Hoy en Al Pan Pan: conversamos con el periodista argentino sobre la denuncia por violencia física y hostigamiento en contra del expresidente argentino, Alberto Fernández. Además el experto en crimen organizado, Pablo Zeballos, ilustra el estado de las bandas criminales en Chile y sus reclutamientos.
El martes pasado se dio a conocer que la exprimera dama de Argentina, Fabiola Yañez, denunció al expresidente trasandino Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. Al respecto el juez federal a cargo de la investigación por corrupción durante el gobierno de Fernández, Julián Ercolini ordenó de inmediato medidas de “restricción” y “protección” en favor de la víctima. Las medidas, de carácter urgente, que se tomaron son para que el expresidente no se acerque a ella.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se refirió a la denuncia por presunta violencia machista y destacó que “la misoginia, el machismo y la hipocresía” no tienen “bandera partidaria”. “La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos”, escribió Fernández en su cuenta de la red social X.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el desarrollo de este caso, sus consecuencias en el movimiento feminista y progresista en Argentina y el escenario político trasandino junto el periodista argentino y analista político internacional, Luis Rosales.
También conversamos con el investigador y consultor internacional en crimen organizado, Pablo Zeballos, quien profundizó en la incorporación de menores de edad al ámbito delictivo. Según detalló en una columna en El Mostrador, estas bandas, “ya sean emergentes o consolidadas, siempre buscarán el ingreso temprano de niños o jóvenes al circuito criminal de la organización, a fin de perpetuar la existencia de la misma”.
En otro ámbito, hace unos días aparecieron los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana de 2023, en que el 21,7% de los hogares ha sido víctima de algún delito de mayor connotación social. Mientras, la percepción de inseguridad llegó a 87,6%, 3 puntos menos que el año anterior.
