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Irací Hassler presentó querella por chats filtrados y pide que declaren Desbordes y Cooper

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Alejandro Repenning López
Por : Alejandro Repenning López Coordinador Editorial El Mostrador
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Tu dosis diaria de actualidad desde El Mostrador. Revisamos las informaciones más importantes para comenzar la jornada.


Irací Hassler presentó querella por chats filtrados y pide que declaren Desbordes y Cooper

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, presentó una querella criminal por violación de secreto de funcionario público en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras la filtración de chats que sostuvo con la diputada Karol Cariola en el caso Sierra Bella. La defensa argumenta que las conversaciones carecían de relevancia investigativa y fueron expuestas indebidamente, acusando al Fiscal Patricio Cooper de incumplir protocolos al no excluir estos registros de la investigación. En el libelo se exigen diligencias para esclarecer la responsabilidad penal, y se destaca la disputa pública entre Hassler y Mario Desbordes por presuntas filtraciones con el objetivo de dañar la reputación de la exalcaldesa. Se solicita, además que sean citados a declarar el alcalde Desbordes y el fiscal Cooper.

Contraloría inicia fiscalización en el Sernac tras polémica instrucción en el sistema de denuncias

La Contraloría inició una investigación al Sernac tras la revelación de El Mostrador de correos que evidencian la intención de proteger a las empresas eléctricas tras el megaapagón del 25 de febrero. Los correos muestran instrucciones para crear un proveedor falso y evitar notificar a las empresas, desviando reclamos a un correo interno. Funcionarios de informática se negaron, pero la jefatura insistió. La Asociación de Funcionarios denunció, además, omisiones graves en la gestión y comunicación, afectando la tramitación de reclamos y el acceso a información. Exigen la salida del director nacional y su equipo.

Vodanovic (PS) invita al Frente Amplio a considerar apoyo a carta presidencial PPD

En medio de la incertidumbre sobre las primarias presidenciales, la senadora Paulina Vodanovic del PS sugirió que su colectividad y el Frente Amplio podrían considerar apoyar la candidatura de Carolina Tohá (PPD). Sin embargo, el PS sigue evaluando su postura, enfocándose en una opción propia. Mientras tanto, el Frente Amplio también mantiene su intención de presentar una candidatura presidencial propia. En otro frente, se registró controversia en las elecciones internas del PS, con denuncias de irregularidades en el conteo de votos por parte de la lista disidente “Retomemos la senda de Salvador Allende”.

Comunidad Judía tras palabras de Boric: “Nuevamente se posiciona del lado incorrecto”

La Comunidad Judía de Chile expresó su rechazo a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien condenó la reactivación de hostilidades por parte de Israel contra la Franja de Gaza, acusando una violación del alto al fuego con Hamás. La comunidad calificó sus palabras como un reflejo de un desconocimiento del conflicto y una visión parcial que ignora la responsabilidad de Hamás. Además, criticaron el uso de la expresión “chacales” y acusaron al Gobierno de Chile de alimentar el antisemitismo en el país, pidiendo que el presidente se informe mejor antes de hacer declaraciones.

Maya Fernández presenta defensa jurídica por AC tras fallida compra de casa de Allende

La exministra de Defensa, Maya Fernández Allende, presentó su defensa ante el Congreso por la Acusación Constitucional presentada en su contra por la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja. El escrito señala que, al haber renunciado el 10 de marzo, la responsabilidad política cesa al abandonar el cargo, invalidando la acusación. Agrega, además, que no hubo un contrato válido de compraventa con el Estado, no se gastó dinero público y cuestiona la coherencia de los diputados acusadores que aprobaron los recursos para la compra. La defensa insiste en que actuó como ciudadana, no como ministra, descartando conflictos de interés, y señala que la Contraloría validó la legalidad del Decreto Supremo. La operación, señala, buscaba preservar un bien patrimonial sin beneficio personal ni lesión al patrimonio fiscal, alineándose con la interpretación constitucional para evitar conflictos de interés.

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