“PDI alteró cronología de los hechos”: abogado de Cariola acusa deficiencias en informe policial

La diputada y presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, anunció el domingo pasado que su defensa acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el allanamiento realizado en su domicilio el pasado lunes, coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo.

En un video publicado en sus redes sociales, la parlamentaria aseguró que tanto ella como su hijo Borja fueron “víctimas de una gran violación de nuestros derechos”, al considerar que la diligencia policial puso en riesgo su integridad física y psicológica.

La acción de la Policía de Investigaciones (PDI) ocurrió en el marco de la investigación de la Fiscalía por tráfico de influencias derivado del caso Sierra Bella, donde su nombre —y el de la exalcaldesa Irací Hassler— ha sido mencionado en diversos antecedentes.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado que representa a la diputada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juan Carlos Manríquez, quien denunció los tratos del personal policial durante la pesquisa.

“Le dijeron específicamente al diputado de Rementería (pareja de Cariola y padre del bebé) ‘si usted no entrega el teléfono -porque querían saber si lo tenía la señora Cariola en el hospital clínico de la Universidad de Chile, entonces-, si quiere escándalo lo va a tener‘. Textual”.

En esa línea, también denuncia que una vez fuera del lugar donde se encontraba Cariola, atendió a los policías en el lugar donde se encontraba su familia. Personal de la PDI tomó uno de los celulares del hogar, el que no correspondía ni a de Rementería ni a Cariola sino que a uno de los hijos menores del primero: lo obligaron a prender y tras verificar que el niño jugó con él lo dejaron en su lugar”.

Asimismo, acusó que el informe policial que terminó en el allanamiento presenta problemas graves de fondo. “Cuando sometimos al escrutinio el informe policial (…) nos dimos cuenta que por error, por una negligencia inexcusable o por malicia, eso tendremos que discutirlo, el informe no sólo es incompleto, no sólo está mal hecho, no sólo es una investigación deficiente, sino que ocultó pasajes e información muy relevante. Desde el año 2022 en adelante, porque este informe y estas cuestiones estaban en conocimiento de la Fiscalía y de los órganos de investigación hace un año, para que el tribunal se hiciera una impresión errada”.

Estos errores estarían centrados en cinco aspectos. Primero, “Respecto de supuesto beneficiario o solicitante de favores, una sola persona, confundiendo dos con uno“; segundo, “mezclando diálogos de teléfonos distintos, hallados en otra investigación, respecto de terceras personas, sin hacer esa distinción”; tercero, “alterando la cronología de los hechos“; cuarto, “diciéndole expresamente que en el caso de una patente municipal, se había logrado el efecto de renovar esa patente por ciertos favores ―que ellos denominan tráfico de influencias― en circunstancias que sabían perfectamente, que había una votación unánime del Consejo Municipal de Santiago del año 2022, vertida en un decreto municipal (…) que decía que esa patente estaba caduca y era imposible revivirla mucho tiempo antes de los contactos entre ambos hablantes“.

“Y por último, porque le dan a entender al tribunal que eso sería en una suerte de contraprestación a beneficios o aportes de esa misma persona a cierta campaña, sin decir cuáles aportes, cuál campaña, cuál persona, y callando que no se trata de la misma persona que habría estado relacionada con el mismo hecho. O sea, una detención terrible”.

―Entonces déjeme hacer una recapitulación porque aquí hay varios elementos. Cuando está en los chats y habla de, oye, tengo un cacho, sácame con esto, una persona que me apoyó en la campaña, ¿usted dice que todo eso está mezclado?

―Así es

―¿Está editado?

―Yo creo que está, y voy a decirlo de buena fe, negligentemente mal analizado en un informe hecho a la rápida. Porque si usted hace su trabajo rigurosamente, habría
notado lo mismo que usted en tres minutos.

En esa línea, anotó que la conversación citada en el informe para realizar el allanamiento (en el que Cariola le dice a Irací Hassler ‘Uno de mis amigos chinos empresarios, tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente y los van a clausurar, o algo así’, y el otro, en donde cita que ‘hay un empresario cercano, que me apoyó en mi campaña (…) Y que me está pidiendo hace tiempo que pueda gestionar una reunión contigo’) serían dos conversaciones diferentes, sin relación entre sí ―el primero sería un ciudadano chino, el otro un chileno― y que entre ambas conversaciones “hay un salto lógico y cronológico enorme“.

También, señaló que las imputaciones de tráfico de influencias no responden a más a un caso de personas que se acercan a sus representantes a “a pedirles que resolucionen determinados conflictos generales y particulares”. Y consultado sobre si dicha solicitud debió hacerse solicitada por ley de Lobby, afirmó que “depende de circunstancias que no sabemos dónde se produjo la conversación, quién la produjo, quién la solicitó. Porque la ley del lobby tiene un marco, digámoslo, bastante estrecho. Entonces
todas esas preguntas que usted hace debió haberla resuelto la investigación experta antes de proponer un supuesto de que hay un tráfico de influencias por eso yo digo que esa expresión es arrojada”.