El laberinto de la investigación de la SEC y la condición de CODELCO

En mayo de 2024, CODELCO firmó un acuerdo con SQM para entregar a una nueva empresa creada entre ambas mineras la explotación del litio en el Salar de Atacama. Este acuerdo establecía una condición clave: la investigación llevada adelante por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) contra SQM debía estar sustancialmente terminada antes de que se pudieran suscribir los actos definitivos del contrato. En caso contrario, CODELCO solo podría proceder si otorgaba un “waiver”, es decir, si renunciaba explícitamente a esta condición. Este aspecto del acuerdo ha sido uno de los temas más debatidos de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que fiscaliza eventuales irregularidades en la transacción entre ambas empresas.

Las inconsistencias en la información surgen de inmediato. Primero, en la versión pública del acuerdo, todos los detalles relativos a la investigación de la SEC están tachados. ¿Por qué ocultar información sobre un factor tan determinante? Más aún, mientras que SQM ha insistido en que no tienen información sobre la investigación porque esta es reservada, el presidente de CODELCO, Máximo Pacheco, y la abogada de la cuprífera han asegurado que, según sus averiguaciones, la investigación no aborda ningún hecho constitutivo de delito.

Aquí es donde surgen las contradicciones: el acuerdo no exige que la investigación concluya sin determinar delitos. Una simple sanción administrativa que establezca la existencia de actos de corrupción, aunque no califique como delito, bastaría para incumplir la cláusula. Pero incluso la sola demora en el cierre de la investigación podría considerarse un incumplimiento, ya que impide la certeza jurídica que esta condición buscaba garantizar y de hecho podría demorar indefinidamente la firma. Y, si la investigación es reservada y ni siquiera SQM tiene acceso a sus detalles, ¿en qué se basa CODELCO para afirmar con tanta seguridad que no involucra delitos? ¿Tienen información privilegiada que el resto del país desconoce, en cuyo caso deberían revelarla? ¿O solo especulan, intentando proyectar una tranquilidad que nadie ha pedido?

Pero el verdadero problema de fondo es otro: todo indica que esta investigación puede tardar años en resolverse, como ha sucedido en casos similares. Cuando llegue el momento de celebrarse—si es que llega—los actos definitivos que materialicen la alianza entre ambas empresas, lo que debió ocurrir en enero de este año pero que Pacheco ya proyecta para fines de 2025, CODELCO deberá decidir si, en nombre del Estado de Chile, sigue adelante con el acuerdo pese a eventuales antecedentes de corrupción en su socio, o si mantiene la condición suspensiva que exigió hace pocos meses. Si otorga el “waiver”, ¿qué mensaje envía el Estado de Chile respecto a su tolerancia frente a la corrupción? Si no lo otorga, ¿qué consecuencias tendrá para el acuerdo que, según el gobierno, es la mayor decisión empresarial del país en los últimos 50 años?

El tiempo corre, pero las respuestas no llegan. Y, mientras tanto, Pacheco insiste en que todo está bajo control. Como si fuera tan sencillo ignorar estas interrogantes.