Fueron acusados de haber cargado sobrecostos al Estado a través de las licitaciones de un programa de ayudas para recién nacidos, denominado «plan Qunita».
La Justicia argentina procesó hoy al exjefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández y a los ex ministros de Salud Juan Manzur y Daniel Gollán, por un supuesto delito de fraude en perjuicio de la administración pública debido a irregularidades en un plan estatal, informaron fuentes judiciales.
El juez Claudio Bonadío dictó hoy el procesamiento de los ex altos cargos junto con otros 20 imputados, acusados de haber cargado sobrecostos al Estado a través de las licitaciones de un programa de ayudas para recién nacidos, denominado «plan Qunita».
El programa, implementado por el Ministerio de Salud argentino durante el último año de mandato de Cristina Fernández (2007-2015), supuso una inversión de 1.100 millones de pesos (unos 73,8 millones al cambio actual) para entregar a madres de bajos recursos unos 140.000 ajuares, compuestos por cuna, ropa para bebé y elementos de higiene.
Todos están procesados también por violación de los deberes de funcionario, según detalló el juez en su fallo, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).
En su dictamen, Bonadío apunta que el «perjuicio patrimonial ocasionado al Estado Nacional» se calcula en «la suma estimada de tres mil pesos por kit (201 dólares)», es decir unos 434 millones de pesos (unos 29,1 millones de dólares), en total.
El caso fue iniciado a instancias de la legisladora opositora Graciela Ocaña, que denunció supuestos sobreprecios en la compra de los elementos y la presunta falta de antecedentes de las empresas a las que se compraron los bienes.
La resolución administrativa para la compra de los productos para recién nacidos fue firmada por Aníbal Fernández, en su condición de jefe de Gabinete, y por Gollán, que había asumido la titularidad de la cartera de Salud pocos meses antes, en sustitución de Manzur, actual gobernador de la provincia de Tucumán (norte).
Para Bonadío, hubo una maniobra por parte de la Jefatura de Ministros y del Ministerio de Salud con el «objetivo» de adjudicar las licitaciones a las seis empresas ganadoras (Delta Obras y Proyectos, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela, Dromotech, Fibromad y, en especial, Fasano).
«Las seis empresas invirtieron cuantiosas sumas de dinero en miras a la realización de un negocio que, de no haberse sabido seguro, generaba el riesgo de perder, a grandes rasgos para el caso de Fasano -si sumamos las compras realizadas antes de resultar ganadora- montos cercanos a los quince millones de pesos (casi 1 millón de dólares)», apunta el juez en el fallo.
Según medios locales, gracias al plan Qunita, Fasano, que se asignó la mayor parte del la licitación, aumentó sus ventas un 15.045.833 % respecto al ejercicio anterior.
De acuerdo a la investigación, las empresas inflaron los costos de los productos -que, además, en muchas ocasiones eran de muy mala calidad- a sabiendas de que ganarían el concurso.
El juez ordenó además embargar bienes hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos en total (unos 29,5 millones de dólares), en base al perjuicio causado al Estado.
