«Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió», afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se desarrolló por varias horas mediante una plataforma tecnológica.
Una jueza dictó este domingo cuatro meses de cárcel preventiva para la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez por el caso del supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019, informó la propia exgobernante.
«Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió», afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se desarrolló por varias horas mediante una plataforma tecnológica.
Santa Cruz escuchó en audiencia a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores de Áñez y de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, detenidos todos entre el viernes y el sábado.
La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos seis meses de prisión preventiva. Áñez y sus excolaboradores han sido denunciados por la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, por lo que consideró un golpe de Estado contra Morales.
La jueza determinó que Áñez sea trasladada a una cárcel de mujeres de La Paz, mientras que Coímbra a otra de hombres. A Guzmán le aplicó medidas sustitutivas con libertad.
Áñez, quien escuchó la audiencia desde una dependencia policial, agregó por Twitter: «Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor».
La acusación alcanza a otros tres exministros de Áñez (Yerko Núñez de la Presidencia, Arturo Murillo de Interior y Fernando López de Defensa), exjefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía y líderes civiles.
La demanda principal es contra el gobernador electo de la rica región de Santa Cruz (este), el derechista Luis Fernando Camacho, considerado como principal responsable en impulsar la dimisión de Morales a la presidencia, tras 14 años en el poder.
El exmandatario indígena dimitió en noviembre de 2019 tras violentas protestas sociales en todo el país, promovidas por opositores de derecha y centro que denunciaron un fraude del oficialismo en las elecciones de un mes antes. Morales, que se exilió en Argentina, aspiraba a gobernar hasta 2025 de manera ininterrumpida.
