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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revisará dos querellas en contra del Ejecutivo. Una de ellas, presentada por el diputado republicano Juan Eduardo Irarrázaval, fue acogida la semana pasada por el tribunal. Y se suma la presentada por el parlamentario de RN Marcelo Brunet, acogida este martes por la Justicia. La acción ingresada acusa que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia -liderado por Giorgio Jackson- mandó a imprimir más de 700 mil ejemplares del documento cuando la Convención ya había sido disuelta.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, tildó de «show triste» las querellas emanadas desde el Partido Republicano y Renovación Nacional (RN) y que apuntan al delito de malversación de caudales públicos, a raíz del proceso de compra directa de casi 700 mil ejemplares del proyecto de nueva Constitución que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre.
Una de las querellas fue presentada por el abogado y militante de Renovación Nacional (RN) Marcelo Brunet. Y la otra fue interpuesta por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval.
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Para el titular de la Segpres, la presentación de las querellas, se trata de «un show triste en términos políticos» y que «constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como también del ministerio público con evidentes fines electorales». El ministro Jackson recalcó que en la impresión de propuestas de la nueva Constitución no hubo ningún delito: «Lo descarto de manera tajante y completa».
Jackson acusó al diputado republicano de realizar una acción irresponsable, «en momento donde tanto tribunales como la fiscalía se ven todos los días sobrepasados haciendo mucho trabajo para poder perseguir el delito».
Cabe mencionar que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró la admisibilidad de las dos querellas presentadas en contra del Gobierno, especialmente contra la cartera que dirige Giorgio Jackson.
La querella de Irarrázaval no cuestiona la forma en que se generó la compra, sino que asegura que esta acción»“no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022″.
Por otro lado, la querella de Brunet, sí apunta al mecanismo de trato directo para pagar la impresión de los textos. «No había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles, ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades», sostuvo el diputado RN.
El Gobierno imprimió lo ejemplares de la propuesta de nueva Constitución en el marco de la campaña informativa «Hagamos Historia», que ya estaba siendo investigada por Contraloría.
Finalmente, Jackson aseguró que “no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad” y que prestarán toda la colaboración en la respectiva investigación del Ministerio Público.
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