La investigación, surgida a partir de una denuncia presentada por la diputada opositora argentina Margarita Stolbizer en abril, apunta a determinar si los inmuebles que poseía la empresa fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
El fiscal federal argentino Carlos Rívolo pidió hoy investigar por presunto cohecho a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la causa que investiga la sociedad Los Sauces, participada por la exmandataria, confirmaron a Efe fuentes jurídicas.
La investigación, surgida a partir de una denuncia presentada por la diputada opositora argentina Margarita Stolbizer en abril, apunta a determinar si los inmuebles que poseía la empresa fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
Es así que Rívolo ya había acusado anteriormente a la expresidenta y a su hijo Máximo Kirchner por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
Stolbizer amplió el pasado 9 de mayo la denuncia y solicitó que se incluyera además una investigación por supuesto cohecho.
Por ello, el fiscal ahora amplió su requerimiento fiscal para incluir ese presunto delito con base en la denuncia y presentó su dictamen al juez federal en cargado del caso, Claudio Bonadio.
Además, según las fuentes, el fiscal incluyó en la acusación a los empresarios Lázaro Báez, principal adjudicatario en la provincia de Santa Cruz, bastión kirchnerista, y que está detenido en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero, y a Cristóbal López, investigado por presunto fraude al Fisco argentino y mencionados por Stolbizer en sus denuncias.
Según Stolbizer, la presunta alteración de los documentos de Los Sauces permitieron también modificar «el contenido de las declaraciones juradas presentadas» por Fernández cuando era presidenta, por lo que pidió investigar un supuesto enriquecimiento ilícito de la exmandataria.
Además, en su denuncia hace referencia al modo a su juicio «irregular» en el que a su juicio se adjudicaba la obra pública a las empresas de Báez y que «en forma paralela», Fernández «recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado».
La diputada cree también que se utilizó «la pantalla de alquileres de propiedades, entre otras operaciones comerciales».
La pasada semana, la Justicia ordenó allanar varios oficinas en Buenos Aires en búsqueda de documentación que permitiera conocer quién paga los gastos de cuatro inmuebles de Los Sauces.
Ahora, si se logran reunir elementos de prueba, el juez deberá decidir si llama o no a declaración indagatoria a la exmandataria.
Fernández está involucrada en otra causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa hotelera Hotesur, también participada por ella.
Según la Justicia, el lujoso hotel Alto Calafate, controlado por Hotesur, habría funcionado como alojamiento «fantasma» para presuntos negocios irregulares con Báez.
Además, el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar a la expresidenta en el marco de la causa por la que está detenido el empresario y que investiga un delito de lavado de activos.
Fernández aparece también acusada en una investigación por irregularidades en el Banco Central que lleva adelante Bonadio, también a cargo del caso Los Sauces.
