“Las cárceles no son establecimientos donde se puede enviar y enviar personas, tienen una capacidad limitada. Debemos entender esto no solamente para el mundo del sistema de justicia criminal, sino también para el mundo parlamentario, que con agendas cortas terminan estresando el sistema”, dijo.
La académica y directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, Catalina Droppelmann, lleva más de 20 años realizando investigación y aportando en la construcción de políticas públicas en materia de justicia criminal, delincuencia y exclusión social, trayectoria que hoy le permite observar con conocimiento de causa el debate relativo al avance del crimen organizado y el impacto tras el aumento del hacinamiento carcelario en Chile.
En conversación con El Mostrador, Droppelmann abordó la polémica que generó el oficio enviado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, para que Gendarmería diera cuenta a jueces y fiscales acerca del número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país.
“El contar con información, a mi juicio, lo que permite es entender que el tema carcelario no es un problema del sistema penitenciario solamente, sino que es un problema del sistema de justicia criminal. Y tener esa información a la vista no necesariamente se orienta a sesgar procesos de toma de decisiones, sino a entender que las decisiones judiciales tienen un impacto también en la capacidad carcelaria”, indicó.
En esa línea, para la investigadora es necesario comprender que “tienen que existir mecanismos racionales de ingreso y también mecanismos racionales de salida, como la libertad condicional y los beneficios penitenciarios. Y eso es algo que es parte del funcionamiento, por lo que a mí me parece muy acertado tener a la vista eso, el hacerlo público, el entender que es algo que hay que considerar”.
“Las cárceles no son establecimientos donde se puede enviar y enviar personas, tienen una capacidad limitada. En estos momentos estamos con niveles de hacinamiento muy altos. Por lo tanto, debemos entender esto no solamente para el mundo del sistema de justicia criminal, sino también para el mundo parlamentario, que con agendas cortas terminan también estresando el sistema, sin entender o considerar muchas veces el impacto”, agregó.
Droppelmann también subrayó que entender la realidad de la sobrepoblación carcelaria que hoy afecta a los recintos penitenciarios en Chile es importante no solamente desde la arista de los derechos humanos, sino también respecto de las estrategias de seguridad y segregación que se aplican al interior de los establecimientos.
“El tener espacios para poder segregar a personas, movilizar a personas, te permite tener también una seguridad mucho más dinámica, más preventiva, no tan reactiva. En la medida en que tú no tienes espacio para segregar, para tomar decisiones, para anteponerte a un posible motín, a una posible riña, por ejemplo, obviamente los niveles de violencia aumentan en la cárcel y se hace mucho más complejo también el manejo del contagio criminógeno de la población. Entonces, es complejo el hacinamiento también desde ese punto de vista. O sea, no solamente desde los derechos humanos y desde el punto de vista de las condiciones mínimas de habitabilidad de las cárceles, sino también desde un punto de vista estratégico de la seguridad. Y, por otro lado, también desde el punto de vista del acceso a los programas de rehabilitación y reinserción”, puntualizó.
En ese sentido, reflexionó en torno al tipo de cultura carcelaria que hoy rige en nuestro país. “La ciudadanía en general entiende la pena privativa de libertad no solamente como un castigo, sino como un castigo que debe doler. Nunca hemos sido capaces culturalmente, como sociedad, de separar el castigo del dolor. Hasta hace muy poco muchas estrategias de disciplina, incluso infantil, utilizaban también el castigo físico, y gran parte de la población hasta hace muy poco también lo validaba. Entonces, el argumento del hacinamiento desde el punto de vista de las condiciones de habitabilidad es algo que a la ciudadanía y al mundo político en general no le interesa, no le hace ruido, no creen que es una demanda legítima. Pero, tal vez, el entender que esta medida impulsada por el ministerio (de Justicia), de dar cuenta de las condiciones de hacinamiento, entenderla desde un punto de vista también estratégico de seguridad, puede en el fondo llegar a tener más legitimidad”.
La académica UC también hizo un llamado a pensar “nuevos argumentos, empezar a pensar cómo desde la evidencia y desde las investigaciones que nosotros hacemos en el mundo académico, tenemos que generar también un discurso distinto, un discurso que permita convencer y que permita detener –aunque eso yo lo veo bastante improbable– el avance del populismo punitivo en América Latina”.
“Vemos los niveles de apoyo, de aceptación, de valoración que tienen las medidas que se han tomado en El Salvador, en todos los países de América Latina, y es brutal. Entonces, claro, yo creo que ahí los argumentos tienen que ser distintos. A mi juicio, la idea de entender realmente que la cárcel es un sistema provisorio”, indicó.
