Las universidades, la política y la crisis en la UFRO

El presente escrito expone un acercamiento parcial sobre alguno de los factores que podrían explicar la crisis financiera de la Universidad de La Frontera entendida como la expresión de un sistema que presiona negativamente el funcionamiento de las Universidades estatales. Antes, debo aclarar las siguientes premisas: 

1. La actual crisis de la Universidad de La Frontera es solo una expresión más de la crisis estructural del sistema universitario chileno. Esta crisis estructural se juega en dos dimensiones: a. cada vez más son las voces que deslegitiman el rol y la importancia de las universidades públicas y estatales en el desarrollo nacional. Por consiguiente, no existen incentivos políticos para asegurar su funcionamiento y viabilidad b. la imposición de un modelo de gestión orientado por principios mercantiles bajo restricciones público-burocráticas. 
2. Cualquier mecanismo para administrar la crisis necesita de una configuración organizacional que incluya democráticamente a los 3 estamentos. Esto debe llevar aparejada la creación de un nuevo gobierno de transición, con criterio académico y de capacidades técnicas probadas que administre la crisis y genere las condiciones democráticas para futuras elecciones. 
3. El gran desafío es la recuperación del «sentido universitario» dentro de la comunidad. Se ha transitado desde una cultura organizacional orientada a la defensa de la educación pública y estatal (independiente de las posiciones contingentes), hacia una cultura corporativista, orientada hacia el control, la respuesta acrítica de indicadores y la exaltación del rendimiento individual. 

La Universidad de La Frontera (UFRO) es una de las principales universidades en la macrozona sur y austral del país. Actualmente se enfrenta a una crisis financiera que afecta al conjunto de su comunidad universitaria, especialmente a funcionarias y funcionarios que han tenido que enfrentar a un masivo proceso de desvinculaciones. El duro plan de ajuste acompañado por la superintendencia ha sido la solución tecnocrática seguida por el saliente gobierno para administrar la crisis y superar el déficit financiero institucional. Este instrumento se presenta como la única fórmula diseñada por las autoridades para acelerar la resolución del conflicto. En frente, estructuras organizacionales debilitadas y despolitizadas, con ausencia de cuadros políticos que hagan factible la posibilidad de contener la crisis y los despidos por la vía política. La ausencia de un proceso constructivo a nivel estamental denota la carencia de lecturas de largo plazo y la ausencia de respuestas efectivas para contener los golpes de una mala gestión. Urge la unidad, urge la construcción orgánica, urge la solidaridad y el sentido universitario.

A la fecha, la Junta Directiva ha decidido crear un nuevo Gobierno Universitario para reorganizar sus vicerrectorías, intentando con ello, recuperar la legitimidad política perdida. Sus principales objetivos serán la configuración de un escenario de transición para adelantar el proceso eleccionario y elegir un nuevo gobierno. A su vez, esto permitiría enfrentar la crisis de gobernabilidad instalada. La pregunta que se le presenta a los diversos actores ¿Un gobierno de transición es suficiente? Según mi opinión, lo que se ha quebrado en la Universidad, no es solo un gobierno de turno, sino más bien, lo que se ha quebrado es la confianza al interior de la comunidad. Una comunidad que se ha visto enfrentada a una política organizacional elitizada, sin criterio académico ni universitario y funcionalizada a una adaptación pasiva a los mecanismos de evaluación mercantil (marketing) y estatal (acreditación). Bajo el actual régimen de gestión, la universidad como institución “se caracteriza por un ahorro de pensamiento”. Tristemente paradójico, pues es en la universidad donde estamos llamados a pensar. 

La crisis es estructural y será nacional. Según la Superintendencia de Educación superior, al menos 9 instituciones (15,5%) se encuentran en una situación de riesgo financiero. Sugiero que la crisis no es estrictamente financiera: si como sociedad nos enfrentásemos a que fuerzas conservadoras buscaran privatizar las universidades del país, tendríamos la capacidad de responder, pues ya se encuentra instalado en nuestro imaginario colectivo que la educación pública debe ser un derecho. Sin embargo, el riesgo que corremos ahora se encuentra en otra clave: la ausencia de sentido universitario, la carencia de un horizonte en el cual la formación profesional y la generación de conocimiento se releven como factores estratégicos. Sin embargo, para ello, hay que repensar la academia, la ciencia, su rol en la sociedad. Hace falta responder a preguntas ético-políticas sobre el «para qué» y «para quien» generamos conocimiento. 

5 tesis pendientes por argumentar: 

1. Robustecer las organizaciones estudiantiles, funcionarias y académicas bajo la premisa de la unidad y la democracia interna. Las tesis que defienden la fragmentación de cada estamento solo son útiles para debilitarlos política y orgánicamente. Las orgánicas deben mejorar su posición de fuerza al interior de la institución.
2. Hace falta por parte de las autoridades universitarias, construir un discurso de unidad y futuro. La viabilidad institucional solo es factible si no hacemos caso omiso al quiebre organizacional. Esto requiere que la universidad se atreva a innovar organizacionalmente, reconfigurando sus estructuras operativas e integrando a los diversos estamentos en diálogos que proyecten el futuro de la organización. 
3. La salida de la crisis requiere al conjunto de la comunidad universitaria. Ya se ha definido que la transición estará a cargo de un nuevo Gobierno Universitario. Queda generar una instancia de contrapeso, en donde las orgánicas estamentales participen y deliberen sobre la definición de acciones estratégicas efectivas. 
4. La unidad no es antojadiza. Es necesaria. Existen actores políticos que, a través de su poder mediático, han utilizado la crisis en la Universidad de La Frontera como argumento para deslegitimar la educación pública y estatal, socavando la legitimidad de las Universidades y su importancia para el desarrollo nacional. 

Se podría estar configurando un año 2025 de alta conflictividad social. Esta vez de carácter nacional, donde el centro de atención sea el financiamiento a la Educación Superior y el aseguramiento de su viabilidad operativa. Frente a cualquier eventualidad, las comunidades universitarias son el único dique de contención a cualquier pretensión política que busque dañar la educación superior. Recordar que ya en Argentina se habla de «Cientificidio»: El gobierno de Milei ha sido responsable de destruir sistemáticamente las capacidades científicas de su país a través de recortes presupuestarios.