
Barriga y Lavín: Fiscalía investiga uso de fondos municipales en causas judiciales del matrimonio
La Fiscalía investiga si la Municipalidad de Maipú, bajo la gestión de Cathy Barriga, utilizó fondos públicos para pagar servicios legales en una demanda civil contra ella y su esposo, Joaquín Lavín León. Correos y testimonios revelan la contratación de la empresa de asesoría judicial Legalcorp.
La Fiscalía Metropolitana Oriente indaga la contratación de la empresa Legalcorp por la Municipalidad de Maipú durante la gestión de Cathy Barriga, por el presunto uso de fondos públicos para costear servicios legales vinculados a una demanda civil contra la exalcaldesa y su esposo, Joaquín Lavín León.
La investigación, liderada por la fiscal Constanza Encina, se enmarca en el caso por fraude al Fisco que atribuye a Barriga un perjuicio de más de $31 mil millones y busca determinar, entre otras cosas, si que existió uso de recursos municipales con fines personales, en un caso judicial que suma nuevas aristas al proceso por fraude al Fisco en contra Barriga.
Esto, luego que el Ministerio Público recopilara correos electrónicos y declaraciones de exfuncionarios que revelaron la relación entre el municipio y la empresa jurídica Legalcorp. Carolina Paz Hervias, abogada del municipio entre 2017 y 2018, confirmó que la empresa fue contratada para el seguimiento de causas judiciales. “Nos informaban el estado de las causas y efectuaban anuncios y suspensiones”, declaró la abogada, quien expresó que le “llamó la atención que estuviera el nombre del diputado Lavín en una de las causas”.
Felipe Contreras Huckstadt, exdirector jurídico de Maipú, admitió también haber ordenado el seguimiento de dichas causas por instrucción del funcionario Carlos Fairlie, asegurando que “no lo hice por decisión propia”. Fairlie, en tanto, negó conocer a Legalcorp y afirmó que actuó tras ser alertado por Lavín previo a las “contrataciones que Felipe Contreras iba a efectuar”.
La demanda en cuestión fue interpuesta en 2014 por Patricio Muñoz Campos, exadministrador electoral de Barriga y Lavín, quien los acusó de adeudarle cerca de $30 millones por servicios de distribución y logística en sus campañas. Muñoz detalló que su labor incluyó la entrega de material electoral en comunas como Cerrillos, Estación Central y Maipú, pero el caso terminó por abandono del procedimiento.
Cristóbal Bonacic, abogado de Barriga, rechazó las acusaciones, asegurando que “las causas son anteriores al periodo de Cathy y terminaron en diciembre de 2016”. Además, celebró el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó revisar la prisión preventiva de la exalcaldesa, calificando de “arbitraria” la negativa previa del 9° Juzgado de Garantía.