En Gambia ejecutarán a más de 30 sentenciados a muerte. En Noruega, quien mató a 77 personas está recluido en tres celdas con gimnasio y computador. Contrastes en un tema que divide la opinión.
Si todo ocurre como está previsto, para finales de esta semana unas 47 personas habrán sido ejecutadas en el más pequeño de los países del África continental, Gambia.
Mientras tanto, y más o menos por las mismas fechas, el confeso atacante noruego Anders Breivik cumplirá su primer mes de sentencia de cárcel, a que fue condenado por la muerte de 77 personas en dos atentados planeados y ejecutados por él en 2011.
En Gambia, donde no se hacía efectiva la pena capital desde hace más de dos décadas, el presidente Yahya Jammeh ha decidido que la mejor manera prevenir el crimen es materializando el castigo que pende sobre todos los prisioneros sentenciados a muerte por los tribunales.
En contraste, aunque Breivik podría nunca respirar como un hombre libre otra vez (su caso puede ser revisado a intervalos), su pena de 10 a 21 años de prisión podría parecer leve. En especial si se la compara con el destino que aguarda a los 30 convictos en Gambia, la mayoría de los cuales, de acuerdo con organizaciones de Derechos Humanos, fueron condenados por delitos de traición.
Recluido en Ila, la prisión de máxima seguridad de Noruega, Breivik dispone de tres pequeñas celdas, con acceso a máquinas de ejercicio y una computadora.
«Lo que otros deben entender es que el sistema penal aquí (en Noruega) tiene por objeto rehabilitar, más que castigar», dijo el día del veredicto Rolf Henning Larsen, un ciudadano noruego entrevistado por la BBC.
Para el presidente gambés, en cambio, «no hay manera de que mi gobierno vaya a permitir que el 99% de la población sea puesta en jaque por los delincuentes», declaró.
Vea los diez países con mayor y menor número de prisioneros en el Mundo
Más allá de las consideraciones que explican tan contrastantes realidades, éstas ponen de relevo que el problema de cómo tratar a quienes cometen delitos constituye un auténtico dilema sobre el que el mundo parece no ponerse de acuerdo.
«Hay tendencias definitivas, pero casi se pelean unas con otras», le dice a BBC Mundo Gary Hill, especialista en el tema y director de Entrenamiento de Personal de la Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales.
Hill explica que la forma en que una sociedad reestablece la justicia está intrínsecamente ligada a la cultura de la que emanan las leyes. En unas, el individuo es supremo, en otras, lo es el Estado; para un tercer grupo, dios está por encima de la ley y para un cuarto, se combinan todas las opciones anteriores.
Esto repercute en cómo y sobre qué base se llega al veredicto, que varía significativamente. En cambio, en el siguiente paso -¿qué hacer con el delincuente?- parece haber un consenso. Al menos en el papel.
«Los países, sin excepción, dicen que quieren rehabilitar más que castigar. Pero en la realidad los tribunales usan la cárcel porque es lo más fácil, lo más rápido y también porque temen la mala publicidad», indica.
Como consecuencia, las cárceles son cada día más la opción preferida en gran parte del mundo.
Pero esta estrategia parece no estar dando resultados de fondo: en vez de bajar, las tasas de criminalidad siguen creciendo en el mundo, según le dice a BBC Mundo Andrea Huber, directora de políticas de la ONG Reforma Penal Internacional, que aboga por la eliminación del presidio innecesario.
«Utilizar la ley criminal por defecto, para tratar el comportamiento antisocial e indeseable, es una respuesta política, que sólo trae una sobrepoblación en las cárceles», señala.
Reforma Penal Internacional es partidaria de mecanismos alternativos a la pérdida de libertad, como la «justicia restaurativa».
Hill admite que no hay investigaciones que muestren que tales mecanismos redundan en una reducción del crimen. «Sin embargo, hay un vínculo directo entre empleo y crimen, pobreza y crimen, educación y crimen. Y la participación en programas de tratamiento tiene un impacto en la tasa de reincidencia», dice.
Una vez que la decisión de poner al individuo tras las rejas ha sido tomada, el dilema de rehabilitar o penalizar vuelve a asomarse tercamente. Y no es fácil de resolver.
En América Latina las protestas por las condiciones de vida en la cárel, como ésta ocurrida en agosto en Peru, son frecuentes.
«El sistema criminal no puede seguir siendo una forma costosa de darle un descanso a los ciudadanos de los delincuentes, antes de que vuelvan a las calles a cometer más crímenes», decía un informe oficial del Ministerio de Justicia británico en 2010.
«Desafortunadamente, yo diría que en muchos países y regiones todavía se pone el énfasis en el castigo. Incluso si discutes las condiciones de vida dentro de la prisión, te dicen que no se supone que sean bonitas. Pero esto no debería ser una condena adicional a la pérdida de libertad. Es un castigo doble», sostiene Huber.
Sea porque así fueron concebidas o porque las circunstancias han hecho de ellas «infiernos contenidos», este cuadro parece describir en buena medida el panorama de las prisiones en América Latina.
«Pero al mismo tiempo -apunta Gary Hill- hay una gran mezcla. Algunos tienen programas maravillosos de manejo de agresividad, de madres y bebés en prisión. El problema es que las sentencias se están incrementando y los países no están preparados para ofrecer alternativas a la prisión».
Para Andrea Hubber, las condiciones en prisión son clave de cara a la futura liberación de quienes han cometido un delito.
«La cárcel no va a la razón por la cual se cometió la falta. Si simplemente encierras a la gente no es sorprendente que luego no se adapten a la sociedad», añade.
Para Huber, lo más grave del asunto es que «el tema no está en la agenda internacional».
«La idea es seguir tratando el crimen con dureza. Pero, ¿está haciendo a las sociedades más seguras o sólo es un sistema increíblemente caro?», se pregunta.
