A esta hora presta declaración en una causa que investiga presuntas irregularidades en contratos de futuros de dólar celebrados por el Banco Central argentino durante su Gobierno.
La ex presidenta argentina Cristina Fernández llegó esta mañana a los tribunales de Buenos Aires donde prestará declaración en una causa que investiga presuntas irregularidades en contratos de futuros de dólar celebrados por el Banco Central argentino durante su Gobierno.
Fernández, de 63 años y quien dejó la Presidencia en diciembre pasado tras ocho años en el poder, llegó en la noche de este lunes a la capital argentina procedente de la provincia de Santa Cruz, donde se encontraba alejada de la vida política tras dejar la Casa Rosada.
La ex mandataria se aloja en su apartamento del barrio porteño de Recoleta, donde decenas de jóvenes militantes kirchneristas montan guardia y del que Fernández salió ayer para visitar la casa de su hija, Florencia.
Allí se reunió con el ex juez supremo Eugenio Zaffaroni, quien a la salida del inmueble y consultado por la prensa sobre si será el abogado de la exjefa de Estado, respondió que «por razones estrictamente profesionales» es lo tiene que contestar Fernández.
A su regreso al departamento de Recoleta, y sin dar declaraciones, quien gobernara Argentina entre 2007 y 2015 se asomó por la ventana de su apartamento para saludar a sus seguidores y hasta se animó a bailar un poco.
La ex gobernante fue citada a prestar declaración indagatoria por el juez Claudio Bonadio, que investiga una denuncia presentada en noviembre pasado, cuando aún Fernández presidía el Ejecutivo, contra el entonces presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el resto del directorio de la autoridad monetaria.
Fernández debe someterse a las preguntas del juez, pero también tiene derecho legal a no responder o a presentar una declaración por escrito, como lo ha hecho hoy el exministro de Economía Axel Kicillof, uno de los trece convocados por el juez para ser indagados por este caso.
El caso se inició por la denuncia de parlamentarios integrantes del frente Cambiemos, liderado por el actual presidente argentino, Mauricio Macri.
Según los denunciantes, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central habría vendido dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos (por entonces, alrededor de 14 pesos por unidad).
En el auto de citación a indagatoria, Bonadio precisó que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado, se desprende que por los contratos cerrados (septiembre a diciembre 2015) el Banco Central registró una pérdida de 1.552 millones de pesos (105,5 millones de dólares).
A ello deberían sumarse las pérdidas derivadas de la ejecución de contratos entre enero y junio próximo.
En noviembre, la entonces conducción del Banco Central había asegurado en un comunicado que su intervención en el mercado de futuros se realizaba «en los términos establecidos por la normativa vigente y de acuerdo con las disposiciones de la Carta Orgánica de la institución».
«Se trata de una operatoria normal y habitual que utilizan los Bancos Centrales con un objetivo de regulación y para brindar previsibilidad en el mercado cambiario», había alegado por entonces la autoridad monetaria.
En una línea similar, Kicillof dijo hoy a los medios, tras dejar su declaración por escrito a Bonadio, que «lo que están tratando de juzgar no es materia penal, es la política económica».
«La denuncia, tanto lo que dijo el fiscal como lo que dijeron los denunciantes, ambos dijeron que era un problema del valor del dólar futuro, que no tenía que ver con cohecho y menos todavía con miembros del Ejecutivo y menos con la expresidenta», aseveró Kicillof.
El ahora diputado kirchnerista argumentó que es «perfectamente legal que el Banco Central opere en el mercado», pero sin estar obligado a ganar, pues «su objetivo, según la Carta Orgánica, es hacer política monetaria, no maximizar sus ganancias o evitar las pérdidas».
Bonadio, fuertemente cuestionado por el kirchnerismo, fue confirmado hoy al frente de la causa por la Cámara Federal al rechazar una denuncia presentada por el exmiembro del directorio del Banco Central Pedro Biscay, quien declaró el pasado 4 de abril en el marco de la misma investigación y había pedido que se apartara al juez por supuesta pérdida de imparcialidad.
