DEPORTES
Créditos: Agencia Uno
En su exposición en la Comisión, Pérez sostuvo que hay 21 resoluciones que deben revisarse para verificar la legalidad de las contrataciones de las obras del evento, las que han sido ejecutadas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND).
Fiu se encuentra limpio, al menos eso definió la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados tras la acusación que realizó la controladora Dorothy Pérez en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.
En su exposición en la Comisión, Pérez sostuvo que hay 21 resoluciones que deben revisarse para verificar la legalidad de las contrataciones de las obras del evento, las que han sido ejecutadas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND). En concreto, se acusaban de la no rendición de 194 mil millones de pesos para el evento polideportivo.
A pesar de los argumentos descritos, la Comisión Investigadora de la Cámara Baja descartó irregularidades, retrasos o deficiencias en Santiago 2023.
Radio ADN tuvo acceso al documento en que el organismo descartaba las irregularidades. “Hay una serie de cuestionamientos, los cuales se han podido despejar a raíz de las exposiciones y antecedentes entregados por los diversos actores”.
Asimismo, se acreditaron los aumentos en el presupuesto inicial (cerca de 153% sobre el original), las que tenían la acusación de sobreprecio en licitaciones.
En este punto, se puso como ejemplo al Parque Estadio Nacional, indicando que “es natural que los contratos sufran modificaciones, en especial estas obras, que fueron concebidas durante un periodo de incertidumbre vivido a nivel mundial, provocado por la irrupción del covid-19 y su extensión en el tiempo”. También se señala que “el crecimiento del monto de los contratos entre su inicio y su actual condición (en proceso de recepción) se establecen entre 31 al 36%, cuyo crecimiento se explica principalmente por el efecto inflacionario en el periodo 2021 al 2022”.
Por otro lado, la Comisión al referirse a la rendición de montos, sostuvieron que existe la demostración en los procedimientos en curso y plazos vigentes para llevar a cabo estas rendiciones.
Como ejemplo, se empleó el Proyecto Cerrillos: “Resulta clave mencionar que se acreditó durante el desarrollo de la Comisión que se transfirieron menos recursos que los pensados inicialmente. En concreto, M$6.499, y la entidad cuenta con un plazo vigente para rendir a mayo 2024. En el caso de la Corporación Santiago 2023, para obras de mejoramiento/reposición de infraestructura (M$1.783), cuentan con plazo vigente para rendir a febrero del presente año”.
El rol de la controladora Dorothy Pérez ha sido elogiada como cuestionada en este caso. Esto porque los miembros de la Comisión elogiaron su rol en instruir los sumarios al Instituto Nacional del Deporte ante eventuales negligencias en los retrasos e incumplimientos de las obras del evento.
Sin embargo, la misma instancia criticó el cambio de postura que tuvo Pérez a cinco días de haber realizado las acusaciones, al indicar que no había entendimiento sobre la pérdida de dineros y que había una mesa de trabajo entre el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes y la Contraloría General de la República.
También se le cuestionó el envío de antecedentes al CDE, ya que el proceso “resultaría pertinente al cierre integral del proceso, previsto para junio del presente año 2024, en el evento de que la entidad privada mantenga, a esa data, fondos sin rendir u observaciones del Instituto Nacional del Deporte sin responder”.
La contratación de personas a honorarios por parte de la Corporación Santiago 2023 no ha sido analizado por la Comisión.
