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Crédito: Aton
La información del SII de que 37.100 trabajadores del Estado accedieron en forma irregular al Bono Clase Media, motivó una dura arremetida de la derecha. La jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, junto al diputado Jorge Alessandri, solicitaron a la Contraloría General de la República un sumario administrativo, mientras el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, pidió destituir a los funcionarios públicos involucrados.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) señaló que “el Gobierno una vez más intenta culpar a la ciudadanía por sus errores e improvisaciones” y acusó un “aprovechamiento político de la ultra derecha de denostar la función pública», luego de la denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) que detectó que 437.703 trabajadores obtuvieron el Bono Clase Media declarando un monto menor al real en remuneraciones, entre ellos 37.100 funcionarios del Estado.
La noticia motivó una dura arremetida de la derecha. La jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, junto al diputado Jorge Alessandri, le solicitaron a la Contraloría General de la República iniciar a la brevedad un sumario administrativo en contra de los funcionarios públicos involucrados, mientras el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusó que “el fraude al Bono de Clase Media es grave y requiere investigaciones y sanciones urgentes. Que #DevuelvanLaPlata y destituyan a los funcionarios públicos involucrados en estos hechos”.
El presidente del gremio, José Pérez Debelli, aseguró que la denuncia del SII “viene a confirmar una vez más la seguidilla de errores que ha cometido el Gobierno” en el diseño y la implementación del Bono Clase Media, el cual incluso ya en marcha sufrió ajustes.
“Aquí hay una responsabilidad política del Gobierno, del ministro de Hacienda y también del director del Servicio de Impuestos Internos (…) el diseño de una mala política pública tiene estas consecuencias», señaló.
Al mismo tiempo, el dirigente lamentó que el hecho se preste para una “manipulación política de algunos sectores qué pretenden desprestigiar el rol de los funcionarios públicos y del Estado”.
«No pongamos la amenaza, los funcionarios públicos no están coludidos como lo están los empresarios. ¡Por favor!», indicó el presidente de la ANEF, señalando que no se puede comparar este caso como el Caso Penta, las colusiones empresariales o el “Milicogate” o el “Pacogate”.
Desde la derecha han insistido en sanciones, señalando que el bono es explícito en señalar que los beneficiarios debían acreditar una disminución en sus ingresos de al menos un 30% para acceder. “Lo que denunció el SII es de la mayor gravedad, porque no sólo esos 37 mil funcionarios públicos habrían falseado la información para acceder al bono, lo que incluso puede revestir el carácter de delito, sino que eso significó que muchas personas, en especial las más vulnerables y de la clase media, se quedaran sin esa ayuda económica por la irresponsabilidad de estos funcionarios”, acusaron los diputados de la UDI.
Por su parte, José Antonio Kast planteó que la “Ley Bono Clase Media es clara: quienes recibieron un beneficio que no corresponde deben devolverlo y sanciones concretas a quienes engañen o simulen su situación financiera para obtenerlo. Además, exigimos que funcionarios públicos involucrados sean destituidos”.
El SII estableció un procedimiento para que los trabajadores restituyan los montos percibidos indebidamente, sin reajustes, multas ni intereses, a través de una plataforma disponible en el sitio web de la Tesorería General de la República, hasta el 30 de noviembre. Los recursos fiscales involucrados alcanzan a US$256 millones.
Vea las declaraciones del presidente de la ANEF:
