El académico de la UDP señala que como país “tendríamos mucha suerte si no se deriva de aquí una validación y una expansión de la corrupción policial, lo que tendrá un impacto sobre todo en las áreas de crimen organizado. Porque es allí donde los detectives normalmente enfrentan mayores presiones”.
El director del Departamento de Clínicas Jurídicas UDP, Cristián Riego, califica como “grotesco” el caso de filtraciones que hoy tiene al exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, en prisión preventiva. A juicio del académico, el Poder Ejecutivo puede transformarse en cómplice de las peores prácticas de corrupción, “porque un abogado que habla por el Gobierno, obviamente, tiene influencia sobre la designación del director de Investigaciones, pero también de los jueces, de los fiscales, etcétera”.
“No digo que esto sea generalizado, pero lo que vimos en este caso es que el poder político –concretamente el Gobierno– es parte principal del problema. Se actúa además de una manera especialmente poco prolija, porque uno pensaría que si el Ministerio del Interior tiene alguna información especial que pedirle al director de Investigaciones, bueno, que sea a través de una reunión formal. Yo podría comprender que en algunos casos puede ser necesario, pero no que operen a través de un abogado, que además tiene causas privadas. La verdad es que lo que aquí ha ocurrido es grotesco, porque estamos hablando de dos organizaciones del Estado, como son el Poder Ejecutivo y la Policía de Investigaciones, que se relacionan a través del peor de los medios imaginables”, afirma.
Asimismo, el académico de la UDP señala que la crisis que gatilló la formalización de Sergio Muñoz obliga a diseñar algunas modificaciones a la estructura de gobierno de la PDI.
“Vemos que ya no funciona un sistema en el cual hay una especie de monarca absoluto. Hay un director que en realidad puede hacer lo que se le antoje, no tiene controles horizontales, donde el Gobierno tampoco tiene la capacidad de controlarlo. En este caso, además, entró en complicidad con él. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar alguna forma de control, supervisión de la PDI por algún tipo de organismo, un consejo de jefes de la propia PDI que pueda tener alguna voz un poco más fuerte”, precisa.
En esa línea, agrega que la designación del director general también debiese tener algunos cambios. “Comenzar con una transparencia mayor, por ejemplo, hacer una designación más pública, dar a conocer las carpetas con los antecedentes. (…) Por ejemplo, se podría hacer algún tipo de comisión asesora del Gobierno que recomendara candidatos, que analizara los antecedentes y que dijera cuál candidato parece cumplir de mejor manera con los requisitos, que los entrevistara, y que el Gobierno tuviera ese antecedente como un elemento a considerar. Porque, desgraciadamente, sabemos que en Chile todas estas cosas están rodeadas de las peores prácticas”, recalca.
El penalista también advierte que, si bien el impacto total lo vamos a medir en mucho tiempo más, es evidente que habrá un daño en la credibilidad de la Policía de Investigaciones frente al Ministerio Público.
“Pero a mí eso no es lo que más me preocupa, lo que más me preocupa es el daño que esto va a producir, ni siquiera en las investigaciones con trascendencia política –donde también es evidente que lo va a producir–, sino que en las investigaciones más importantes que hoy día se llevan, que son las que dicen relación con el crimen organizado y con la violencia. Porque la verdad es que, a partir de un escándalo de este tipo, la señal que se está mandando a los detectives comunes y corrientes, que son los que están en la policía, es una señal terrible. Quiere decir que sus superiores no respetan su trabajo, que sus superiores están dispuestos a traicionar su trabajo a cambio de algún beneficio particular o político”, subraya.
En ese sentido, Riego señala que como país “tendríamos mucha suerte si no se deriva de aquí una validación y una expansión de la corrupción policial, lo que tendrá un impacto sobre todo en las áreas de crimen organizado. Porque es allí donde los detectives normalmente enfrentan mayores presiones”.
“Tenemos toda la experiencia latinoamericana y uno dice, bueno, ¿cómo las mafias pudieron penetrar de este modo las instituciones en países como México, Colombia, etcétera? Y uno se encuentra con que lo primero que ocurrió es que el poder político corrompió las instituciones para favorecerse personalmente. Esto es lo que se ha visto en América Latina persistentemente. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno tiene ahora el deber de dar una señal muy potente, en el sentido de que esto de aquí en adelante se acabó, de dictar algunas reglas que autolimiten su poder, de hacer una designación de un nuevo director general de Investigaciones distinta a las que se han hecho hasta ahora: profesional, transparente, que valide a un líder que tenga la legitimidad. Esto es lo más importante, que el nuevo líder de la Policía de Investigaciones tenga la legitimidad”, concluye.
