La otrora miembro del Consejo de Defensa del Estado analizó la revelación del fiscal nacional sobre el vínculo que lo une con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. “¿Qué aspereza tenía que limar? ¿Qué problemas podía tener si no había hecho nada irregular en el concurso para fiscales?”, se pregunta.
A través de un comunicado dirigido al Consejo de Fiscales, la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte (AFFREMCEN) y la Asociación de Funcionarios del Ministerio Púbico de la Región de O’Higgins solicitaron al fiscal Ángel Valencia que se inhabilite de cualquier investigación ligada al caso Hermosilla o, en su defecto, que sean los propios fiscales regionales quienes se la soliciten.
Esto debido a la relación que mantuvo el fiscal nacional con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien ―y con el abogado Luis Hermosilla como mediador― le solicitó trabajo como docente en la Universidad San Sebastián mientras presidía la junta directiva de la casa de estudios.
Junto con aquella desclasificación Valencia admitió una reunión que mantuvieron los tres posterior a su nombramiento como líder del Ministerio Público, la que argumentó fue “por temas personales”.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la abogada y exconsejera del Consejo de Defensa del Estado María Inés Horvitz, quien ve al Ministerio Público debilitado ante la polémica.
“Ha habido, por lo menos, muchos errores por parte de Valencia en la forma de enfrentar este caso. Dañando mucho, obviamente la imagen del Ministerio Público respecto a su objetividad”, señala la abogada, quien añade que los conflictos de intereses son inherentes al ejercicio de la profesión, pero que lo que no puede ocurrir es dejarlas sin declarar al momento de asumir un cargo como el de fiscal nacional.
“Y eso debe hacerse de manera transparente, incluso con sanciones importantes de tipo administrativo si es que se omite algún caso importante, con lo cual hubiéramos podido tener algún control sobre si efectivamente tuvo o no una relación con Hermosilla y Chadwick”.
En esa línea, tampoco confía en el argumento de que Valencia planteó la situación ante un consejo de fiscales regionales, los cuales le habrían aconsejado no hacerlo porque podría comprometer a otros fiscales. “Me parece inverosímil que él efectivamente se haya guiado por lo que decían sus subordinados. Uno tiene que tener la capacidad darse cuenta del cargo que se detenta y hacerlo voluntariamente”.
Esa falta de transparencia supera incluso el espacio de lo legal, señala Horvitz, ya que al darlo “por goteo” genera también un problema de credibilidad con la institución y con él mismo.
“Creer que esa reunión fue para ‘limar asperezas’… La gente ya está muy desconfiada y ese tipo de argumentos parecen poco verosímiles. ¿Qué aspereza tenía que limar? ¿Qué problemas podía tener si no había hecho nada irregular en el concurso para fiscales? A mi no me resulta confiable su argumentación: habla de tres veces en las que hablaron pero después se acuerda de una y pierde la memoria respecto a los otros dos, y no dice de que se trata”.
En esa línea empatiza con lo que expresó durante el día de ayer la exdirectora del Departamento de Derechos Humanos de Fiscalía, Ymay Ortiz. Tras las revelaciones de los chats del exfiscal Guerra ―en el que la calificó como de “ultraizquierda” por su rol en las causas de violaciones a los DDHH durante el estallido social de 2019― la exfuncionaria expresó que “evidentemente me sacaron”.
“Todos empezamos a entender muchas cosas que estaban oscuras, y ahora un haz de luz nos dio la respuesta que tanto queríamos encontrar”, señaló María Inés Horvitz respecto a la salida de Ortiz, a la que Valencia le solicitó la renuncia al poco tiempo de asumir él la dirección del ente persecutor.
“Efectivamente eso pone un velo de duda respecto a cuáles son los verdaderos intereses del fiscal Valencia en todo el tema (…) Hay demasiados puntos que llevarían a una misma respuesta”, sentenció, junto con declarar su deseo de que el fiscal pueda explicar con suficiencia las interrogantes que lo rodean.
