Fijan para el 27 de febrero el inicio del desalojo de megatoma en San Antonio
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Fijan para el 27 de febrero el inicio del desalojo de megatoma en San Antonio
La Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó para el 27 de febrero, a las 10:00 de la mañana el inicio del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, donde residen cerca de 10.000 personas en 260 hectáreas. El tribunal ordenó que el proceso se realice de forma “razonable y paulatina” y que la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional y Carabineros coordinen el operativo mediante una división cuadricular del terreno. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que desalojar por la fuerza “generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario”, descartando que el Gobierno haya incumplido la orden de desalojo, pese a que su fecha inicial era el 31 de enero. Por su parte, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, llamó a buscar un acuerdo.
Gobierno apelará el fallo de TA que ordena a Comité de Ministros votar nuevamente proyecto Dominga
El Gobierno anunció que apelará el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó repetir la votación del Comité de Ministros sobre el proyecto minero-portuario Dominga. La decisión se basa en que la última resolución del comité, emitida el 8 de enero, habría incumplido el mandato previo del tribunal. Desde el Ejecutivo argumentan que el fallo exige un pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), pese a que esta entidad no tiene competencias para modificar la decisión del comité. El SEA presentará la apelación en los próximos días.
“Poco o nada han hecho”: Iván Moreira acusa de inacción al Gobierno tras caso Monsalve
El senador Iván Moreira (UDI) respaldó la demanda de la denunciante de Manuel Monsalve contra la Subsecretaría del Interior, valorando que no busque compensación económica y criticando al Gobierno por su gestión. Acusó a La Moneda de incumplir protocolos de la ley Karin sobre acoso laboral y sexual, y de no dar el ejemplo en el sector público. Moreira lamentó que “el Gobierno poco o nada ha hecho” y que hoy no pueda presentar la ley como un logro. Monsalve está en prisión preventiva desde noviembre, acusado de violación y abuso sexual.
Carabineros y uso de pistolas táser: en marzo se implementarán en casos de violencia intrafamiliar
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, informó que en marzo comenzará un plan piloto para el uso de pistolas táser por Carabineros en casos de violencia intrafamiliar, destacando su capacidad para inmovilizar con pulsos eléctricos y causar lesiones leves al extraer las lancetas. Cordero explicó que Carabineros aprobó el protocolo tras dialogar con el Ministerio del Interior. Justificó la medida por la complejidad de estos casos, donde el uso de armas de fuego es inadecuado. Aclaró que las táser no reemplazarán armas tradicionales y se emplearán solo en situaciones específicas.
Contraloría inicia fiscalización de curso Fondecyt para “enfrentar violencia del Estado”
Contraloría inició una fiscalización al curso financiado por Fondecyt, “Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado” y realizado en enero. Solicitó a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID detalles del proyecto, incluyendo presupuesto y responsables, con plazo de cinco días para responder. La ministra (s) Aisén Etcheverry respaldó la iniciativa, destacando su valor académico para comprender fenómenos sociales complejos como la violencia institucional. En contraste, el candidato presidencial José Antonio Kast criticó el proyecto.
Corte IDH condena a Chile por detención y muerte de adolescentes en 2007 en centro del Sename
La CorteIDH condenó a Chile por violaciones a los derechos de adolescentes detenidos en centros del SENAME, incluyendo a los diez fallecidos en un incendio en 2007 en Puerto Montt. El tribunal responsabilizó al Estado por el hacinamiento, malas condiciones y castigos en centros como ‘Tiempo de Crecer’, Lihuén, Antuhué y San Bernardo. Chile deberá adoptar medidas para mejorar las condiciones de reclusión, crear una comisión de verdad y justicia, capacitar a funcionarios en derechos humanos y pagar indemnizaciones a las víctimas. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad.
