La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, comenta el proceso de construcción del proyecto de Ley de Salud Mental Integral, los ejes prioritarios de esta iniciativa y las razones que han demorado su presentación, en tiempos de alta complejidad para el ministerio de Salud.
La salud mental, como eje prioritario para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, ha sido parte de una agenda diversa y no exenta de dificultades a la hora de su implementación. Es el caso del proyecto de Ley de Salud Mental Integral, cuyo ingreso había sido anunciado para fines del 2023, pero que hasta ahora no ha podido ser presentado por diversos factores de contingencia que han modificado las prioridades del Ministerio de Salud.
Así lo explica la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien señala “que la agenda legislativa ha estado con alta demanda, donde el sector salud se ha dedicado a la legislación en torno a la dificultad que atraviesan las aseguradoras privadas de salud, con la Ley Corta Isapres. Por eso también parte de la atención legislativa en materia de salud se ha enfocado obligatoriamente en ese asunto”.
A lo anterior, se sumaría la demora que implica el trabajo interministerial, ya que la ley asignaría “ciertas responsabilidades explícitas al intersector en el cuidado de la salud mental”. Lo anterior, significa coordinación entre los diferentes ministerios para establecer una oferta programática en la materia y una articulación que ha sido “demorosa”.
En ese sentido, la subsecretaria Albagli advierte que prefiere ser cuidadosa y “no anticipar una nueva fecha” para la presentación del proyecto.
“El Presidente de la República cuando le comentó a la nación el Presupuesto del 2024, mencionó que la Ley de Salud Mental iba a ser priorizada dentro de la agenda legislativa para este año. Así que sin dar una fecha, porque como decía hay variables que están fuera nuestro control, y es difícil predecirlo, es algo que está en la más alta prioridad dentro de nuestro Gobierno”, afirmó.
Respecto del proceso de construcción de la ley, la autoridad de salud destacó el desarrollo de diversos diálogos ciudadanos durante el 2023, en diferentes regiones del país.
“Los diálogos ciudadanos han sido un proceso muy interesante en su construcción, el objetivo era poder capturar las expectativas, las necesidades y las opiniones que tiene la sociedad civil con respecto a las necesidades que hay en salud mental, y desde ese punto de vista, qué cosa de aquello puede ser capturado en una legislación para Chile. (…) Participaron 180 comunas, eso quiere decir que tuvimos una representación del 52% del total de comunas que tenemos. Además, cuando lo pensamos en términos de agrupaciones, tuvimos participación en los diálogos de pueblos originarios y de 836 organizaciones sociales distintas”, indicó.
Por otro lado, si bien ya existe un marco legislativo en materia de salud mental en Chile, la evaluación del Ejecutivo identificó grandes vacíos que persisten a la hora de hacer un abordaje integral.
“El 2021 se promulgó la Ley 21.331, que es la legislación actual que tenemos en salud mental. Lo que regula esta ley es el contacto directo entre las personas y los servicios de salud. Entonces, si bien es algo que es importante que esté dentro de la regulación nacional, deja fuera otras cosas que son importantes en salud mental y que aparecieron en los diálogos ciudadanos. Por ejemplo, el trabajo en protección y en prevención de la salud que requiere una mirada intersectorial de varios actores del Estado y de la ciudadanía, cosa de poder proteger previo a que exista un trastorno de salud mental que requiere de atención y de interacción con los servicios de salud”, señaló Albagli.
Otras acciones
Atendiendo a la demora de los procesos legislativos, la titular de Salud Pública destaca iniciativas relevantes que ya están en proceso de implementación, como la Línea de Prevención del Suicidio: *4141.
“Es parte de una de las estrategias del Plan Nacional de Prevención del Suicidio y que la implementamos el 4 de enero del 2023. En el transcurso de todo el año, con corte del 18 de diciembre, la fecha más reciente que tenemos, se atendieron un total de 37.800 llamadas de personas que acudieron en un momento de crisis. (…) Lo que hace la línea, es que ofrece una primera acogida emocional a las personas que llaman y hace una evaluación del riesgo suicida que tiene la persona. A todos aquellos que tienen un cierto nivel de riesgo medio, a un riesgo alto de suicidio, se le hace después un seguimiento posterior a esa llamada, como también a todos los menores de 18 años. Lo otro que hace esta línea, es que notifica a la red, los 29 servicios de salud tienen un gestor de casos de suicidio, entonces hace una notificación a este gestor de caso para que esa persona sea priorizada en su atención en la red”, puntualizó.
En esa línea, Albagli agregó que “uno de los indicadores que destacamos es que hasta la fecha el 97,5% de las llamadas esperan menos de un minuto para ser atendidas, es un indicador súper importante porque evidentemente las personas que llaman lo hacen en una situación de crisis y por ende, los tiempos de espera son importantes”.
