El informe, se centra en cuatro puntos específicos: las condiciones que hagan posible el retorno del derrocado ex gobernante, miembros de su gobierno; la incorporación del ex líder al Parlamento Centroamericano (Parlacen); la situación de los derechos humanos y en el diálogo político amplio para superar la crisis.
El informe de la comisión de alto nivel de la OEA sobre Honduras no se pronuncia sobre el futuro del país en el organismo, y si bien reconoce avances, también evidencia que quedan por resolver aspectos claves, como la situación del presidente depuesto Manuel Zelaya y los derechos humanos.
El documento, de 12 páginas y al que ha tenido acceso la agencia denoticias EFE, fue entregado este jueves por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, a los países miembros. El documento contiene siete recomendaciones que deben servir de «base para que la Asamblea General pueda adoptar los acuerdos que considere pertinentes sobre la situación de Honduras».
La comisión, integrada por Argentina, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana tuvo en cuenta, entre otras, las opiniones del ex presidente Zelaya, del líder actual, Porfirio Lobo, y de sus enviados informes jurídicos y la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe, se centra en cuatro puntos específicos: las condiciones que hagan posible el retorno a Honduras del ex presidente Manuel Zelaya y de miembros de su Gobierno; la incorporación del ex líder al Parlamento Centroamericano (Parlacen); la situación de los derechos humanos y en el diálogo político amplio para superar la crisis.
En cuanto a la situación de Zelaya, la comisión estima conveniente «poner fin» a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex mandatario y sus colaboradores.
Considera que, si bien los dos procesos que quedan abiertos contra Zelaya corresponden a hechos ocurridos con anterioridad al golpe de Estado, ésos se formalizaron después de su derrocamiento.
Acusaciones tales como la traición a la patria, abuso de autoridad y otras «son percibidas como políticamente motivadas», afirma.
El grupo resalta «la disposición» de Lobo a otorgar a Zelaya la protección a que tienen derecho los ex mandatarios de la República en territorio hondureño, y recomienda que se ponga en práctica una vez que el ex líder retorne a su país desde República Dominicana.
Por otro lado, recomienda que Zelaya solicite a la Junta Directiva del Parlacen su incorporación a ese foro de ex presidentes, pues así se reconocería su carácter como presidente constitucional de Honduras antes de que Lobo asumiera el poder.
En cuanto a los derechos humanos, la comisión considera que ha habido «medidas positivas» por parte del Gobierno de Lobo, pero al mismo tiempo destaca la necesidad de «acciones concretas» para cumplir las recomendaciones de la CIDH.
En concreto, pide un «avance decidido» en las investigaciones para esclarecer el asesinato de varias personas y medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores, periodistas, comunicadores, maestros, miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular y jueces que participaron en actividades contra el golpe.
También pide el cese a la impunidad por las violaciones.
La comisión afirma además que la Comisión de la Verdad debe contar con el pleno apoyo y colaboración de todos los sectores para esclarecer lo ocurrido el 28 de junio de 2009.
En otro punto, destaca la «disposición favorable» de Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos para lograr la reconciliación.
Zelaya dijo a la comisión que para resolver la crisis quiere una solución a su situación; la reafirmación del compromiso del Estado con la promoción y la protección de los derechos; mecanismos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la impunidad; la ampliación de la Comisión de la Verdad; un diálogo amplio y una comisión de la OEA para el seguimiento de la situación en Honduras.
Lobo, por su parte, indicó que la mayor parte de los juicios abiertos contra Zelaya estarían en curso de ser sobreseídos en virtud de la amnistía decretada, aunque mencionó aquellos que involucran acusaciones cuya desestimación implicaría una violación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El ex líder afirmó a la comisión que no se «pondrá en manos de sus verdugos» en tribunales que habrían participado en el golpe.
Lobo manifestó su acuerdo con la incorporación de Zelaya al Parlacen, aunque eso no dependía de él, y ratificó su compromiso de proveerle la seguridad.
Reiteró además su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, manifestó su acuerdo para aplicar las recomendaciones de la CIDH, y se mostró dispuesto a reanudar el diálogo y al acompañamiento de la OEA.
Expresó, sin embargo, su reticencia a abrir el decreto sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación.
