María Inés Horvitz y Mauricio Daza buscan llevar a la justicia al exfiscal Manuel Guerra por coordinaciones en el caso Penta. Gabriela Flores, de CONFUSAM, expuso la inseguridad en los Cesfam tras un tiroteo en Puente Alto, mientras el Gobierno evalúa medidas de protección para el personal de salud.
Hoy en el programa Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, la abogada María Inés Horvitz, exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, habló sobre la acción judicial que ha emprendido junto al abogado Mauricio Daza. Ambos, quienes fueron querellantes en el caso Penta, buscan llevar a la justicia al exfiscal Manuel Guerra.
La motivación de esta acción surge tras la revelación de ciertos chats entre Guerra y Luis Hermosilla, en los cuales intercambiaban opiniones y coordinaban acciones respecto a la causa Penta.
Horvitz explicó que el objetivo es esclarecer si existieron gestiones con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, para encontrar una salida alternativa para los involucrados en el caso. Este escándalo judicial explotó en 2015, y ahora podría tener nuevas implicancias tras estas revelaciones.
Posteriormente, Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM), se refirió a la creciente inseguridad en los centros de salud del país.
El foco de la conversación estuvo en el incidente ocurrido a fines de septiembre en Bajos de Mena, Puente Alto, donde un tiroteo dejó un muerto y tres heridos. Los agresores, tras el ataque, llegaron hasta un Cesfam cercano y amenazaron al personal de salud si atendían a una de las víctimas.
Flores enfatizó la gravedad de la situación, que ha expuesto la vulnerabilidad en la que operan muchos centros de salud a lo largo del país.
En relación a esto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, admitió que el Gobierno está evaluando la posibilidad de contar con “vigilantes” armados para garantizar la seguridad del personal sanitario.
