El presidente de la entidad dependiente de la OEA subrayó que «es importante» que el ex mandatario regrese al país y que «no se le persiga», y que en las condiciones actuales no se le garantiza un juicio imparcial porque las actuales autoridades están implicadas en el golpe de Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este miércoles su preocupación por la continuidad de las violaciones en Honduras en el marco del golpe de Estado contra Manuel Zelaya y afirmó que no se dan las condiciones para el regreso del presidente derrocado en junio de 2009.
El presidente de la CIDH, Felipe González, subrayó en conferencia de prensa que «es importante» que Zelaya regrese al país y que «no se le persiga», y que en las condiciones actuales no se le garantiza un juicio imparcial porque las actuales autoridades están implicadas en el golpe de Estado.
González encabezó una delegación de la CIDH que el sábado pasado llegó a Honduras para dar seguimiento a la primera visita del mismo organismo en agosto pasado, sobre denuncias de violaciones de derechos humanos tras el derrocamiento de Zelaya por los militares.
La CIDH expresó, además, su preocupación porque en Honduras «continúan las violaciones» de las garantías constitucionales «en el marco del golpe de Estado» de 2009.
«Al finalizar la visita, la Comisión expresa su profunda preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009», subraya un comunicado de la CIDH distribuido a la prensa al finalizar su visita a Tegucigalpa.
Zelaya fue depuesto en momentos en que promovía una consulta popular orientada a reformar la Constitución, pese a tener una prohibición legal de varios organismos del Estado, entre ellos la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros son acusados de «golpistas» por los seguidores del ex gobernante y la resistencia popular que exige su regreso.
Los miembros de la CIDH se reunieron con representantes de los tres poderes del Estado, defensores de derechos humanos que condenan el golpe a Zelaya, periodistas, representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión de la Verdad que fue instalada el pasado día 4 en Tegucigalpa.
González subrayó que «se debe poner prioridad en las investigaciones» sobre violaciones de los derechos humanos en Honduras y que el Estado «debe poner especial énfasis» en aquellos casos en los que los involucrados en ese tipo de delitos son agentes de los cuerpos de seguridad.
«Esperamos que se investiguen los hechos y sancione a los violadores de los derechos humanos», agregó González, al término de una visita de cinco días de la misión del organismo a Honduras, país que a raíz del golpe de Estado fue aislado por la comunidad internacional y suspendido del Sistema Interamericano.
El comunicado de la CIDH indica que «sin perjuicio de los avances realizados para el retorno a la institucionalidad democrática», junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores de derechos humanos.
«La CIDH y la Relatoría Especial han manifestado su profunda preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos», añade.
El organismo expresó, además, su preocupación por el «hostigamiento» contra jueces que participaron en protestas contra el golpe de Estado, de los que cuatro fueron despedidos el pasado día 5 por el poder judicial.
Los despedidos iniciaron el pasado lunes una huelga de hambre en la planta baja del Parlamento hondureño.
Al respecto, el presidente hondureño, Porfirio Lobo, dijo hoy en Madrid que no comparte la decisión de la Corte Suprema de Justicia de su país de expulsar a cuatro jueces contrarios al golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya.
«Esta situación nos crea una dificultad a los hondureños», expresó Lobo al referirse a la decisión del órgano judicial.
En Tegucigalpa, el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona, que exige una Constituyente y el regreso de Zelaya, expresó a Efe que esperan que la CIDH no se limite a dar informes sino que sancione al Estado de Honduras por «violador» de esas garantías.
Por su parte, el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, afirmó hoy que la CIDH «responde más a los dictados de los países que integran la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y no al derecho interamericano».
El presidente de la CIDH dijo escuetamente que a lo dicho por Custodio, a quien los opositores al derrocamiento de Zelaya acusan de «golpista», no le dan crédito porque sus afirmaciones «no tienen ninguna base».
