En conversación con Al Pan Pan, el académico de la UDP además revisó la acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco. Señaló que, a diferencia de las otras acusaciones, en su caso hubo una “disposición de intereses particulares, afectando severamente la independencia judicial”
Durante los últimos días se revelaron nuevos chats encontrados en el celular de Luis Hermosilla. Esta vez el que terminó salpicado, nuevamente, fue el exfiscal regional oriente Manuel Guerra.
En las conversaciones entre ambos se revela las comunicaciones entre el exfiscal y ‘Andrés’ ―quien todo apunta es el exministro del Interior, Andrés Chadwick― para “ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta”. Esto en momentos donde el fiscal encargado de las pericias del Ministerio Público en el caso Penta era precisamente Guerra.
En otro de los chats revelados, Guerra le cuenta a Luis Hermosilla cuando tomó declaraciones a Carlos Délano y Carlos Lavín, controladores del grupo Penta y que una vez terminada la causa tuvieron como pena clases de ética. “Lucho, ayer y hoy les tomé declaración a los Carlos. Simpáticos ambos”, señaló jocoso al abogado en prisión preventiva.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado constitucionalista, académico de la Facultad de Derecho de la UDP y coredactor de la acusación constitucional en contra de la ministra Ángela Vivanco, Domingo Lovera, quien resalta el rol de afectación a los roles institucionales por parte de Guerra.
“Un fiscal que se coloca a disposición de otros intereses llama la atención, y evidentemente supone una afectación importante del desempeño de las funciones que ese fiscal debía cumplir“, señala el académico.
A esto se le suma las conversaciones que mantuvo el exfiscal con Andrés Chadwick ―con Luis Hermosilla mediante― para lograr tener un puesto como docente a media jornada en la Universidad San Sebastián una vez dejó su cargo en el Ministerio Público en junio de 2021. Algo que, según el exfiscal Carlos Gajardo, puede constituir delito de cohecho.
“Parte importante de todas estas conversaciones muestran que no hay, todavía, delitos consumados. Eso será parte de la investigación si es que se produce”, aclara el académico. Sin embargo, también aclara que “es importante remarcar que todas estas conversaciones siembran dudas respecto a la probidad con que se hubiesen estado desarrollando los cargos“.
“Me parece que hay una situación cercana a la que ocurre con otra de las acusaciones, que es la que hay en contra del ministro Jean Pierre Matus“, relacionó Lovera, puesto que “no tenemos cómo asegurarnos de que estos funcionarios, en el ejercicio de sus cargos y producto de estas conversaciones, no hayan terminado favoreciendo otros intereses en vez de los intereses públicos“.
En la línea del análisis de los casos que apuntan a los ministros de la Corte Suprema, el abogado también analizó la defensa de la suspendida ministra del tribunal, Ángela Vivanco, por las dos acusaciones constitucionales en su contra.
A través de una serie de entrevistas en diferentes medios, la magistrada rechazó la acusación de que concertó con Luis Hermosilla su integración a la Segunda Sala del Máximo Tribunal, puesto que quien determina la constitución de las salas es el presidente del órgano con ayuda de un funcionario.
“En el caso de las investigaciones penales no debe existir ninguna duda razonable de que esa persona ha estado involucrada en los hechos que constituyen delito. Pero en el caso de la acusación constitucional el estándar es distinto“, señaló el abogado.
“Por tanto uno no debe acreditar que ella tuvo participación en la forma en la que se configuraron las salas, sino que tiene que ver más bien con colocarse a disposición de intereses particulares, afectando severamente la independencia judicial y la función jurisdiccional“, aclara.
Y es esa acusación la que reviste mayor gravedad entre las que se formulan en contra de ministros de la Corte Suprema en el Congreso, a parecer de Lovera.
“No veo en ninguna de las otras acusaciones el que, en el ejercicio de la función jurisdiccional, un ministro o ministra del Tribunal Superior se coloque a disposición de intereses particulares y que esté dispuesto a ofrecer consejos de orden procesal y jurídico a alguien que esté litigando frente a ese propio ministro”, advierte.
Cabe destacar que, al mismo tiempo que las acusaciones constitucionales en su contra, la suspendida ministra también enfrenta un cuaderno de remoción formulado por el propio Máximo Tribunal. Sin embargo, independiente de sus resultados, ninguna de las acciones entorpece o beneficia a la otra.
“El cuaderno de remoción, como se conoce en la Corte Suprema, busca hacer efectivas las responsabilidades al interior del poder judicial y pueden terminar en su remoción. Pero esto es importante enfatizarlo: eso solamente produce la pérdida del cargo“, aclara el académico, quien ejemplifica la situación.
“Es algo un poco de caricatura pero que muestra la diferencia entre las sanciones: ella podría ser removida de la Corte Suprema y el día de mañana ser ministra de Justicia en un futuro Gobierno”, señala, junto con aclarar que la acusación constitucional, por el contrario, lo que busca es “establecer una sanción que está reconocida a nivel constitucional que le impide ser funcionaria pública, sea o no de elección popular, por los próximos cinco años“.
