El socio fundador de Admiral Compliance y exejecutivo de LarrainVial fue el invitado a La Mesa. Dice que el nuevo modelo está generando revuelo en las empresas y el mercado ya lo siente. Reconoce que el caso Hermosilla ha reforzado la idea de que las buenas prácticas estén en el corazón del negocio.
El caso Audios de Hermosilla y la inminente entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos tienen al mundo empresarial y al sector financiero con la atención puesta en el tema de las buenas prácticas, ética empresarial y la urgencia de implementar modelos de cumplimiento para evitar sanciones.
Para analizar el impacto de la nueva ley y lo que se está conversando a nivel de directorios, invitamos a José Ignacio Camus a La Mesa de El Mostrador de esta semana. Camus es socio fundador de Admiral Compliance y exejecutivo del área de compliance de LarrainVial.
Señala que el caso Hermosilla ha reforzado la idea de que las buenas prácticas, la ética y la integridad estén en el corazón del negocio de la empresa.
Sobre la nueva ley de delitos de cuello y corbata, Camus reconoce que la antigua normativa era como un “león sin dientes”, pero advierte que lo que se viene “está generando un revuelo en las empresas. El mercado lo siente y los directores saben que ahora pueden ir presos”. Y agrega que a la nueva responsabilidad penal que enfrentan los directores y ejecutivos, también hay que sumar multas de hasta US$ 250 millones y que, en casos extremos, signifique el cierre de una empresa.
El ejecutivo reconoce que la falta de confianza y ética en el sector privado y las instituciones financieras es un desafío, por lo que es imprescindible una regulación efectiva y la responsabilidad en la gestión empresarial.
Eso sí, advierte que “hecha la ley, hecha la trampa” y cuenta cómo las empresas y directorios se están resguardando, creando “comités de asesores” que toman las mismas decisiones de los directorios, pero con protección legal. “La ley ha influido en la rotación de directores en empresas, con preocupaciones sobre la exposición a sanciones y la creación de comités de asesores para mitigar riesgos”, dice.
Camus aborda además los desafíos que enfrentan las empresas, especialmente las pymes, para adaptarse a la ley y las posibles consecuencias de no cumplir con los nuevos requisitos. “En cierto modo, la nueva normativa va a ser una barrera de entrada y las empresas grandes van a exigir a sus proveedores que tengan sus propias políticas de compliance“.
El CEO de Admiral remarca la importancia de contar con múltiples recursos y herramientas para la gestión de modelos de cumplimiento, destacando la alta demanda de profesionales capacitados en el mercado. “Solo el 5% de las empresas en Chile tiene implementados estos modelos, lo que expone al resto a sanciones y barreras comerciales”, explica.
