La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales se suma a las declaraciones del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien ha señalado que la propuesta de nueva Constitución tiene problemas “con el reconocimiento expreso de NNA como sujetos de derecho”.
Son varias las voces que han levantado alertas respecto a cómo el proyecto constitucional aborda los derechos de la niñez. En materia de infancia, el artículo 12 señala que “el Estado reconoce a la familia, esto es, los padres o tutores en su caso, la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos”, lo que representaría un retroceso en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como titulares de todos los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas.
La académica Lidia Casas, experta en derechos humanos, advierte que la propuesta nos hace retroceder años de discusión al respecto, “al decir que la familia puede controlar absolutamente todo, determinar, por ejemplo, que un niño no deba asistir a clases sobre sexualidad y afectividad que impartan en el colegio. Puede significar que, en virtud de las creencias religiosas de los padres, no tenga la posibilidad de entender sobre discriminación en un sentido más amplio, incluyendo las diversidades sexuales”.
En esa línea, agrega que “el texto lo que hace también es retroceder frente a la posibilidad que el Estado les permita a niños, niñas y adolescentes tomar conocimiento, informarse de un mundo diverso, de desarrollarse en un mundo de mayor inclusión”.
