Francisco Bravo por allanamiento a Cariola: Si se basó en antecedentes alterados “sería algo grave”

Juan Carlos Manríquez, abogado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la diputada Karol Cariola, afirmó el día de ayer que la orden policial que originó el allanamiento en contra de la congresista el pasado lunes tiene errores gaves de fondo.

“Cuando sometimos al escrutinio el informe policial (…) nos dimos cuenta que por error, por una negligencia inexcusable o por malicia, eso tendremos que discutirlo, el informe no sólo es incompleto, no sólo está mal hecho, no sólo es una investigación deficiente, sino que ocultó pasajes e información muy relevante”, afirmó ayer en Al Pan Pan.

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En el capítulo de hoy de Al Pan Pan conversamos con el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, Francisco Bravo, quien partió por aclarar que, no obstante del tratamiento que tuvo personal de la PDI durante el allanamiento, no debe ser entendido como una amenaza.

“Si la policía actúa de esa manera, eso no responde a ser amenaza de ninguna naturaleza: la policía tiene que ejecutar el mandato que le entrega el tribunal porque, en definitiva, la policía lo que está haciendo es simplemente cumplir una orden judicial. Obviamente, cuidando la dignidad, cuidando hacer el menor daño posible en las propiedades y, por supuesto, no afectando la dignidad de las personas”.

Sin embargo, si la resolución dictada por la jueza Carla Capello estuviera basada en antecedentes alterados, como acusa Manríquez, “eso es grave si es que se llega a comprobar que fue así“.

“Ahora, ¿quién va a resolver eso, Fiscalía? No, eso lo va a resolver también el tribunal. Entiendo que el abogado interpuso lo que se llama un incidente en unidad procesal para anular la resolución judicial y, como consecuencia de ello, anular la actuación derivada de esa resolución (…). ¿Dónde se va a discutir eso? En el tribunal”, anotó Bravo, quien además afirmó que ese proceso no sería zanjado por la misma jueza Capello.

En línea con lo anterior, recordó que la defensa tiene el derecho de plantear sus casos como estimen convenientes, “de cuestionar incluso las decisiones de los tribunales, de poner en tela de juicio algunas cuestiones, algunas actuaciones que haga la fiscalía. Yo creo que de eso no hay que hacer ningún aspaviento ni nada por el estilo”.

De todas maneras, aseguró que entre los escenarios posibles existe uno intermedio, en que efectivamente podrían detectarse errores y problemas en el informe policial, “pero que no tenga ninguna trascendencia en la decisión de fondo que tomó el juez. El juez puede decir ‘sí, aquí efectivamente hay un error, pero un error que es menor, marginal, que no tiene trascendencia, no tiene importancia y no tiene incidencia en la decisión que tomó el juez'”.

“Eso también puede ocurrir y ocurre muchas veces. Ahora obviamente, si es una omisión grave, si se trata de ocultamiento incluso doloso, incluso podríamos encontrarnos ante una situación más compleja, digamos, incluso en comisión de un delito. Pero eso tendrá que resolverlo el tribunal conociendo todo lo antes”.

Allanamiento de la PDI: “No fue una decisión autónoma que toma la fiscalía”

Bravo también abordó las críticas por el timing del allanamiento en sí, en circunstancias en que casi en simultaneo la diputada se encontraba dando a luz a su hijo Borja. Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales aseguró que no existió un error por parte de la PDI.

“Uno puede entender perfectamente la situación ―no solamente la diputada Cariola, sino de cualquier mujer que está en una circunstancia como esa (…)―. Sin embargo, cuando uno pide una autorización tiene que pedir una autorización al juez de garantía, ¿no? No es una decisión autónoma que toma la fiscalía“.

“Y la fiscalía toma esas decisiones en los tiempos en que son oportunos y necesarios para el éxito de las investigaciones. Y se dio una explicación en el sentido de que era importante realizar la diligencia en ese momento porque se iba a dar copia de los antecedentes investigativos a otra persona que estaba siendo investigado, y eso podría haber generado eventualmente algún tipo de obstrucción o algún tipo de dificultad en términos del éxito de la investigación”, afirmó, al tiempo que sí reconoció que para dichos procedimientos el personal policial está instruido para respetar la dignidad de las personas y provocar el menor daño posible.

“Pero tenemos que cumplir nuestro mandato, nuestra obligación de investigar, ¿cierto? Todos aquellos antecedentes que sean útiles para la investigación, en este caso requisar elementos electrónicos que son muy importantes para este tipo de investigación”.