“Uno debería preguntarse qué ha pasado con Carabineros en los últimos años que tantos generales directores han tenido que salir muy prontamente. Eso nos tiene que llevar a pensar en una reforma profunda y estructural para nuestro país”, señaló el director de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos.
Para el abogado y director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, la formalización del general Ricardo Yáñez y otros dos exgenerales de Carabineros, significa un “hito judicial” importante respecto a las graves denuncias por violación a los derechos humanos durante el estallido social.
“Estamos hablando de más de 10 mil denuncias, más de 400 casos de lesiones oculares según el INDH, casos de homicidios, denuncias de violencia sexual y de torturas. En ese contexto, desde Amnistía Internacional planteamos que aquí habían patrones, que estos no eran hechos aislados, y que no solo había que determinar la responsabilidad de los funcionarios que apretaron el gatillo, sino que también de los mandos, y en particular de los tres mandos sobre los cuales se está solicitando la formalización, puesto que ellos tenían atribuciones para poder frenar estas violaciones a los derechos humanos, y tenían antecedentes suficientes para conocer la realidad de lo que estaba ocurriendo y no adoptaron medidas”, señaló.
En esa línea, Bustos afirma que es “insostenible” la continuidad de Yáñez como máxima autoridad de Carabineros, no solamente por la gravedad de los delitos que se le imputan y el proceso de formalización, sino que también por el “perjuicio que causa a su propia institución”, en un contexto donde una de la principales preocupaciones es la prevención del delito y el combate a la delincuencia.
Por otro lado, el director de Amnistía Internacional Chile se refirió a la necesidad de volver a instalar el debate sobre una “reforma estructural y profunda” a Carabineros, considerando que eventualmente Ricardo Yáñez se sumaría a la lista de generales directores que en los últimos años no han concluído su mandato, y que hoy están involucrados en causas judiciales.
“Por cierto hay una legítima aspiración de la ciudadanía en relación al combate contra la delincuencia, a que se enfrenten de mejor manera los temas de seguridad, y en ese contexto las policías juegan un rol central, pero tienen que ser policías modernas, eficientes y que cumplan plenamente con los derechos humanos. (…) Hace muchos años se viene hablando de una reforma, básicamente es patear un problema que va a seguir existiendo en nuestro país y eso lo demuestra el hecho de que justamente han habido tantos cambios en los mandos de Carabineros en los últimos años”, indicó.
Finalmente, respecto a si las policías están mejor preparadas para responder a situaciones de conflictividad social, la evaluación de Rodrigo Bustos es negativa. “Sin lugar a dudas no estamos mejor, porque seguimos teniendo, por ejemplo, una regulación muy deficiente del derecho de reunión en un decreto de ley de la época de dictadura. Además, no tenemos una regulación legal del uso de la fuerza, hay un proyecto de ley enviado por el gobierno pero que está tramitándose muy lentamente, y no ha habido una reforma de las policías de la envergadura que debe existir”.
“Si eso se volviese a producir (el estallido social), la verdad es que tenemos en este momento un marco jurídico y políticas que claramente ponen en riesgo de que se puedan volver a cometer violaciones a los derechos humanos con la masividad y gravedad que se produjeron hace cuatro años atrás”, afirmó.
