porque la arquitectura jurídica que se diseñó hace 76 años con la Declaración Universal fue una promesa hecha, digamos, a la sombra del horror del Holocausto y lo que viene después de eso es un desarrollo, yo diría, diplomático, pero esencialmente jurídico. O sea, se van construyendo mecanismos que le dieron juridicidad a una postura política a favor de los derechos humanos y de la universalización de los derechos humanos. Entonces, jurídicamente se van creando nuevos mecanismos y uno de esos mecanismos es la Convención contra la Tortura en 1984.

Y es algo que incluso lo comentaba con algunos colegas del Comité cuando terminamos la última sesión en Ginebra, ahora en noviembre. Tuvimos una sesión de conmemoración de los 40 años con los distintos mecanismos universales sobre prevención contra la tortura. Cuando se crea la Convención en 1984, si hubiésemos pensado que 40 años después estaríamos donde estamos, que es un mundo con una impugnación directa e indirecta a esta idea universal de los derechos humanos. Eso creo yo que es lo más llamativo, lo más preocupante, porque no tiene un horizonte determinado, más bien lo contrario.

Lo que viene ahora es, por ejemplo, que en el país que históricamente ha sido el principal financista del sistema de Naciones Unidas llega a la presidencia alguien que descree del sistema de Naciones Unidas, que descree en general de los proyectos multilaterales. Ahora, el error sería singularizar en un solo foco geopolítico esto. Ha sido un proceso, creo yo, de desmantelamiento que lleva un par de décadas, que termina la Guerra Fría y viene un espacio que es, desde este punto de vista, muy interesante, en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas parece tener consenso en algunas cosas, bien básicas, pero hay consenso, es decir, no hay vetos entre los cinco miembros permanentes.

Y eso se rompe el año 2011, básicamente, con la situación en Libia. Y desde entonces lo que tenemos es un Consejo de Seguridad que está fragmentado, por lo tanto, se muestra incompetente frente al rol fundamental que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Entonces, por un lado, el contexto geopolítico es súper complicado en el que se conmemoran los 76 años de la Declaración y los 40 años de la Convención contra la Tortura. Al punto que, un ejemplo muy logístico, no sabemos si el próximo año vamos a poder tener sesiones para examinar a los Estados, porque la crisis financiera en Naciones Unidas es de tal envergadura que no están en condiciones de asegurar que los mecanismos que los propios Estados han creado van a poder operar.

-Ahora, la pregunta que cae al cajón es, ¿cómo se sigue? Está toda la discusión en torno a cambiar el sistema de gobernanza del Consejo de Seguridad, por ejemplo. ¿Ha madurado ese debate?
-No ha madurado, porque es muy reciente. Si bien es una discusión que viene hace mucho rato, el debate reciente es entender que el sistema no nos había tocado que se mostrara tan incompetente como se ha mostrado en los últimos dos años. Eso sí es muy reciente. 

Por lo tanto, me parece que hay dos desafíos que son muy concretos. Uno –en el cual yo no tengo ninguna competencia– que es financiero. Hay gente que va a tener que tomar decisiones presupuestarias, porque no alcanzan los recursos, porque los Estados no están contribuyendo como se han comprometido a hacerlo. Pero hay otro que tiene que ver con el lenguaje del multilateralismo, el lenguaje de los derechos. 

En este día en que estamos conmemorando fechas importantes, la Declaración Universal, la declaración contra la tortura, la Declaración de Cartagena sobre personas refugiadas que cumple 40 años, es relevante revisar el lenguaje que utilizamos, yo creo que la comunidad de los derechos humanos se apoltronó y dejó de persuadir, dejó de entender la necesidad de convencer a otros respecto de por qué son importantes los derechos humanos, cómo se pueden proteger, cómo se deben promover y bastó con que simplemente por el hecho de que existían ciertos instrumentos, entonces la partida cultural de conversación y de diálogo estaba ganada.

Buena parte del retroceso que hemos vivido en los últimos 15 años tiene que ver con haber dejado de entender que el discurso de los derechos humanos es uno que necesita volver a mirarse permanentemente y que lo que ha hecho –y yo creo que ha sido un problema– es expandirse a un punto que a veces se hipertrofia.

Cuando yo planteo esto en algunos foros, generalmente académicos, una primera respuesta es que es un discurso conservador que busca impugnar la idea de los derechos humanos y yo disputo eso. Creo que al revés, la forma de proteger el discurso de los derechos humanos es revisitarlo de manera de hacerlo nuevamente persuasivo. Hoy día no es un discurso que gana las batallas, les sirve a quienes somos convencidos sobre la importancia de los derechos humanos y, por otro lado, tiene otro discurso que lo impugna directa e indirectamente, por ejemplo, en materia migratoria, en materia de seguridad ciudadana y ahí tú lo ves claramente.

El discurso de los derechos humanos se transforma en un obstáculo, en lugar de ser algo que permita al Estado tomar mejores decisiones para enfrentar problemas migratorios, para enfrentar problemas de delincuencia, etc. 

-Es la misma lógica que aplica, por ejemplo, en lo que han medido las últimas encuestas respecto a que hoy día la gente está dispuesta a sacrificar libertades en pos de mayor seguridad. A lo que se suma el avance de algunos liderazgos que han puesto en cuestión a los organismos internacionales para la resolución de problemas como migración o seguridad… 
-Toda la razón. Ahora, eso ha pasado siempre. Porque, por ejemplo, los problemas de orden público son más agudos. Pero la tensión que subyace, lo que está de fondo, que es los derechos humanos por un lado y la protección del orden público por el otro, siempre ha estado vigente. Y la respuesta desde el punto de vista de los derechos fundamentales siempre ha sido la misma.

No son cuestiones que se excluyen, sino que deben estar unidas. O sea, tú tienes que ser capaz de llevar adelante políticas de prevención del delito, de castigo, sin que eso signifique excluir la preocupación por los derechos humanos. Al revés, si tú tienes una política criminal que se toma en serio la protección de los derechos humanos, tienes derecho y deber como Estado a prevenir y castigar los delitos, con mayor severidad si son más graves, sin que ello signifique que estás necesariamente vulnerando los derechos.

Lo importante es la legitimidad de esa decisión. Entonces, en Chile, algo que yo creo que sí es especialmente preocupante, es cómo se ha ido horadando la idea de tener una institucionalidad que se hace cargo responsablemente y, por lo tanto, legítimamente, de enviar a alguien a la cárcel, de castigar. Y se validan, entonces, la autotutela, las llamadas detenciones ciudadanas.

Eso me parece que tiene el efecto a mediano o largo plazo que es muy dañino para un Estado democrático, porque las instituciones se van debilitando. Son más débiles de lo que eran antes, porque la idea de los derechos humanos es nuevamente un obstáculo, es un problema. Los jueces de garantía, cuando se crearon, hay un consenso de que era importante que hubiese alguien que cautelara las garantías fundamentales. Es un problema hoy día, es un obstáculo. El INDH lo mismo, para muchos es un obstáculo.

-Entremos al debate sobre el INDH, aterrizando lo que pasa aquí en Chile. ¿Cuál es tu lectura de la disputa política en torno al instituto respecto a su autonomía y los intentos de reducción presupuestaria, junto a los sitios de memoria, en el marco del Presupuesto 2025? ¿Cómo proyectas que va a evolucionar esa discusión
-Yo le pondría mucha atención a lo que va a ocurrir ahora en 2025 con esta comisión asesora para el fortalecimiento del instituto. Que es algo que surge en el contexto de la discusión presupuestaria. Primero en la Cámara de Diputados queda sin presupuesto, el Senado lo repone, pero con esta condición. Entonces uno debería preguntarse a qué responde este ímpetu de que el INDH reporte dos veces al año en temas de educación, en temas de seguridad y esta comisión asesora.

Es una institución que hoy día, creo yo, está en una posición debilitada producto de los vaivenes políticos. Me parece que el INDH ha quedado como medio atrapado en la disputa política partidista y eso es, en esta materia, muy peligroso. Ojalá sacar al INDH de ahí, sacarlo de la rencilla política partidista, dotarlo desde luego de autonomía, fortalecer ese consejo.

-¿Fortalecerlo cómo? 
-Hay quienes piensan que son muchos los consejeros, que deberían ser menos. No lo sé. Hay una dimensión de esto que es institucional, que es lo que va a examinar esta comisión. Hay otra que tiene que ver con la forma en que los consejeros y las consejeras se entienden a sí mismos. Tú puedes hacer ciertas cosas institucionales, pero también necesitas que la gente que está ahí adentro se comporte de una cierta forma.

Hay un deber en la medida que el consejo aparece desde afuera a ratos fragmentado, eso debilita la autoridad, la capacidad de persuasión que tiene el Instituto. Un consejo que aparece más cohesionado, tiene mejores capacidades para poder persuadir y hacer lo que tiene que hacer, que es impugnar las labores del Estado, como lo decía por lo menos el propio Presidente Boric en el discurso del lanzamiento del informe anual del INDH. 

-Ahora, dejando el tema del INDH, ¿cómo podemos aterrizar, a propósito de las labores del Comité, el tema de los malos tratos acá en Chile? 
-Desde el Comité contra la Tortura, desde luego tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ese es el mandato.

Y eso se va, posteriormente, desagregando en ciertos espacios. Qué ocurre, desde luego, en las cárceles, en los distintos espacios en que las personas están privadas de libertad. Que eso incluye centros de estadía de adultos mayores, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes. Yo te diría casas religiosas.

O sea, personas que voluntariamente entran a lugares que no son manejados por el Estado, pero que el Estado tiene algún tipo de supervigilancia. Entonces, el concepto de tortura y de malos tratos se va desagregando en distintos espacios, no solo en las cárceles y las comisarías, sino en todas estas otras áreas. Y en eso Chile tiene institucionalidad.

Desde luego el INDH, pero también el Comité de Prevención contra la Tortura. Se habla poco del CPT y es, en los hechos y en el derecho, el que va a estos lugares. El INDH también puede ir, pero el que materializa este mandato desde Naciones Unidas es finalmente el CPT, que visita las cárceles, que visita los lugares de privación de libertad, incluidos, por ejemplo, centros hospitalarios, centros de salud mental. Ahí, creo yo, hay un velo que correr y ver qué es lo que está pasando en Chile, en estos otros espacios en los que no tenemos necesariamente tanta información.

-¿En qué se traduce ese observar, por ejemplo, en contexto de ser personas que están bajo la tutela del Estado? ¿En qué se traduce esa supervigilancia que se tiene hoy día en estos espacios tan complejos? 
-Se traduce primero en prevención. Hay mecanismos que utiliza el Comité de Prevención de la Tortura. Hay casos en que la prevención ya no ocurrió, y ahí lo que corresponde es la investigación y, desde luego, la reparación. También se traduce en un llamado al Poder Judicial. Los jueces de garantía tienen el poder, y debieran ocuparlo, para servir de mecanismo de prevención de la tortura.

En el Congreso lo veo mucho más difícil por las lógicas internas de la política. Pero desde luego el Ejecutivo, un Gobierno, debe estar comprometido con la idea de los derechos humanos. En esta materia lo que es clave es reparar, investigar y establecer responsabilidades. Reparar en todo lo que sea posible y disponer garantías de no repetición. Y ahí el poder político es fundamental.

¿Cuáles van a ser los mecanismos que ellos van a diseñar para que los niños que están bajo la protección del Estado, donde el Estado actúa como garante, estén efectivamente protegidos y no sea un espacio de vulneración de derechos? En eso Chile va a ser examinado prontamente por el Comité, no sé si el próximo año o comienzos del 2026.

Y, por lo tanto, estas materias van a estar puestas sobre la mesa directamente desde el organismo de Ginebra que examina a los Estados. 

-¿Qué otros hitos importantes que están ocurriendo en Chile hay que observar en materia de resguardo de los derechos humanos?
-Si tuviésemos que priorizar, yo llamaría la atención sobre la manera en que a cinco años del estallido social se ha resignificado lo que ocurrió allí. Algo que entonces pareció tener cierto consenso, hoy día es como si fuese contaminante y la gente quiere escapar de hacerse cargo de lo que ocurrió, que fueron violaciones a los derechos humanos, en muchos casos violaciones que constituían actos de tortura.

A pesar de las alrededor de 10 mil denuncias que ingresaron en la Fiscalía entre octubre de 2019 y marzo de 2020, solo haya una sentencia por tortura. Los casos se han tramitado como violencia innecesaria o por condenas por apremios ilegítimos. Y eso tiene que ver con la discusión pública, esta resignificación de lo que ocurrió, entenderlo todo en clave de delincuencia.

Mirando hacia adelante, creo que es absolutamente fundamental hacerse cargo de las víctimas de la violencia estatal, que está documentada, no solo por organismos chilenos sino también internacionales. Sería muy lamentable que pasara el tiempo, como está pasando, sin que exista desde una comisión de verdad que examine que el Estado se haga cargo de lo que sus fuerzas hicieron sobre sus propios ciudadanos y, porque se hace cargo, entonces establece medidas de reparación. O sea, verdad, reparación, desde luego justicia.

Como ocurrió en el pasado, este es un pasado reciente, más corto, donde se produjeron violaciones a los derechos humanos generalizadas.

De eso me parece a mí, no hay duda, pero sí hay un intento, más o menos deliberado por reinterpretarlo como una especie de pulsión delictual que ocurrió en Chile. Y yo creo que la situación no fue así.