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Chamorro, quien fue reelecto por un tercer periodo, enfrenta una investigación por corrupción, cohecho y administración desleal, por el caso Puerto de Coronel.
La Corte de Apelaciones de Concepción mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno para el alcalde de Coronel, Boris Chamorro (PS), quien fue reelecto por un tercer periodo, mientras enfrenta una investigación por corrupción, cohecho y administración desleal, por el caso Puerto de Coronel.
Chamorro, quien se encuentra en calidad de imputado por el Ministerio Público, es acusado por 21 delitos de cohecho debido a la recepción “constante y mensual”, de montos que suman un total de 82 millones de pesos.
El militante socialista está siendo indagado junto a otros seis imputados, entre ellos, el concejal Eduardo Araya Poblete, además de los empresarios Víctor Olivares Matamala, a quien se le acusa de soborno, y Hernán Romero Sáez, hermano del diputado Leonidas Romero, quien hoy integra la bancada republicana.
El pasado 16 de diciembre el Juzgado de Garantía de Coronel determinó que la autoridad comunal quedara con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Medidas ratificadas por la Sexta Sala del tribunal de alzada que mantuvo la resolución y rechazó enviar al alcalde a prisión preventiva, desechando los argumentos expuestos por la Fiscalía.
La representante del Ministerio Público, Glenda Lagos, justificó la solicitud de prisión preventiva señalando que “estamos hablando de delitos reiterados; además, no es la única investigación que se sigue en contra del imputado Boris Chamorro, ya que existe una indagación en la denominada causa ‘capacitaciones fantasmas’. Él sigue siendo autoridad, por lo que los delitos podrían volver a ocurrir”.
Por su parte, el procurador fiscal del CDE, Georgy Schubert, calificó como “un peligro” mantener a Chamorro como alcalde. “Cuando la máxima autoridad de una comuna recibe pagos del presidente del directorio de la principal empresa de la comuna, yo diría que las instituciones tiemblan. (…) Imagínense lo que sería el escándalo de que senadores o ministros recibieran pagos (…). Estos aspectos son graves y corresponde a la proporción de las medidas cautelares que solicitamos”, dijo.
