«Lo que se sancionó en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado. Y yo, como presidenta, no puedo permitir que el Estado quiebre», dijo Cristina Fernández en un acto en la sede del Ejecutivo.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, vetó este jueves una ley aprobada en la madrugada por el Parlamento para aumentar en forma sustancial las jubilaciones mínimas, norma que el Ejecutivo rechaza por entender que llevará a las cuentas públicas a un punto de quebranto.
«Lo que se sancionó en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado. Y yo, como presidenta, no puedo permitir que el Estado quiebre», dijo Fernández en un acto en la sede del Ejecutivo.
La ley impulsada por la oposición, que ya había recibido en agosto pasado el visto bueno en la Cámara de Diputados, fue aprobada en la madrugada de hoy en el Senado.
Al cabo de once horas de debates, al momento de la votación en la cámara alta hubo un empate en 35 votos, con lo que el vicepresidente argentino, Julio Cobos, hizo valer su condición de presidente del Senado para inclinar la balanza en favor de la oposición y volver a contrariar al Gobierno de Fernández.
La ley busca hacer efectivas jubilaciones mínimas que representen el 82% del salario mínimo que cobran las personas en actividad laboral y con un criterio de movilidad, esto es, que las pensiones se ajusten al alza cuando los trabajadores logran aumentos en el salario mínimo.
Esto supone elevar la jubilación mínima de los actuales 895 pesos (224,8 dólares) a 1.427 pesos (358,5 dólares) mensuales, con un costo para el Estado calculado por la oposición en 18.900 millones de pesos (4.748,7 millones de dólares) anuales y por el oficialismo en 40.000 millones de pesos (10.050 millones de dólares).
Fernández argumentó que la firma del decreto por el cual vetó la ley «es una decisión para todos los argentinos, para que sigan cobrando los aumentos (en las jubilaciones) cada seis meses, como hemos establecido».
Según la mandataria, «está claro» que la oposición «intenta desfinanciar y quebrar el Estado».
Criticó además a la norma vetada pues no indica mecanismos precisos para financiar los incrementos establecidos por la ley.
Desde la oposición aseguran que los aumentos en las jubilaciones se pueden solventar con recortes en otras partidas del Presupuesto, como controvertidos subsidios a diversos sectores o con un aumento de los aportes patronales a la seguridad social.
Además, alegan que la Corte Suprema ha ordenado al Estado cumplir con la manda constitucional que garantiza la movilidad de las jubilaciones.
A partir de ese fallo del Supremo, el Gobierno argentino impulsó y logró la aprobación de una ley por la que las jubilaciones mínimas se actualizan dos veces al año, de acuerdo con el cuestionado índice de inflación oficial.
Fernández destacó hoy que desde la aprobación de esa ley, las jubilaciones han aumentado un 50%.
Sin embargo, para miles de retirados este sistema de actualización es insuficiente, ya que lo que cobran está lejos de representar el 82% de los salarios que percibían cuando estaban en actividad.
De hecho, las estadísticas del fuero judicial de la Seguridad Social indican que ingresan en los tribunales de primera instancia 10.000 nuevas causas por mes, el 80% de ellas por demandas al Estado de reajustes en las jubilaciones.
Argentina aprobó en 1958 una ley que estableció que el haber de la jubilación debía ser equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del trabajador de la misma rama de actividad del retirado, pero ese régimen estuvo vigente sólo cinco años.
La movilidad de las jubilaciones es un principio consagrado en la Constitución de Argentina.
Tras el veto presidencial, la ley impulsada por la oposición podrá volver a ser discutida en las dos cámaras del Parlamento y si es nuevamente aprobada, no podrá volver a ser vetada por el Ejecutivo.
