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En este capítulo de Al Pan Pan: conversamos sobre la tendencia a las filtraciones que se ha tomado la relación entre la prensa y el Poder Judicial. Además revisamos la próxima a aprobarse nueva ley antiterrorista, y la aprobación en el Senado del Ministerio de Seguridad.
Desde el mismo inicio de la causa que involucra al abogado Luis Hermosilla, y que fue bautizada con su apellido, la pauta ha estado marcada por los trascendidos y filtraciones a la prensa. Tanto sobre los avances de las investigaciones del Ministerio Público, como directamente del contenido de algunas de ellas. El ejemplo insigne es la mensajería que Hermosilla mantenía con varias figuras de la esfera política y judicial del país, y que a día de hoy continúa nutriendo titulares.
Sin ir más lejos el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Valparaíso, Maximiliano Krause, confesó que en 2021 entregó sus claves de acceso al sistema interno del Ministerio Público a miembros de inteligencia de la Policía Marítima de la Armada.
Y esta dinámica no ha acontecido únicamente en la causa que tiene al centro al otrora expoderoso abogado: el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el manejo político desplegado en La Moneda, también ha estado marcado por filtraciones.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre los constantes flujos de información desde el Ministerio Público con el abogado penalista y expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Orthusteguy.
También conversamos con el senador DC por Los Ríos y presidente de la comisión mixta de seguridad, Iván Flores, a propósito de la ley antiterrorista que avanzó en el Congreso, y que está a un paso de ser ley.
En esa línea, también conversamos sobre la creación del nuevo Ministerio de Seguridad (y que separarían finalmente las actuales atribuciones del de Interior en dos carteras), esto tras ser aprobado el informe de la comisión mixta.
Finalmente abordamos también la devolución de montos efectuada por las Isapres, reguladas en la ley corta aprobada el 13 de mayo por oficialismo y oposición, que ha ocasionado planes de hasta 13 años, con montos que pueden bajar de los $1.000.
