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Créditos: DW
Bolivia vive una jornada de paro convocada por movimientos cívicos, gremios y regiones lideradas por la oposición, que piden el archivo de un proyecto de ley al que achacan extralimitaciones y carácter confiscatorio.
La oposición boliviana cortaba este lunes (11.10.2021) calles y avenidas en tres de las principales ciudades del país en contra del gobierno del presidente Luis Arce, al que acusan de impulsar juicios políticos contra opositores y de buscar aprobar una draconiana ley para investigar fortunas. A un mes de cumplir su primer año de gobierno, el izquierdista Arce sufre las primeras protestas opositoras contra su gestión.
Los bloqueos pacíficos de vías de tránsito se registran con las ciudades de Santa Cruz (este), bastión de la derecha, Cochabamba (centro) y La Paz, según primeros reportes oficiales de la policía. El jefe de esta, Jhonny Aguilera, dijo que en las regiones de «Cochabamba y Santa Cruz hay bloqueos esporádicos que están siendo monitoreados», mientras que el ministro de Gobierno (Interior) dijo que en el resto de los siete departamentos «existe absoluta normalidad».
«La evaluación es positiva, la gente está manifestándose en las calles», declaró el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, uno de los grupos que convocó a esta jornada de paro. En La Paz había cortes de vías en algunos puntos de la ciudad, mientras la policía antimotines desplazó a decenas de efectivos para normalizar el tránsito de vehículos. Los sindicatos de vendedores al menudeo, llamados gremiales, se alistan para paralizar el centro de La Paz en las próximas horas con una nutrida marcha.
La oposición convocó para este lunes una huelga y protestas en rechazo a una propuesta de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que consideran «draconiana». Piden el archivo de el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento Contra el Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La controversia gira alrededor de las facultades extraordianarias que se da a algunas instancias estatales para indagar conductas sospechosas de esos delitos, además de las prohibiciones para evocar reserva, secreto de fuente o profesional y confidencialidad cuando la Unidad de Investigaciones Financieras solicite alguna información.
Los organizadores del paro también denuncian una «persecución política» contra la oposición, como los juicios penales a la anterior presidenta, la derechista Jeanine Áñez; los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002).
En La Paz la dirección departamental del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) emitió un comunicado en el que insta a «defender pacíficamente y garantizar la libre circulación». El Gobierno ha señalado de que la norma busca cumplir estándares internacionales, que no afecta la reserva de fuente en el caso de los medios de comunicación y ha dado alguna señal de retirar el secreto profesional si es un impedimento a que la ley sea aprobada. El oficialismo, en cualquier caso, prepara para el martes marchas en apoyo del mandatario.
