Durante la segunda quincena de octubre se inició en La Paz un idilio temporal entre las organizaciones obreras bolivianas y el presidente Carlos Mesa, que incluyó a los movimientos sociales. No se trataba de amor, sino de un respiro político -un gesto parecido a la confianza- de la sociedad rebelde hacia el sucesor de Sánchez de Losada.
Las relaciones entre el presidente de Bolivia y los sectores populares que habían expulsado a Gonzalo Sánchez de Losada no se establecieron sobre el afecto, pero tampoco, parafraseando a Borges, los unió el espanto. De lo que se trataba era de mejorar con urgencia las condiciones de vida y trabajo de la población.
En ese clima, en el que todos los actores buscaron reacomodar los intereses en juego con suma prudencia, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó al ejecutivo el 12 de noviembre un documento que contenía sus exigencias salariales y una serie de demandas en el plano económico nacional; por ejemplo volver a nacionalizar el gas y el petróleo y abandonar el modelo neoliberal y su énfasis en el mercado como regulador del ordenamiento social.
Dos semanas después gobierno no había acusado aun recibo de los planteos formulados. Jaime Soares, dirigente de la COB, entonces señaló que, dadas las condiciones imperantes, "creo que esto empieza a estallar a partir del primero de enero. No podemos seguir esperando más tiempo".
La falta de respuesta gubernamental socavó y diluyó la paciencia de las organizaciones sociales a lo largo de la segunda quincena de noviembre. El golpe fatal al precario idilio vino el último fin de semana del mes, cuando Mesa anticipó su rechazo a las pretensiones de mejora salarial. "La lógica de los pliegos petitorios es suicida", dijo. El presidente de Bolivia, acto seguido, invitó a los sindicatos y movimientos sociales a supeditar sus demandas "a la realidad económica". La realidad económica boliviana se alza sobre una plataforma de virtual quiebra fiscal, cuasi parálisis productiva, cesantía en alza y con más del 70 por ciento de la población intentando sobrevivir con menos de un dólar diario per cápita.
Subsidios y perdones
En los primeros días de este mes -echando carbón al fuego que alimenta la caldera del descontento y la insurgencia- el senado boliviano aprobó la condonación de las deudas impositivas de las empresas trasnacionales que operan en el país. Como esta medida significa una disminución de los ingresos fiscales, el Poder Ejecutivo manifestó que se estudiaba anular el subsidio al consumo de gas licuado, que utilizan mayoritariamente los segmentos más pobres de la población.
La decisión senatorial favorece los emprendimientos foráneos en las áreas de hidrocarburos, telecomunicaciones, generación de energía y transporte de carga y pasajeros por vía terrestre y aérea. Sólo las empresas petroleras -según datos de las autoridades fiscales bolivianas- vienen rehuyendo desde hace años tributos en el orden de los US$ 100 millones anuales, sin contar la sistemática evasión del impuesto a las utilidades. El acuerdo del senado les permitirá poner al día su situación fiscal sin multas ni cobro de intereses; sólo deberán pagar el equivalente al 10 por ciento de sus ventas netas de un año, calculado sobre sus balances oficiales. Bolivia tiene uno de los regímenes tributarios más favorables para la inversión extranjera de América Latina
Un caso testigo es el de la línea de aeronavegación Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Privatizada parcialmente durante los años noventas, poco más del 50 por ciento de sus acciones fue adquirido por el grupo económico VASP, controlado por Wagner Canhedo. Durante su administración, la aerolínea no sólo no cumplió con sus obligaciones tributarias, sino que fue vaciada hasta el punto de que el Estado inició acciones judiciales para obtener la devolución de las acciones. Canhedo, no obstante, logró transferirlas fraudulentamente a un grupo de empresarios que, a su vez, dejaron su administración en manos del zar de la televisión cochabambina, Ernesto Asbún. Con la legislación aprobada la empresa podrá blanquear sus deudas, estimadas en unos US$ 13 millones.
"El subsidio al gas no puede continuar -señaló recientemente el ministro de Hidrocarburos, aduciendo que éste favorece a los grandes hoteles e industrias-. La COB reaccionó con un comunicado durante la semana puntualizando que si se concreta el fin de los subsidio, el aumento será de un 30 por ciento en el precio del gas licuado, lo que "afectará a los hogares más pobres de la ciudad y el campo". Está previsto que la medida entre en vigencia en enero de 2004.
Mientras, trascendidos del ministerio de Economía -que no fueron desmentidos- indicaban el miércoles pasado que está en estudio eliminar también el subsidio a otros combustibles, lo que elevará de inmediato el índice de precios de la canasta familiar y subirá el costo del transporte público de pasajeros. "No lo permitiremos", fue la respuesta de Soares.
