Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento: una oportunidad histórica

En pocos días más, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, debería entregar al Presidente de la República sus propuestas que busquen sentar las bases para dar una solución de mediano y largo plazo a las demandas de tierras del pueblo mapuche y de sus comunidades, hasta ahora no satisfechas. Dichas propuestas, de considerar un enfoque de derechos, podrían representar una oportunidad histórica para enfrentar de manera estructural uno de los temas principales del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche; el reconocimiento de las tierras de las cuales el pueblo mapuche fue desposeído y que forman parte de su memoria histórica.

Cabe hacer presente que durante parte del año 2023, el año 2024 y los primeros meses de 2025, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, ha trabajado en búsqueda de alcanzar un acuerdo entre sus miembros con miras a generar propuestas políticas y legislativas que permitan avanzar hacia su objetivo.

La Comisión sesionó en diversas ciudades de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el territorio tradicional mapuche en el sur de Chile, recibiendo en audiencias a representantes de organizaciones mapuche, gremios productivos, sociedad civil y autoridades locales. Además, abrió espacios de participación como los Diálogos Interculturales (espacios de diálogo multi actor realizados en 11 ciudades), y los Encuentros Territoriales Autoconvocados dirigidos a organizaciones mapuche. Lamentablemente, estas instancias no concitaron una participación amplia en el pueblo mapuche debido tanto a su escasa  difusión en comunidades como a la desconfianza de las organizaciones mapuche en el proceso. Pese a ello, principalmente en los Encuentros Territoriales Autoconvocados mapuche surgieron propuestas relacionadas con la necesidad del reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de este pueblo, incluyendo la autonomía y la participación política, así como del reconocimiento del derecho a las tierras de ocupación tradicional de las que han sido desposeídos. 

Por su parte, un conjunto de organizaciones mapuche de diversos territorios hicieron entrega a la Comisión de una serie de informes que dan cuenta de los fundamentos que sostienen las reivindicaciones sobre sus tierras de ocupación tradicional, con la legítima expectativa de que estas  fuesen consideradas en las propuestas finales de la Comisión.

Es necesario detenerse en el tema de las tierras de ocupación tradicional (o tierras antiguas), por cuanto su restitución históricamente ha sido una de las principales reivindicaciones del pueblo mapuche que no ha sido atendida de manera sustancial por ninguna de las Comisiones anteriormente impulsadas desde el Estado, lo cual ha incidido en el recrudecimiento del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. En efecto, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato centró su análisis y propuestas en la tierras reduccionales, de carácter comunitario, que el Estado tituló a nombre de diversos espacios mapuche, los denominados Títulos de Merced o Títulos de Comisarios, sin considerar propuestas para abordar el desposeimiento de  aquellas tierras ancestrales o de ocupación tradicional sobre las cuales el pueblo mapuche históricamente, previa a la invasión militar del Estado de Chile, desarrolló su vida como pueblo, y mantiene una estrecha vinculación material y cultural. A diferencia de dicha Comisión, cuyas limitadas propuestas nunca fueron implementadas por el Estado, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue mandatada por el Presidente Boric para determinar la demanda real de tierras de las comunidades  mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos para la reparación por la vía institucional. Por lo mismo, ella debería en sus conclusiones formular propuestas y establecer mecanismos para abordar y dar respuesta por esta vía a la problemática de dichas tierras nunca  reconocidas por el Estado a la fecha.

Cabe señalar que los derechos de pueblos indígenas sobre sus tierras de ocupación tradicional se encuentran reconocidos no solo en el derecho internacional y en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también han estado al centro de las políticas y normativas en  países como Canadá, Brasil, Colombia, Nueva Zelandia, entre otros, contribuyendo con ello a resolver conflictos de larga data entre los pueblos indígenas y dichos Estados.

Es sabido que el debate interno de la Comisión se ha centrado en cinco ejes: Tierras y Territorios; Institucionalidad; Justicia y Reconocimiento; Desarrollo Territorial; y Reparación a todas las víctimas.  No obstante, ha trascendido que la Comisión, dada su composición que además de personalidades del mundo mapuche incluye representantes del mundo empresarial y de los agricultores descendientes de colonos radicados en la zona,  ha tenido mucha dificultad para lograr acuerdos en estas materias. En particular dado el rechazo y cuestionamiento por parte de estos últimos integrantes a acordar  propuestas para la generación de mecanismos de reparación relativos a las tierras de ocupación tradicional, las que representan una parte importe de la demanda territorial del pueblo mapuche entre las regiones del BioBío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

Todas estas circunstancias generan un clima de incertidumbre respecto a la posibilidad de avanzar en los acuerdos necesarios que permitan construir la paz social en el sur de Chile. Es de esperar que no se desaproveche esta oportunidad histórica de generar condiciones que signifiquen un avance cualitativo y cuantitativo hacia la construcción de respuestas estructurales en la reconstrucción del equilibrio social y la convivencia pacífica de todos los actores que habitamos en las regiones que conforman el territorio histórico del pueblo mapuche. Para tal fin, es necesario que se considere de manera seria y estructurante la identificación y resolución de los conflictos relacionados con las tierras de ocupación tradicional mapuche, basándose en los estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas y en la consideración de las demandas que el pueblo mapuche y sus organizaciones han hecho llegar a la Comisión.