En Al Pan Pan, el exfiscal regional de O’Higgins comentó su preocupación por la tendencia a las filtraciones de información a la prensa: ya existen casos en donde los imputados se enteran de pericias en su contra a través de los medios, lo que entorpece la labor del Ministerio Público.
El mediodía de ayer se vivió una situación insólita, cuando el OS-9 de Carabineros allanó las oficinas de Enrique Aldunate, abogado de la bancada del Partido Socialista, tras una orden del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía Occidente sospecha que Aldunate filtró información sobre el caso Hermosilla a la prensa. Aldunate es querellante en este caso, representando al diputado Daniel Manoucheri.
Según lo informado por Interferencia, el 3 de diciembre pasado, otra abogada del mismo estudio, subordinada de Aldunate, denunció al Ministerio Público que recibió instrucciones de entregarle información confidencial a una periodista de La Tercera, según Bío Bío.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado y exfiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien parte haciendo notar que no cualquier persona puede incurrir en violación de secreto.
“En general, el delito general de violación de secreto, solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos (…) En consecuencia, si no fue un delito de ley de lavado, ese sería un acto impune”, señaló el abogado. Sin embargo, caso aparte son los relativos a lavado de dinero y tráfico de drogas, escenario en que la violación de secreto la puede cometer cualquier persona.
“Si se acredita en este caso que se entregó esta información relativa a la causa de lavado, estaríamos en indicios más que suficientes, bastante importantes, de que se ha cometido un delito, y quien tiene participación o cabida, en este caso, el que instruyó al que sería el autor mediato, y la persona que entregó esta información“.
En esa línea rememoró que este tipo de filtraciones no son nuevas: cuando se le entregaba a las partes querellantes y defensoras copia de las carpetas investigativas de las causas durante las causas de financiamiento ilegal a la política (principalmente SQM y Penta), “al día siguiente, se encontraba todo en la prensa, la declaración, y todo el contenido de la carpeta de investigación“. En ese escenario, ninguno cometería ningún delito: al no ser funcionarios públicos, no estaban obligados a mantener el secreto.
“Para ir aterrizando el tema”, ejemplificó el exfiscal, “violaciones de secreto vemos todos los días en las noticias y a cada rato. Lo que pasa es que cuando afectan a determinadas personas, como en este caso, que son personas más o menos connotadas, se produce esta polémica. Cada vez que un fiscal, en un sitio del suceso, habla de que el imputado mató a la víctima, enteró un tiroteo, lo descuartizó, etcétera, etcétera, es violación del secreto“.
En particular, respecto a una de las aristas del caso Hermosilla, Arias describe que estas filtraciones tuvieron un efecto nocivo para la investigación. En particular, lo que ocurrió relativo a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja Gonzalo Migueles.
“Se filtra la información, se le comunica o se le dice a todos los imputados: ‘señores imputados, ustedes están siendo investigados por este hecho, porque salió una investigación penal’. Y cuando la policía fue a incautar el teléfono a este señor Migueles, ya estaba todo reseteado“.
“En consecuencia, ahí tú tienes efectos concretos de lo nocivos que son, en este caso, ese tipo de filtraciones, que dañan la investigación y que están siendo hechas con una intención ―o no sé si sea la intención― pero que están generando o beneficiando a los imputados que están siendo investigados”.
Arias, en virtud de aquello, identifica que dentro del Ministerio Público hay “un forado” de información: a pesar de que una vez se entrega la carpeta investigativa a los abogados de las causas ya no hay forma de rastrear la responsabilidad exclusivamente al ente persecutor, “hay muchas filtraciones que se produjeron aún antes que existiera investigación penal. En consecuencia, hubo un forado en el manejo de la información del, de la propia fiscalía. En consecuencia, si lo tiene en esta, que son causas relevantes, que nos, también, precisamente, se podrían estar produciendo en otras áreas”.
A raíz de lo último, Arias se plantea una pregunta tan novedosa en la discusión del tema, como inquietante para la seguridad pública: “Si se producen filtraciones en estas investigaciones, ¿qué nos dicen que no se están produciendo en otras, como por ejemplo, asociadas al crimen organizado?”.
